Ante las dificultades para avanzar con el gasoducto MidCat por la negativa del ejecutivo francés, el Gobierno de España ha forzado un plan B: una nueva interconexión gasista con Francia, esta vez atravesando el fondo marino. Todavía no nos había dado tiempo a celebrar la victoria del descarte definitivo del MidCat. Por una vez, la postura de Francia parecía que estaba alineada con las posiciones ecologistas y de la sociedad civil. Sin embargo, el pasado 20 de octubre los presidentes francés, luso y del Estado español anunciaban un acuerdo de intención para la construcción de un gasoducto que conectaría Barcelona y Marsella (BarMar) a través del Mediterráneo.
Como si de un juego de la oca se tratara, parece que los políticos europeos tiran los dados al azar para decidir el destino energético de la Unión Europea. Hace unos años fue el Nord Stream II, ayer el MidCat, hoy el BarMar y mañana, tal vez, el gasoducto Barcelona-Livorno. De gasoducto en gasoducto y tiro porque me toca. Esperemos no caer en el laberinto del popular juego y repetir los errores de la política alemana en materia de energía, es decir, aumentar la dependencia del exterior y desaprovechar una oportunidad para ganar soberanía energética gracias a las energías renovables en manos de la ciudadanía.
Como resulta que no es el azar el que está detrás de estos proyectos sino el interés de las empresas gasistas y los fondos de inversión internacionales, cabe hacerse alguna pregunta: ¿realmente tiene relevancia social este gasoducto para los retos que afrontamos?
A diferencia del MidCat, este nuevo proyecto, promocionado como “corredor verde”, estará diseñado para transportar hidrógeno. Este vector energético es una de las grandes apuestas de la Comisión Europea. Sin embargo, además de que el papel del hidrógeno en la transición energética ha sido seriamente cuestionado, es discutible que el gasoducto BarMar sea incluso la mejor forma de transportarlo. Como señala Ismael Morales, de la Fundación Renovables, y otras muchas expertas en hidrógeno, es mucho más eficiente producir el hidrógeno a demanda directamente en los puntos de consumo a partir de electricidad. Transportar hidrógeno es un proceso que requiere de infraestructuras mucho más costosas, menos eficientes y, todavía, con enormes retos técnicos. Esta vía requeriría además adaptar kilómetros y kilómetros de gasoductos más allá de Marsella hasta los lugares de consumo, en vez de aprovechar el tendido eléctrico ya existente.
Ecologistas en Acción, junto con otras organizaciones, han advertido de que este nuevo proyecto puede ser un caballo de Troya para anclarnos aún más al gas fósil. A las limitaciones técnicas, se le suma el hecho de que esta infraestructura está en primer lugar pensada para transportar gas. Solo a partir de 2030 podría llevar hidrógeno.
Dadas las limitaciones expuestas y el hecho de que el gas fósil debe ir desapareciendo progresivamente, existen motivos para plantearse si este gasoducto es realmente necesario de cara a combatir la crisis climática. Nos devuelve a la misma situación que planteaba el MidCat: la injustificada expansión de las infraestructuras de combustibles fósiles como supuesta respuesta a la crisis energética. A este respecto y a la luz de las fugas de metano en los dos Nord Stream, y las encontradas recientemente en la red gasista del Estado español, surgen más motivos para desconfiar de operadores como Enagás, la empresa que se encuentra tras estos proyectos faraónicos.
Emisiones de metano: un problema escondido ahora al descubierto
Más allá del debate sobre su autoría, el sabotaje de los gasoductos Nord Stream I y II ha puesto sobre aviso a la comunidad científica y tensiona la política energética europea. La liberación sin obstáculos de grandes cantidades de metano directamente a la atmósfera apremia a realizar estimaciones del daño ecológico.
Salta a la vista la total impotencia de las autoridades ante un vertido de estas características. El contexto bélico en el que se ha producido parece invisibilizar el hecho de que no se disponía de un plan de emergencia para contener unas fugas que duraron días. Esto vuelve a resaltar la impunidad de la que ha disfrutado la industria fósil durante décadas.
Gracias a recientes estudios en la Unión Europea (UE), se han destapado las fugas de metano que las grandes empresas energéticas habían estado escondiendo. Esta situación requiere ser tratada con urgencia. Hay que recordar que el metano (CH4), principal componente del gas que aún utilizamos como combustible, tiene un potencial para aumentar el calentamiento global entre 84 y 86 veces superior al CO2 en un periodo de 20 años. Además, contribuye a la formación de ozono terrestre,y puede afectar a las poblaciones cercanas a las fugas. Este tipo de ozono causa en la UE decenas de miles de muertes prematuras por problemas respiratorios y enfermedades cardiovasculares cada año.
Asimismo, en julio de 2022, Ecologistas en Acción salió a la caza de fugas de metano en las infraestructuras del sistema energético en el Estado español. Activistas recorrieron el sistema de transporte de gas del norte de la península, además de visitar un yacimiento de petróleo abandonado. Esta delegación pasó por el País Vasco, La Rioja, Cantabria, Asturias y Castilla y León. De las 21 infraestructuras visitadas, en diez se observaron fugas de metano significativas. Por ejemplo, la situación del centro de transporte de Vitoria-Gasteiz es especialmente preocupante, ya que recoge algunos de los mayores eventos de emisiones documentados en este tipo de emplazamientos en toda Europa. Válvulas, tuberías y medidores oxidados o en mal estado permitían que el metano se escapase.
