La arrogancia con la que suelen manejarse, y el desprecio por el pueblo, jamás los llevó a imaginar que este, retornaría al gobierno, desmontando el golpe en las calles e instalando electoralmente, y por una considerable mayoría, un gobierno popular que continuaría con el proceso de cambio.
Gobierno popular que tuvo que cargar sobre sus espaldas el peso de la pandemia y el quebranto económico que dejó la corrupción multipartidaria de quienes integraron esa banda de saqueadores, de los cuales algunos están presos, otros fugados, por el momento, y otros impunes como el golpista Luis Fernando Camacho.
Apenas el gobierno de Lucho Arce comenzó a mostrar el rumbo para la recuperación, la horda criminal travestida en partidos políticos, en muchos casos insertada en la institucionalidad democrática vapuleada en cientos de oportunidades por estos sujetos, comenzó a minar el camino hacia la estabilización económica y la recomposición social.
Para esta fecha en el año 2021, el Gobierno tuvo que dar marcha atrás con una ley fundamental para el reordenamiento político, social y económico, como la Ley 1386, herramienta fundamental para la “Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo”, ya que la oposición generó una campaña de desinformación a través de los medios de comunicación y las redes sociales, organizando paros y bloqueos en algunas regiones del país, dividiendo a la sociedad con sus manipulaciones y empoderando a los desgastados promotores del golpe de Estado contra Evo Morales, Carlos Mesa, Samuel Doria Medina, Luis Camacho y Rómulo Calvo como líderes de los reclamos sociales.
Así comenzaba el gobierno el año 2022 con un entramado golpista dispuesto a impedir el proceso de cambio y acumular fuerzas para volver a arremeter contra el pueblo, con un objetivo claro, forzar como sea la renuncia de Luís Arce y el llamado a elecciones anticipadas.
Necesitan del caos y para ello azuzan conflictos gremiales, sociales o regionales, en función de demostrar que el gobierno no puede conducir los destinos del país, concretar sus promesas de campaña y avanzar sobre los intereses estratégicos, tanto de las multinacionales extranjeras, como de los sectores concentrados de la economía boliviana.
En el año 2022 debía realizarse el Censo Nacional de Población y Vivienda, precisamente el 16 de noviembre de este año, pero ante observaciones técnicas y presupuestarias, el gobierno decidió a través del Decreto Supremo 4760, emitido en el mes de julio, postergar la realización del evento hasta el primer semestre de 2024 para que se realice «con los más altos estándares».
Ante este hecho, el Censo pasó a ser la nueva bandera para la desestabilización a manos de la derecha, encarnada en la figura del golpista gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho y al que se fueron uniendo el ex presidente Carlos Mesa, el empresario Samuel Doria Medina, y el presidente del Comité Interinstitucional, Vicente Cuellar junto al dirigente cruceño Rómulo Calvo.
¿Cómo encaja la desesperación de la oposición por la realización urgente del Censo con sus planes desestabilizadores y destituyentes?
Según el parágrafo V del artículo 146 de la Constitución Política del Estado Plurinacional: “La distribución del total de escaños entre los departamentos se determinará por el Órgano Electoral en base al número de habitantes de cada uno de ellos, de acuerdo al último Censo Nacional, de acuerdo a la Ley. Por equidad la ley asignará un número de escaños mínimo a los departamentos con menor población y menor grado de desarrollo económico. Si la distribución de escaños para cualquier departamento resultare impar, se dará preferencia a la asignación de escaños uninominales”.
Santa Cruz alcanzó un significativo crecimiento demográfico de 800.000 habitantes desde el Censo 2012, su población es joven, cerca del 60% no llega a los 30 años.
También Santa Cruz aporta el 30% al PIB de Bolivia, sumando 12.355 millones de dólares en 2021, cuando creció un 5,7%., o sea si el Censo se hiciera en este escenario, esta gobernación tendría la posibilidad de obtener una mayor cantidad de escaños.
Otro elemento a tener en cuenta y que es de suma importancia, es que la Ley Marco de Autonomías establece en su disposición transitoria tercera que, los recursos de coparticipación tributaria se “distribuirán de acuerdo al número de habitantes de la jurisdicción de la entidad territorial autónoma, en función a los datos del último Censo Nacional de Población y Vivienda”.
