Para los expertos, una institución se mide por sus resultados y en el caso de la Guardia Nacional, aunque apenas tiene poco más de tres años en tareas de seguridad, ya se puede hacer una evaluación, misma en la que sus resultados son escasos.
A pesar de contar con más de 115,000 elementos, es una institución que hace una tercera parte de las detenciones que realizaba la extinta Policía Federal; en promedio, aprehende a una persona al mes, «producto de procesos de investigación», y puso a disposición ante el Ministerio Público Federal a 50 personas por acusaciones relacionadas con delitos de delincuencia organizada. Desde su despliegue, tampoco se ha logrado que los homicidios dolosos cedan, además de que se han presentado más de 1,000 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos.
Especialistas consultados por Expansión Política explican que la falta de resultados de la Guardia Nacional se explica en su origen: es una institución conformada en 80% por militares, quienes no están capacitados para tareas de seguridad pública, y porque ese cuerpo de seguridad no está contemplado por el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que no le permite involucrarse en la realización del Informe Policial Homologado (IPH), clave en cualquier proceso penal.
“La Guardia Nacional que está compuesta en su mayoría por militares quienes no están capacitados para realizar funciones de seguridad pública porque el Ejercito tiene como principal tarea encargarse de la seguridad nacional. En tiempos de paz corresponde a las autoridades civiles de la seguridad pública. El problema es de origen, está en su composición porque tienes a militares dentro de una corporación que fue confeccionada de carácter civil, pero que difícilmente pueden tener injerencia en aspectos de seguridad pública”, explica Juan Carlos Piña, especialista en seguridad pública y profesor de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, campus Querétaro.
Al considerar que la Policía Federal estaba “descompuesta” , el presidente Andrés Manuel López Obrador impulsó la creación de una nueva corporación para encargarse de la seguridad pública: la Guardia Nacional, que a la postre se convertiría en una a de las piedras angulares de su estrategia de seguridad. Para su conformación fue necesario recurrir a las Fuerzas Armadas. El 30 de junio de 2019 el presidente López Obrador dio el banderazo de salida al despliegue de alrededor de 70,000 elementos; a más de tres años, su estado de fuerza es 118,188, de los que el 65% son militares, 15% de la Marina y 20% exintegrantes de la Policía Federal.
La dispersión elementos de la Guardia Nacional prácticamente no ha impactado en la disminución de la violencia del país. Antes de su creación y despliegue, el país registraba en promedio 100 homicidios diarios como ocurrió en 2018, el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto. En 2020, cuando la Guardia Nacional ya tenía un año operando, los homicidios dolosos se mantuvieron exactamente en un promedio de 100 por día. En 2021, con dos años de operación, ese delito se ubicó en 97.6.
En detenciones, tampoco los resultados han llegado. Ricardo Márquez Blas, experto en seguridad pública y autor del estudio «México: Seguridad, Violencia y Futuro en Crisis”, afirma que a pesar de su dimensión, la Guardia Nacional realiza menos detenciones que las que hacía la Policía Federal.
“La Policía Federal, con una tercera parte de los elementos que tiene la Guardia Nacional, hacía tres veces más detenciones que las que hace la Guardia Nacional, o si se quiere ver de otro modo, la Guardia Nacional, con tres veces el tamaño de la Policía Federal, hace una tercera de las detenciones que hacía la anterior policía”, sostiene.
En 2018, la Policía Federal con 37,297 elementos reportó la detención de 21,702 personas ; en contraparte, en 2020 con 96,358 elementos, la Guardia Nacional puso a disposición a 7,419 probables responsables de hechos delictivos.
“Si en términos de eficiencia operacional ya era preocupante que en promedio 1.7 elementos de la Policía Federal hicieran una sola detención en todo un año, que la Guardia Nacional registre una detención al año por cada 13 de sus elementos es para ruborizar hasta al menos exigente”, refiere el experto en seguridad pública.
Durante el Inter.MX Summit Expansión 2022,el senador Emilio Álvarez Icaza, refirió que la Guardia Nacional es una institución que no hace labores de inteligencia o al menos así lo demuestran sus números.
“Los números de evaluación de la Guardia Nacional son de alarma. Producto de labores de investigación, la Guardia Nacional detuvo a 14 personas, uno por mes en números redondos. Segundo, la Guardia Nacional presentó al Ministerio Público Federal por acusaciones relacionadas con delitos con delincuencia organizada 50 personas, es decir, ni uno por semana. La Guardia Nacional tiene el 20% de capacidad de fuerza de las policías del país, pero contribuyó con el 1.9% de las detenciones”, explicó el legislador.
