Toda una vida separa al Lula de 2010, cuando dijo que «la cuestión del clima es delicada porque el mundo es redondo», del Lula de 2022, que participó en la COP27, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima. Tratado en Egipto a veces como un jef de Estado, incluso antes de asumir, a veces como una estrella de rock, el presidente electo llevó a la Cumbre del Clima un discurso maduro, alineado con nuestro tiempo y con mensajes claros, duros y necesarios para fuera y dentro de Brasil.
Por supuesto, cumplir lo prometido es otra cosa. Sin embargo, incluso como invitado, y no como jefe de la delegación, Lula es el gran personaje de esta conferencia.
A partir del resultado electoral, quedó claro que Brasil volvería rápidamente a la normalidad en la diplomacia, empezando por el ámbito climático, en el que fue una referencia hasta 2018. Noruega y Alemania sólo necesitaron dos días para liberar el Fondo Amazónico, una donación destinada a acciones contra la deforestación y la valorización de la selva que fue suspendida tras los ataques del ex ministro Ricardo «pasando los bueyes» Salles. Gran parte de los mensajes de felicitación de otros líderes mundiales a la victoria de las elecciones citaban el tema.
En la COP 27, Lula respondió: «Quiero decir que Brasil ha vuelto». Con ello, prepara el regreso del país sudamericano a la mesa de los adultos, que había ocupado desde Río 92, la Conferencia de la ONU sobre Medio Ambiente en la que nació la Convención del Clima. Que se haga justicia, no haría falta mucho para derribar el negacionismo chiflado de la actual administración federal.
Pero el discurso de Lula en la COP 27 fue más allá. Al parecer, él y sus asesores han comprendido, por fin, que el debate sobre el clima es uno de los grandes «poderes blandos» del siglo y que Brasil tiene el cuchillo y el queso en la mano para tomar el timón de este barco, en lugar de quedarse atrás.
Desde la búsqueda de la deforestación y la degradación forestal cero para 2030 hasta el fomento de las energías renovables eólica y solar en el Nordeste; desde la explotación sostenible de la biodiversidad para la producción de medicamentos y cosméticos hasta la recuperación de los pastos degradados; desde la creación de un Ministerio de Pueblos Originarios hasta la afirmación de que «la lucha contra el cambio climático tendrá el más alto perfil en la estructura de mi gobierno», todo lo dicho en su discurso del miércoles, dirigido a los actores internacionales, ha sido señalado por los expertos como un camino hacia una economía baja en carbono desde hace una década. Al fin y al cabo, alguien escuchó y lo incorpora ahora como compromiso público.
Se dio un gran y precioso énfasis a la conexión entre el tema y la desigualdad social y económica, pasando por la lucha contra el hambre y los altos riesgos que recaen sobre las poblaciones más vulnerables, en Brasil y en el mundo. Este enfoque proporciona a Lula una plataforma conocida en la que puede navegar con facilidad y en la que puede incluir la agenda climática, que hasta hace poco le era todavía ajena.
Juego de reyes
Hay un paréntesis en el liderazgo político climático en el mundo. Entre el fin de la era de Angela Merkel, la deslucida actuación de Joe Biden y una guerra en Ucrania que tiene a los europeos rascándose las manos para volver a poner en marcha sus centrales de carbón, Lula tiene un amplio campo de actuación.
En Egipto, apunta en una dirección: con vistas a futuras asociaciones, se posiciona como representante del Sur global, una clasificación mitad geográfica mitad política que separa a los países ricos de los que están en vías de desarrollo. Además, al anteponer las personas a los números, se diferencia en una conferencia dirigida por tecnócratas e inundada de grupos de presión petroleros y representantes del sector privado.
Lula comienza a construir un camino para los próximos años anunciando la primera edición de una cumbre de los países panamazónicos, que se celebrará preferentemente el año que viene, y ofreciendo a Brasil como sede de la COP 30 en 2025. Si a eso se le suma la presidencia del G20, en 2024, hay suficiente espacio destacado en su mandato para que el futuro presidente mantenga su exposición alta.
El grupo del Sur es continuamente dejado de lado en los debates sobre el clima, y este año no es diferente. Históricamente es menos responsable del cambio climático que las naciones desarrolladas; sin embargo, alberga a la población más vulnerable a los fenómenos extremos, cada vez más frecuentes e intensos.
En su discurso, el Presidente electo fue directo al grano: «En 2009, los países presentes en la COP15 de Copenhague se comprometieron a movilizar 100.000 millones de dólares al año, a partir de 2020, para ayudar a los países menos desarrollados a hacer frente al cambio climático. Ese compromiso no se ha cumplido ni se está cumpliendo».
Él lo sabe; estuvo allí. En su momento, el anuncio voluntario de objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para Brasil, un país emergente, contribuyó a crear el desconcierto necesario para que los ricos aceptaran crear el fondo.
