Hace unos días Santiago Pérez, senador por el PSOE, ha publicado un escrito en “elDiario.es” en el que trata de justificar que la decisión del gobierno español de apoyar la autonomía del Sáhara Occidental ocupado por Marruecos es una solución conforme con el Derecho internacional. En las líneas que siguen voy a tratar de explicar las razones por las que tal decisión constituye una violación grave del Derecho internacional por parte de nuestro país, y, además, por partida doble: violación de sus obligaciones generales como Estado, y violación de sus obligaciones como potencia administradora del territorio, condición que, mal que le pese al Sr. Pérez y al Gobierno, España tiene y seguirá teniendo hasta que se produzca la descolonización del territorio. Baste recordar que el Pleno de la Sala de lo Penal la Audiencia Nacional, bajo la presidencia del actual ministro del interior, Grande-Marlaska, ha afirmado textualmente que: “España de iure, aunque no de facto, sigue siendo la Potencia Administradora, y como tal, hasta que finalice el periodo de la descolonización, tiene las obligaciones recogidas en los artículos 73 y 74 de la Carta de Naciones Unidas” (auto nº 40/2014).
Siguiendo recientes instrucciones de Felipe González (“se puede tener razón sobre el Sáhara y perderla si no se explica bien”), trata de explicar las bondades de la decisión de Pedro Sánchez, ampliando “la perspectiva para el análisis del origen, la evolución y la situación de este conflicto”. En su opinión, deben entenderse las pretensiones de Estados “jóvenes” en vía de consolidación como Marruecos y Argelia. Por una parte, este argumento serviría para modificar las fronteras de medio mundo, pues desde la independencia del primero en 1956 han aparecido en la sociedad internacional al menos otros 100 Estados “más jóvenes”. Por otra, la Corte Internacional de Justica (CIJ) dejó claramente establecido hace más de 50 años el principio de la intangibilidad de las fronteras establecidas en la época colonial (principio uti possidetis iuris). Desde la perspectiva del Derecho internacional, la realidad es diáfana: con independencia de las razones que lo motiven, un Estado, Marruecos, viola el Derecho internacional, y el otro, Argelia, defiende su aplicación.
La “juventud” de estos Estados haría tan “comprensible” e interesado el apoyo de Argelia a la autodeterminación saharaui como la pretensión de Marruecos de consolidar la ocupación militar. De esta forma, pone al mismo nivel a quien, desde el final de la guerra de liberación nacional, que pagó cara, pues se llevó por delante la vida de cerca de un millón de argelinos, ha apoyado a carta cabal el derecho a la libre determinación de los pueblos sometidos a dominación colonial, y quien desde 1975 ocupa militarmente el territorio saharaui, y que, dicho sea de paso, apoya la ocupación militar de Palestina por Estado amigo, Israel.
Entiende el senador que “la diferencia entre Marruecos y Argelia consiste en que, desde el punto de vista formal, Marruecos es parte del contencioso y Argelia no ha aceptado serlo”. Está en lo cierto: no se trata de un conflicto bilateral entre dos Estados, tal y como ha pretendido siempre Marruecos (ya lo pretendió también en relación con España en 1975, posibilidad que fue rechazada por nuestro país). Se trata de un conflicto de descolonización, y por ello en él no se enfrentan dos Estados que reclaman la soberanía sobre el territorio, sino el pueblo que sufre la colonización y ocupación (y, de su lado la comunidad internacional en su conjunto, tal y como estableciera la CIJ en relación con la actual Namibia), y quien las lleva a cabo, violando el Derecho internacional. Hay que recordar una vez más que la Corte estableció en 1975 que Marruecos no tiene ningún título jurídico que le permita reclamar la soberanía sobre el territorio. Y ahí se acaba del debate jurídico. Argelia, también en esta cuestión, ha respetado el Derecho internacional y ha rechazado ocupar un lugar privilegiado en las negociaciones que no le corresponde, por no ser parte en el conflicto, pese a tener un interés legítimo en alcanzar una solución: los campamentos de refugiados saharauis se encuentran en su territorio…
Falta a la verdad el Sr. Pérez cuando afirma que la ONU ha ido dando pasos hacia la autonomía como solución al conflicto. La única ocasión en que la autonomía ha llegado a ser aceptada por el Frente POLISARIO y a ser aprobada por el Consejo de Seguridad se produjo en el marco del Plan Baker II. Este plan preveía una autonomía limitada de 5 años que sería administrada por un gobierno elegido entre y por las personas incluidas en el censo para el referéndum confeccionado exitosamente por la MINURSO en el año 2000 (es decir, los saharauis). Tras ese periodo se celebraría un referéndum de autodeterminación en el que se darían dos opciones a la población (autonomía e independencia), y en el que participarían, además de los saharauis incluidos en el censo, todos los “residentes de buena fe” que hubieran llegado al territorio antes del 31 de diciembre de 1999 (es decir, los colonos marroquíes, que en aquel momento, y en violación de los convenios de Ginebra, que prohíbe expresamente el traslado de población del territorio del Estado ocupante al territorio ocupado, duplicaban ya a los saharauis). Cuando en el parlamento francés se le preguntó a Peter Van Walsum, en aquel momento enviado de Secretario General en el Sáhara Occidental, cómo era posible que Marruecos rechazara un plan abiertamente favorable a sus intereses, éste contestó que “el gobierno de este país no se fía del voto de sus propios ciudadanos”.