En la estación visitada en Durango, la irresponsabilidad de la empresa era más deliberada si cabe. Las cámaras especiales utilizadas encontraron evidencia de la práctica del venteo en frío. Normalmente, para aligerar la presión del sistema en infraestructuras como esta, se libera parte del gas quemándolo para que lo haga en forma de CO2, un mal menor cuando la alternativa es expulsar metano. Pero a veces las empresas operadoras realizan el venteo sin combustión, soltando este potente gas de efecto invernadero directo a la atmósfera. Esta forma de actuar debería estar prohibida y controlada.
Otro dato a tener en cuenta es que estas estaciones, propiedad de Enagás, eran centros de transporte, piezas clave en el mantenimiento y control de la red gasista. Si se observa este modus operandi en infraestructuras relativamente frecuentadas por empleados de Enagás debido a su importancia, es legítimo preguntarse qué podría estar sucediendo en otras zonas menos transitadas, en los kilómetros de tuberías y gasoductos que recorren el Estado. Las mismas sospechas deberían extenderse a los nuevos proyectos que se están poniendo sobre la mesa, como son los gasoductos submarinos BarMar y Barcelona-Livorno (Italia), ambos impulsados por Enagás.
Hay un motivo adicional para no confiar en la forma de proceder de esta empresa, que cuenta con el fondo de inversiones BlackRock como principal accionista. El caos generado por la invasión de Ucrania y las sanciones económicas a Rusia han facilitado que el plan de la Comisión Europea para sustituir los combustibles fósiles rusos, el REPowerEU, rebaje los estándares ambientales. Específicamente exime a estos nuevos proyectos gasistas de la obligación de evitar daños ambientales significativos y de que se realicen evaluaciones de impacto climático. Seguir confiando en la buena voluntad de estas grandes empresas, sin contar aún con un marco normativo robusto en materia de fugas de metano, puede ser una apuesta muy arriesgada.
La UE no puede desaprovechar su mejor oportunidad para frenar el ritmo del calentamiento global
En el contexto en el que nos encontramos, llama la atención la completa negligencia de gobiernos y empresas a este respecto. Cuando se han realizado esfuerzos por controlar las emisiones, el equipamiento inapropiado de los operarios de las empresas ha permitido que se les pasaran por alto importantes fugas que, además de los impactos ambientales, suponen un auténtico despilfarro del “preciado” (y caro) gas fósil. Teniendo esto en cuenta, y lo accesibles que son las medidas disponibles para controlar este tipo de fugas, parece que las grandes empresas como Enagás están mandando un mensaje: no moverán un dedo hasta que haya controles externos y exista el riesgo de ser sancionadas.
La UE sigue sin tener un marco normativo robusto para limitar las emisiones de metano del sector energético. Con ello se está desaprovechando una de las mayores oportunidades para ralentizar la crisis climática. El IPCC estima que la reducción de la contaminación por metano en un 45% para 2030 podría evitar un calentamiento de 0,3°C en las próximas tres décadas. Cuando se trata de la crisis climática cada décima de grado es importante.
La lucha contra las emisiones de metano en la industria del gas y el petróleo no es una ciencia espacial. Todas las tecnologías necesarias son rentables y están probadas en el mercado, pero dependemos de la buena voluntad de las empresas, lo que hasta ahora ha sido insuficiente. Se necesita una normativa que garantice la aplicación en toda la UE y también en sus importaciones. Estas últimas representan más del 80% del consumo de petróleo y gas de la Unión Europea. Por ello, la gran mayoría de sus emisiones de metano se producen fuera de sus fronteras.
La normativa debería exigir inspecciones mensuales de las instalaciones para comprobar la existencia de fugas, pautas para los equipos modernos y marcos sólidos para recoger y compartir datos sobre las emisiones.
En diciembre, la Comisión Europea propuso la primera legislación continental para regular las emisiones de metano en la industria del gas y el petróleo. Sin embargo, los poderosos grupos de presión de las empresas de combustibles fósiles han conseguido diluir algunas partes de la legislación. En varias ocasiones se ha alertado sobre esta influencia indebida a principios de año, cuando se publicaron los primeros informes sobre las enmiendas a la propuesta. Pero ningún Estado miembro ha dado prioridad a la cuestión en su paso por el Consejo de la Unión Europea, por lo que el problema no ha hecho más que empeorar.
Nos encontramos, en definitiva, en un momento delicado, marcado por el doble intento de la industria fósil por aprovechar la confusión actual para expandir sus infraestructuras y evitar cualquier responsabilidad. No podemos permitir que sus esfuerzos por mantener el viejo modelo de negocio prosperen. Están en juego los objetivos de descarbonización y una verdadera soberanía energética basada en la justicia social.
*Marina Gros y Pablo Sallabera forman parte de Ecologistas en Acción.
Artículo publicado originalmente en Contexto.es
Foto de portada: Tanques de gas natural licuado de la empresa Enagás en el puerto de Barcelona.WAMITO | WIKIMEDIA COMMONS.