Además de esta promesa incumplida, otra gran frustración entre las naciones menos desarrolladas es la falta de avances significativos en la agenda de daños. A grandes rasgos, se trata de apoyar con recursos financieros y transferencia de tecnología a los que más necesitan ayuda para resistir los embates.
Este sería el caso reciente de Pakistán. En agosto, las inundaciones dejaron 1.500 muertos, devastaron las infraestructuras y la producción rural en parte del país y afectaron a 33 millones de personas. Situaciones como ésta son cada vez más frecuentes, lo que demuestra la urgencia del fondo de compensación; sin embargo, su creación se pierde en cuestiones de procedimiento.
«No he vuelto para hacer lo mismo que ya había hecho, he vuelto para hacer más. Por lo tanto, esperen un Lula mucho más exigente, para que podamos hacer que el mundo sea efectivamente más justo y mejor humanamente para todos nosotros», dijo el brasileño en la COP27.
El mensaje resonó con fuerza entre el público internacional cansado de hablar con las paredes. Pero, al igual que en un matrimonio, los problemas financieros pueden hacer implosionar a las parejas más apasionadas después de la luna de miel.
Incluso los que más pagan, como algunos países europeos, deben ser más ambiciosos. Otras grandes economías, como la estadounidense, aportan píldoras de dinero aquí y allá, pero sin un compromiso continuado. Entre los países del Sur, hay varios productores de carbón, petróleo y gas que luchan por mantener sus divisas, incluso cuando las peores consecuencias del cambio climático caen sobre ellos, como la propia India y Pakistán.
Convencer a sus homólogos del Norte global de que cumplan su promesa, al tiempo que tratan con un Sur global fragmentado en discurso e intenciones, será una prueba de fuego no sólo para el carisma de Lula, sino también para la diplomacia brasileña en los próximos años. Y para que estos países vuelvan a escuchar a Brasil, primero hay que reconducir la agenda climática en casa.
Piezas sueltas
Unas horas antes de su discurso, Lula participó en un acto con el Consorcio Legal de Amazonia en la misma COP 27, donde recibió una carta de los nueve gobernadores de la región instando a una asociación con la esfera federal para el desarrollo sostenible. En un legado de cuatro años de Bolsonaro, los estados ocuparon un espacio de interlocución internacional sobre la Amazonía, mientras el gobierno nacional jugaba en contra de su preservación y del combate al cambio climático. En la reunión, el presidente electo no sólo agradeció el pedido sino que buscó limar asperezas con los miembros del consorcio alineado con Bolsonaro, diciendo que una vez pasadas las elecciones buscará alianzas con todos, incluidos los alcaldes.
Este movimiento será sometido a una gran prueba en el primer año del nuevo mandato de Lula. El bolsonarismo es ostensible en varios estados de la región. Los gobernadores reelegidos de Acre, Gladson Cameli (PP); Amazonas, Wilson Lima (União Brasil); Mato Grosso, Mauro Mendes (União Brasil); Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos); Rondônia, Coronel Marcos Rocha (União Brasil); y Roraima, Antonio Denarium (PP), han apoyado a Bolsonaro. Por mucho que algunos señalen ya una tendencia al diálogo, cuentan con el apoyo de una base rural que prefiere el desgobierno puesto en bandeja por el actual jefe del Ejecutivo federal.
La ausencia del Estado, el estrangulamiento de las inspecciones medioambientales y las palmaditas en la espalda de los madereros, grileiros y mineros ilegales que dan tanto el presidente como sus secuaces han hecho que la deforestación vuelva a explotar en la Amazonia. Entre agosto de 2018 y julio de 2021, la deforestación creció un 73%. En 2021, las emisiones de gases de efecto invernadero de Brasil registraron el mayor aumento en diecinueve años.
La deforestación y los incendios forestales son la principal fuente de emisiones de Brasil, por lo que mostrar el servicio en casa empieza necesariamente por aquí. Desde la campaña, Lula ha dicho que va a abordar la cuestión de frente, y no sólo en la Amazonia -una excelente señal, dado que biomas igualmente importantes desde el punto de vista climático, hídrico y de la biodiversidad sufren igualmente, como el Cerrado (sabana) y los humedales del Pantanal.
El presidente electo, así como las ex ministras de Medio Ambiente Marina Silva e Izabella Teixeira, han repetido que Brasil ya se enfrentó a un reto similar y logró reducir la deforestación en la Amazonia en un 67% durante los ocho años anteriores de la presidencia de Lula, y con un aumento de la producción agrícola y ganadera.