Marruecos propuso entonces el plan de autonomía que ahora apoya nuestro Estado (que fue rechazado por el Consejo de Seguridad), y volvió a plantear la posibilidad de resolver el conflicto por medio de negociaciones directas con Argelia, a lo que este país se opuso frontalmente, tal y como exige el Derecho internacional. James Baker renunció al cargo después de 7 años de infructuosas negociaciones, acusando expresamente a Marruecos de boicotearlas, afirmación que ha reiterado recientemente con ocasión del desdichado reconocimiento de Trump, que ha calificado de “duro golpe para la diplomacia y el Derecho internacional”.
Vuelve a faltar a la verdad el senador Pérez que “reiteradas resoluciones del Consejo de Seguridad, adoptadas desde 2007, admiten que la solución de este conflicto (…) puede ser alcanzada a través de un modelo autonómico”: las resoluciones de los órganos de las Naciones Unidas (Comité de Descolonización, Asamblea General o Consejo de Seguridad) han vinculado siempre esta opción, tal y como estableciera la CIJ en 1975, al ejercicio del derecho de autodeterminación por el pueblo saharaui. En el informe del Secretario General de la ONU (de 10 de abril de 2014) a que hace referencia Santiago Pérez, se señala que el presidente saharaui, Mohamed Abdelaziz, apoyaba la celebración de “un referéndum con opciones múltiples, incluida la independencia”. En eso consiste precisamente el derecho de autodeterminación. Varias opciones, entre las que esté la de la independencia. La opción de la independencia no necesita aclaraciones. La de la integración parece que sí. Un pueblo puede decidir integrarse en un Estado descentralizado como el español, o extremadamente centralizado, como el marroquí. Pero ambas posibilidades son dos versiones distintas de una misma opción: la integración. Por ello, el gobierno español no está apoyando el derecho de autodeterminación, sino la integración del Sáhara Occidental en Marruecos, apoyando así la violación del Derecho internacional.
El senador, como el presidente Sánchez, utiliza un argumento rayano en el sarcasmo: la decisión de España pretende evitar que los saharauis sigan sufriendo las consecuencias de la durísima vida en los campamentos de refugiados: la solución según ellos, es que admitan la ocupación y vuelvan a casa después de 47 años como si nada hubiera pasado.
Concluye el senador culpando de todos los males a los demás: “la derecha lanzada al monte y las fuerzas que propugnan la autodeterminación de Cataluña o Euskadi”. Pero este entuerto lo ha creado el presidente Sánchez sin ayuda de nadie. Como ha confesado públicamente en declaraciones que le honran el diputado del PSOE Odón Elorza, es duro asumir después de tantos años de apoyo a la causa saharaui el cambio de posición de su partido (“la razón de Estado no repara en sentimientos, emociones o lealtades. ¡Qué triste! Me duele el abandono de una causa justa. Ante el pragmatismo político y la geoestrategia, siempre pensé que los Socialistas podíamos abrazar causas justas, aunque otros las consideren inútiles por perdidas”). No sé cómo se puede asumir una contradicción tan grave, pero hay que llamar a las cosas por su nombre: cediendo a los permanentes chantajes de Marruecos (¿es esta la “Marca España” de la que habla el Gobierno?), nuestro país no apoya los esfuerzos de la ONU por culminar la descolonización del territorio mediante el ejercicio del derecho a la autodeterminación; nuestro gobierno “abandona una causa justa” y apoya pura y llanamente la consolidación de la ocupación militar marroquí, incurriendo así en una violación grave del Derecho internacional.
*Juan Soroeta Liceras es profesor de Derecho internacional en la Universidad del País Vasco
Artículo publicado por elDiario.es, editado por el equipo de PIA Global