Blanca Ivonne Olvera Lezama, catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y autora de los libros Ley de la Guardia Nacional 2019, Ley de la Guardia Nacional y su reglamentación 2019 y El uso legítimo de la fuerza, explica que la Guardia Nacional no está contemplada en el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que dificulta su labor en la seguridad pública.
Precisa que hoy la Guardia Nacional participa en tareas de seguridad e investigación de los delitos, en la obtención de pruebas que pueden derivar en una responsabilidad penal. Como parte del proceso, se debe hacer del conocimiento del Ministerio Público por qué cargos se está investigando a alguien para lo que se recurre al Informe Policial Homologado (IPH), el cual es exclusivo de policías, pero no contempla a la Guardia Nacional.
“El Informe Policial Homologado es el que usa el Ministerio Público para abrir una investigación, porque no la puede abrir sin ese informe. Si un Guardia Nacional levanta una denuncia ¿está actuando conforme al debido proceso? No, porque él no está contemplado en el Código Nacional de Procedimientos Penales”, afirma la investigadora.
El artículo 132 del Código establece que es una facultad de la policía: “emitir el informe policial y demás documentos, de conformidad con las disposiciones aplicables. Para tal efecto se podrá apoyar en los conocimientos que resulten necesarios, sin que ello tenga el carácter de informes periciales”, pero no se incluye a Guardias Nacionales ni a militares.
“El artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales tuvo que incluir al Guardia Nacional, el artículo 132 se debió reformar en donde dice obligaciones del policía y poner del guardia nacional, porque solo contempla las obligaciones del policía y no del guardia”, refiere.
En el Protocolo Nacional de Actuación de Primer Respondiente, pasa una situación similar, pues solo se refiere a la competencia de los policías y no de los guardias nacionales.
En la Constitución, la Guardia Nacional está establecida como la institución encargada de la seguridad pública, pero su actuación debe apegarse a la norma, la cual no la contempla.
“Tanto el Protocolo Nacional de Actuación de Primer Respondiente como el Informe Policial Homologado y el Código Nacional de Procedimientos Penales no han incluido a la Guardia Nacional”, explica.
Si no se reforma, la actuación de la Guardia Nacional en investigación y persecución del delito estaría fuera del debido proceso.
“Si lo hace, cuando llega ante el Ministerio Público, se puede dar seguimiento, pero si llega un abogado de un presunto delincuente dice me estás violando el debido proceso, por eso es que luego se ve una puerta giratoria”, refiere.
¿En qué se ocupa la Guardia Nacional?
Si bien se trata de una corporación que tiene como propósito principal realizar funciones de seguridad pública a cargo de la federación y colaborar temporalmente con las tareas de seguridad pública que corresponden a los estados y municipios, esta institución también se ocupa de brindar apoyos para la dispersión de diversos programas sociales y para el traslado de fertilizantes.
Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, informó que entre el 1 de enero y el pasado 20 de septiembre 85,069 elementos de esa corporación coadyuvaron con la Secretaría de Bienestar para la entrega de programas sociales como becas “Benito Juárez”, pensión para adultos mayores, pensión para personas con discapacidad y ayudas para madres trabajadoras.
En el traslado de fertilizantes, la Guardia Nacional ha proporcionado apoyos de seguridad a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a 6,732 viajes en los que se trasportaron 260,717 toneladas.
Desde su creación, en 2019, la Guardia Nacional se ha ubicado entre las 10 instituciones contra las más quejas por presuntas violaciones de derechos humanos se han interpuesto. De acuerdo con el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos ha recibido 1,130 quejas por presuntos actos de tortura, uso desproporcionado de la fuerza, detenciones arbitrarias, intimidación, entre otras posibles violaciones.
Una Guardia Nacional que crece en recursos económicos
En sus tres años de operación, la Guardia Nacional ha tenido más de 121,000 millones de pesos como presupuesto. En su primer año, adscrita a la Secretaría de la Seguridad Pública, tuvo recursos por 922 millones de pesos; en 2020 se le aprobaron 21,731 mdp; en 2021 fueron 35,671 mdp, y para 2022 su presupuesto alcanzó los 62,825 mdp.
Este año, las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional tienen el segundo presupuesto más grande de la administración pública: 204,683 millones 476,437 pesos, sólo detrás de los recursos que se destinan a la pensión de adultos mayores que alcanzó los 238,000 mdp.
*Lidia Arista es periodista de Expansión Mx, donde fue publicado originalmente este artículo.