De hecho, ya no es un secreto cómo romper el sistema de tala ilegal, seguido de la quema del bosque. Acciones fuertes y ostensivas de comando y control, programas consistentes de embargos y multas a los infractores, con vías de conciliación y conversión en acciones ambientales para quienes buscan la legalización, así como el fomento de actividades agrícolas, ganaderas y forestales sostenibles, incluso con líneas de crédito para grandes, medianos y pequeños productores, dan resultados. La parte de la agroindustria que ve un negocio bueno y limpio tiende a adaptarse rápidamente, a pesar de cierta resistencia inicial. La senadora y ex candidata presidencial Simone Tebet (MDB), que hizo campaña por Lula en la segunda vuelta, tiene el potencial de ser un exponente del agronegocio más abierto al debate climático.
Sin embargo, el escenario al que se enfrentarán Lula y quien se quede en el Ministerio de Medio Ambiente es sustancialmente diferente al del primer mandato del PT en Brasilia. Además de la resistencia política incrustada en un sector más retrógrado del agronegocio, que se mueve alimentado por pellizcos de teorías conspirativas negacionistas, racismo contra los indígenas y otras poblaciones tradicionales y préstamos y subsidios no siempre vinculados a las buenas prácticas socioambientales, parte de la ilegalidad que se da en el campo está intrínsecamente relacionada con otros delitos.
La tala ilegal, la pesca y la extracción de madera ilegales, la minería, el narcotráfico, el blanqueo de dinero y la corrupción forman hoy una red con múltiples conexiones en la Amazonia. Aunque no son nuevos, se han fortalecido desde que el Estado brasileño redujo su impacto de supervisión en la región y no se dio cuenta de las consecuencias.
Para desarticular este sistema será necesario algo más que helicópteros y la quema de tractores utilizados en estas actividades; se requiere la integración entre las diferentes fuerzas de seguridad -incluyendo el Ibama, la Policía Federal, las Fuerzas Armadas y los grupos estatales- en todo el proceso, desde la inteligencia hasta los actos reales.
Además de la evidente complejidad de desmantelar semejantes entramados delictivos, y por mucho que haya servidores sedientos de ir al campo y hacer que las cosas sucedan en todos los organismos gubernamentales, primero habrá que superar una desconfianza mutua interna alimentada en los últimos cuatro años por la constante fricción ideológica del bolsonarismo.
Reconstruyendo
Otros retos serán de tipo normativo y presupuestario. Al igual que ha ocurrido en otros sectores, el área ambiental ha sido troceada desde dentro durante el gobierno de Bolsonaro, en un sistema que la magistrada del STF Cármen Lúcia calificó de «cupinización institucional». Se suspendieron o flexibilizaron varios instrumentos legales fundamentales para avanzar en la agenda climática; los recursos se volvieron escasos o se congelaron. Reconstruir lo que ha sido destruido debe ser una de las primeras acciones de este mandato.
En una reunión con la sociedad civil presente en su último día en la COP27, Lula incluyó las acciones contra la deforestación en el ya anunciado incumplimiento del techo de gasto en caso de acciones de interés social. El agujero puede ser menor si el Congreso Nacional aprueba la retirada de las contribuciones internacionales para fines ambientales específicos, como es el caso del fondo de adaptación que Lula quiere cobrar en el ámbito internacional. El Fondo de la Amazonia, que hoy tiene 3.200 millones de reales congelados, también se incluiría en este grupo – incluso el actual vicepresidente, el general Hamilton Mourão, ha buscado esta solución.
Por último, hay que afrontar otro reto: la historia del PT en el ámbito medioambiental. Hubo grandes avances, de hecho, en los catorce años en los que el partido estuvo en el poder, empezando por el ya mencionado éxito en el control de la deforestación en el Amazonas y la primera subasta de fuentes de energía eólica. Pero también hubo acciones notorias que jugaron en contra de la agenda climática brasileña. La construcción de la presa hidroeléctrica de Belo Monte, técnicamente injustificada y con inmensos pasivos socioambientales; el afán desarrollista ligado a la explotación del presal con poco debate sobre una transición energética hacia otras fuentes renovables; la aprobación del nuevo Código Forestal, que amnistió la deforestación ilegal y debilitó la principal ley ambiental brasileña, son ejemplos aún vivos de lo que ocurre cuando los números se anteponen a los impactos.
Lula tendrá que ser, en suelo nacional, el líder del pueblo real que vendió en la COP27, dando a la seguridad alimentaria, hídrica y medioambiental el mismo grado de importancia que al crecimiento económico con equilibrio fiscal. Este es uno de los grandes retos de los líderes de este siglo: equilibrar las necesidades con vistas no sólo al presente, sino a un futuro que él mismo no disfrutará.
Sólo faltan cuatro años para que el presidente electo decida qué legado dejará al clima y a la historia. Pero, maldita sea, qué bueno es volver a hablar de esto en Brasil.
*Cristina Amorim es periodista especialista en cuestiones ambientales.
Este artículo fue publicado por Revista Piauí.
FOTO DE PORTADA: Oliver Kornblihtt, Mídia Ninja.
