En lo que fue sin dudas un duro golpe para la gestión de Jair Bolsonaro, la más reciente encuesta publicada por la consultora Datafolha confirmó una vez más que el favorito para ganar la elección del 2 de octubre en Brasil es el ex presidente Luis Inácio Lula Da Silva. A diferencia de las consultas anteriores, en esta oportunidad el resultado dejó entrever que hay una posibilidad cada vez más concreta de que Lula obtenga la victoria ya en primera vuelta.
Según el resultado que arrojó la consulta, Lula ostenta el 48% de los votos totales, con 21 puntos de ventaja sobre Bolsonaro que alcanza el 27%. Si se toman en cuenta los votos blancos y nulos y se suma la cantidad de votos válidos, Lula alcanzaría el 54% de los votos, consolidando una victoria ya en primera vuelta.
En caso de que Lula no alcance la mitad de los votos necesarios y se dispute una segunda vuelta entre ambos candidatos, la encuesta también muestra que Lula terminaría en primer lugar con el 58% de los votos por sobre el 33% que obtendría el actual presidente.
El resultado de la encuesta representó un golpe duro para el oficialismo. El propio Bolsonaro desistió de realizar su tradicional transmisión en vivo por redes sociales de los jueves tras la divulgación del resultado y desde la base aliada del presidente se intentó sin éxito deslegitimar la consulta.
Mas allá del descontento oficial, lo cierto es que a medida que se acerca la elección presidencial la intención de voto al ex presidente Lula va en aumento. La inflación a nivel mundial tras la pandemia y la guerra en Ucrania, sumado a la falta de políticas públicas para mejorar la situación de los más pobres en el país y la violencia policial en aumento defendida por el presidente, han generado un rechazo hacia la figura de Bolsonaro que desde la campaña de Lula se ha sabido capitalizar. La comparación entre los gobiernos del PT y el del actual presidente hecha con dos carros de supermercado es la imagen de uno de los problemas que atraviesa Brasil y que un eventual tercer mandato de Lula promete resolver.
Si bien desde la actual gestión se buscó recuperar popularidad implementando el Auxilio Brasil (un subsidio destinado a los más pobres que reemplaza al Bolsa Familia, creado durante el primer gobierno de Lula), la medida no obtuvo el efecto esperado. El aumento del precio de los alimentos hizo que el valor del auxilio quedara desactualizado. Ante la situación, el resultado de las encuestas parecen alejar a Bolsonaro de la posibilidad de un segundo mandato, lo cual motivó al presidente a redoblar la apuesta y a radicalizar su discurso en relación al fraude anticipado y a la inseguridad que representan las urnas electrónicas para la elección presidencial.
El fraude y un Proyecto de Nación
Las acusaciones de fraude comenzaron tras la vuelta de Lula al escenario político, en mayo de 2021. Desde entonces, Bolsonaro hace uso de sus redes sociales y apariciones mediáticas para decir que de ser derrotado el fraude se habría consumado y que ante tal situación la única salida para que se respete la voluntad popular sería una ruptura institucional.
Para ello, desde el gobierno cuentan con el apoyo de miembros del ejército comprometidos con la idea de un golpe, así como también de un amplio sector de las policías militares, uno de los pilares de la base de apoyo del presidente. Si bien desde varios sectores de las Fuerzas Armadas aseguran que no hay condiciones para forzar un golpe de estado, tanto el discurso del presidente como ciertos anuncios por parte de miembros de la fuerza generan dudas acerca de la real posibilidad de una ruptura.
La presentación del Proyecto de Nación, un plan político estratégico impulsado por los Institutos militares Vilas Boas, Sagres y Federalista, expone la intención de continuar en el poder, algo que se consolidó durante la actual gestión, que cuenta con más militares entre sus funcionarios que el gobierno de facto iniciado en 1964. Allí se propone un proyecto en los moldes de la dictadura hasta el 2035, con medidas económicas como el fin de la gratuidad universitaria y la privatización del sistema de salud público.
Sin presentar ningún tipo de investigación o consulta pública, el documento afirma que «esta nueva estructura política y estratégica fue diseñada con el perfil deseado por la mayoría de la población brasileña, que se hizo oír no sólo en manifestaciones de gran magnitud, sino principalmente en las urnas, en sucesivos períodos electorales».
Teniendo en cuenta la actual situación de impopularidad del presidente y la aparente falta de legitimidad para continuar en el poder a través del voto popular, no sería de extrañar que junto con proyecto de nación se esté pensando en las alternativas post elecciones. En una columna publicada a fines de abril, la periodista Miriam Leitão ya alertaba acerca del riesgo que representa la tutela militar en la justicia electoral, algo que parece materializarse con la proximidad de las elecciones y el aumento de la intención de voto de Lula Da Silva.
Si bien todas las declaraciones públicas de Bolsonaro indican que no aceptaría una derrota porque sería producto de un fraude del cual la justicia es cómplice, todavía hay quienes insisten en que no hay riesgo de ruptura. Los meses que se avecinan y el tono del debate político serán determinantes para evaluar el riesgo real que representan Bolsonaro y los militares en el gobierno para la democracia brasileña.