Se trata de las transferencias desde la administración del Estado, equivalente al veinte por ciento (20%) en el caso de las entidades territoriales autónomas (gobernaciones y municipios) y el 5 por ciento (5%) a las universidades públicas. Estos recursos provienen de la recaudación en efectivo del Impuesto al Valor Agregado, el Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, el Impuesto a las Transacciones, el Impuesto a los Consumos Específicos, el Gravamen Aduanero, el Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes y el Impuesto a las Salidas al Exterior.
No es casual que Camacho en una entrevista realizada hace pocos días a un medio local volviera a insistir en el federalismo como única solución a la “fisura que viene desde la fundación de la República”.
En las últimas elecciones de los 36 escaños para Senadores el MAS-IPSP sacó 21- Comunidad Ciudadana CC (Mesa)- 11 y Creemos (Camacho) 4. Cámara de Diputados, de los 130 escaños, el MAS-IPSP sacó 75- Comunidad Ciudadana CC (Mesa)- 39 y Creemos (Camacho) 16
A todo esto, ante la resistencia de estos sectores a acatar la fecha propuesta, el gobierno convocó a la instalación, en la ciudad de Trinidad, Beni, de una Comisión Técnica para establecer la fecha definitiva del Censo de Población y Vivienda en el país, con la presencia de algo más de 50 especialistas, cuyos resultados serían vinculantes y de la cual participarían 41 representantes de todo el país.
De esta Comisión Técnica, diseñada por el Encuentro Plurinacional por un Censo con Consenso, que fue inaugurada, e instalada por el presidente Luis Arce, se retiraron 5 representantes y 36 se quedaron, es decir, más del 80%, que, al concluir su trabajo, decidieron que el Censo se realizara en marzo 2024, 8 semanas de diferencia con la realización planteada por la oposición para el año 2023.
Pero para dejar más claro el trasfondo de la negativa de la oposición golpista es importante tener en cuenta las declaraciones del titular del Comité Cívico cruceño, Rómulo Calvo, quien declaró a la cadena estadounidense CNN que después de la demanda del “Censo en 2023 sí o sí”, se pasará a la exigencia de la renuncia del mandatario Arce.
El domingo 13 se realizó un cabildo en Santa Cruz en el que se exigió que el censo sea en 2023 y se dio al gobierno 72 horas para que liberen a los detenidos y que la fecha del censo sea puesta en una ley, entre otras determinaciones.
Comunidad Ciudadana (CC), fuerza que lidera Carlos Mesa, indicó este lunes que presentará ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que propone que el censo sea en octubre de 2023 para tener los resultados finales en el primer semestre de 2024, pese a que el Gobierno ya determinó la fecha para marzo de 2024.
Como vemos, este acto unilateral planteado por la oposición de Santa Cruz, que desconoce lo actuado por los integrantes de la Mesa Técnica y el gobierno, más allá de cualquier excusa, no tiene otro objetivo que no sea la desestabilización del gobierno y el acortamiento del mandato presidencial de Lucho Arce.
De concretarse la misma, lo que se espera es que el vicepresidente David Choquehuanca asuma la conducción del Estado Plurinacional con la única tarea, por mandato de la Constitución Política del Estado, de convocar elecciones dentro del plazo de noventa días.
El 15 de noviembre se cumplieron tres años de las masacres de Senkata y Sacaba, y con la memoria fresca por el saldo criminal de aquel golpe de Estado de 2019-2020, el pueblo boliviano tiene que soportar esta nueva aventura golpista que ya ha generado cuatro muertos, 178 heridos, violación grupal en puestos de control y 720 millones de dólares en pérdidas, entre otras atrocidades fascistas que aumentan cada día, convirtiendo a Santa Cruz en un Estado paramilitar.
Luis Arce fue elegido presidente de Bolivia en primera vuelta, por el Movimiento al Socialismo (MAS-IPSP), con el 55,11 % de los votos.
El Movimiento al Socialismo obtuvo el 54,73 % de los votos en la cámara de senadores y diputados plurinominales y el 53,72 % de los votos para diputados uninominales.
Es fundamental que antes de que siga ahondándose la desazón popular ante esta notoria escalada golpista, el gobierno y el MAS-IPSP, junto a las centrales obreras y movimientos sociales, hagan cumplir la voluntad popular y la democracia.
El triunfo de la prepotencia fascista es inadmisible e intolerable. Como lo manifestara El Libertador Simón Bolívar “Basilar es perdernos”
Oscar Rotundo* Analista político y editor del equipo de PIA Global
Esta nota ha sido publicada en ingles por el portal United World International/Uwidata
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