Una independencia neocolonial sostenida por acuerdos de dependencia, denominados acuerdos de cooperación (económica, monetaria, militar, etc.). Que como afirmó el presidente ghanés Kwame Nkrumah, eran en realidad “Estados semiindependientes” o “aparentemente independientes”. Una muestra palpable de la permanencia de esta tutela neocolonial por parte de la antigua metrópoli es el mantenimiento de los francos de la Comunidad Financiera Africana (CFA), que en sus origines fue una moneda colonial impuesta desde la metrópoli, y sobre la que todavía hoy París retiene una gran influencia y control.
La verdad es que 70 años después de la independencia de la mayoría de los estados africanos, el continente sigue siendo parte fundamental del tablero de disputa colonial entre viejos y nuevos imperios. Un buen ejemplo de esta situación es Senegal, un país que, según aterrizas, te da la sensación de estar vendido a los estados y las empresas extranjeras. Sin ir muy lejos, el mismo aeropuerto internacional de Blaise Diagne, primer diputado negro africano en la Asamblea Nacional francesa, fue iniciado con capital saudí, construido por empresas turcas y hasta alberga en su interior un restaurante kebab. Cuando vas desde el aeropuerto hasta Dakar, la autopista por donde transitas lo gestiona una empresa francesa y la línea de tren de alta velocidad que se está construyendo para realizar este mismo trayecto es un proyecto de los grupos franceses Engie y Thales. El inmenso estadio de lucha senegalesa que ves desde la autopista es un regalo de 48.7 millones de euros del gobierno chino e inaugurado el último día de la visita de Xi Jiping a la capital senegalesa. Al ir al supermercado, ya en la capital, te encuentras con un Auchan –el hermano francés de Alcampo- y caminando por sus calles observas nuevas e inmensas mezquitas construidas por países del Golfo y así un largo etcétera.
Para encontrar el punto de inflexión en la venta de Senegal al capital extranjero, nos tenemos que remontar a principios de los años 90 del siglo pasado. Cuando los países africanos como Senegal tuvieron que recurrir a las ayudas del FMI, viéndose obligados como contra partida a la adopción de severos planes de ajuste, con las clásicas medidas de privatización, liberalización, apertura de mercados y eliminación de aranceles. Los planes de ajuste no solo pusieron en venta los recursos del país, sino que generaron una fuerte crisis en el sector agropecuario que se vio incapaz de competir con los productos europeos que inundaron Senegal. El resultado no solo fue un importante superávit de la balanza comercial a favor de la UE sino también el cierre de siete de cada diez granjas de pollos, así como el abandono de numerosos cultivos de tomates. Sentando las bases de una profunda fractura social mediante el aumento del paro y la pobreza, junto al incremento de la dependencia alimentaria. De hecho, hay una coincidencia directa entre el comienzo de la aplicación de los planes de ajuste estructural del FMI en Senegal y el inicio de las migraciones a Canarias en 1994.
Pero si un recurso está desde hace tiempo en disputa entre las diferencias potencias que esquilman África, este es sin duda la pesca. La sobreexplotación de los mares de los países del norte y el aumento global del consumo de pescado provocaron hace décadas que las grandes compañías pesqueras empezaran a fijarse en África. Con los años se han ido consolidando: desde las aguas de Mozambique o Tanzania hasta las de Guinea-Bissau, Gambia o Mauritania. Pero, una vez más, el caso de Senegal, un país ligado desde siempre a la tradición pesquera y donde el sector da trabajo de manera directa e indirecta a más de un millón de personas, es de los más significativos. Y es que las grandes flotas industriales capturan, procesan y congelan a bordo, saqueando los stocks pesqueros senegaleses y comprometen así la seguridad alimentaria y los medios de subsistencia de las comunidades costeras, dependientes de la pesca artesanal con pocos o mejor dicho ningún beneficio para los mercados locales.
Desde 1979, cuando se firma el primer acuerdo pesquero con la UE, hasta 2006, Senegal permitía a los barcos europeos capturar especies pelágicas pequeñas, lo que tenía un enorme impacto para la pesca local. En la actualidad, el acuerdo entre la UE y Senegal permite a 45 barcos españoles, franceses y portugueses pescar en aguas senegalesas 10.000 toneladas de atún y 1.750 toneladas de merluza negra. A cambio de una irrisoria aportación económica europea anual de 1700000 EUR, que se desglosan en 800000 EUR por los derechos de acceso a las aguas de Senegal y 900000 EUR para el apoyo sectorial a la aplicación de la política pesquera de Senegal. Además de otro aporte anual de los armadores europeos que asciende a aproximadamente 1350000 EUR al año. Ante las apelaciones a las autoridades europeas por la irrisoria suma aportada por los derechos de pesca, la respuesta en que el atún no pertenece a Senegal, es un pescado migratorio y en un momento está en las aguas de Senegal, por lo que los barcos que quieren pescarlo pagan el derecho de entrada a sus costas. Además, desde la UE se argumenta que la industria pesquera senegalesa apenas se dedica a la captura del atún, con lo que los barcos europeos no entran en competencia con sus homólogos africanos.
FOTO © Ángel López Soto, miembro de GEA PHOTOWORDS
Desde luego, sobre el papel todo se sostiene pero la realidad es bien distinta, como denuncian instancias internacionales como Naciones Unidas u organizaciones ecologistas como Greenpeace. Uno solo de los grandes arrastreros europeos que faena en Senegal tiene redes de hasta 600 metros, capturando en un solo día lo mismo que cincuenta cayucos en un año, con un considerable impacto, no solo sobre las especies recogidas en las cuotas permitidas por los acuerdos pesqueros sino también en otras muchas y sobre todo en el ecosistema marino. El propio gobierno senegalés reconoce que el último informe de la Dirección de Pescas Marítimas de Senegal sobre el estado de los caladeros de pesca es de 2018. A pesar de ello, se han firmado acuerdos de pesca como el de la UE o se han dado licencias sobre stock del que no se ha hecho una evaluación precisa para saber qué hay disponible o para contrastar las denuncias del agotamiento de los caladeros.
Porque otro de los grandes problemas que acechan a los recursos senegaleses no solo son acuerdos pesqueros asimétricos y neocoloniales como los firmados con la UE, sino también la opacidad del gobierno en relación a las licencias de pesca, especialmente a barcos chinos, la principal flota internacional de pesca y de las más agresivas del mundo. A principios de 2020, los armadores senegaleses se movilizaron al conocerse que el Gobierno quería conceder 52 licencias a barcos chinos en medio de las restricciones de bloqueo debido al coronavirus. Meses después, las autoridades anunciaron que las habían rechazado, pero la realidad es que la lista de las licencias de pesca no se actualiza desde hace tiempo, con lo que es imposible comprobarlo. La mayoría de las organizaciones de pesca senegalesa denuncian que los barcos chinos están faenando en Senegal a través de sociedades mixtas, empresas cuyo 51% del capital está en manos senegalesas y por las que a los navíos extranjeros se les concede bandera del país africano. Solo hace falta darse una vuelta por el puerto de Dakar para comprobar cómo buques chinos están amarrados bajo pabellón senegalés.
Además, el problema de la sobrepesca es agravado por la proliferación de fábricas de harina y aceite de pescado que son utilizados por compañías internacionales para abastecer proyectos de ganadería industrial y acuicultura de medio mundo. Estas fábricas se nutren en su mayor parte de pequeñas especies pelágicas, como la alacha, que son precisamente el principal objetivo de las embarcaciones locales. No solo compitiendo directamente con la pesca artesanal senegalesa, sino también aumentando los precios en los pescados, lo cual repercute directamente en la dieta y soberanía alimentaria senegalesa que tiene el pescado como principal fuente de proteínas. Así como sobre las trabajadoras que tradicionalmente han procesado el pescado, que se quedan sin materia prima y trabajo, agravando aún más los problemas sociales, alimentarios y laborales por el impacto directo de las multinacionales. Como la empresa española Barna, perteneciente al fondo de inversión Corpfin Capital, que ha construido una de estas fábricas, a pesar de la oposición local, en la localidad de Cayar, al norte de Dakar.
El impacto de las multinacionales sobre el modo de vida, trabajo, territorio y la soberanía alimentaria de los senegaleses ha transformado no solo el país, sino que ha abocado a miles de personas a desplazamientos en primer lugar internos, del campo a la ciudad fundamentalmente y posteriormente externos. Un auténtico éxodo como efecto boomerang de las políticas neocoloniales en África: como se repite en la costa, Europa nos roba el pescado de nuestra boca dejándonos sin futuro pero Europa no quiere a los inmigrantes africanos que viajan a Europa en busca de un futuro. Desde que las migraciones de africanos hacia Canarias se iniciaran en 1994, más de 100000 senegaleses han abandonado su país en cayuco y desembarcado en este archipiélago. Según un estudio publicado por el Observatorio Senegalés de Migraciones, la gran mayoría de las personas arrestadas en Senegal entre septiembre y noviembre de 2020 al intentar migrar desde las costas de manera irregular eran pescadores. Eso no ocurrió en la crisismigratoria hacia las Islas Canarias en 2006, cuando la presencia de pescadores era mínima, mientras que en la llamada crisis de los cayucos de 2006 podíamos ver en el perfil de las personas que migraba el impacto de las medidas de ajuste estructural del FMI sobre el campo senegalés. De igual forma que desde hace unos años, la sobreexplotación de los caladeros senegaleses se muestra también en el perfil del migrante que llega a las costas canarias.
La migración es también en cierta forma un expolio neocolonial de la fuerza de trabajo de los países africanos. Muchos de esos senegaleses que tuvieron que abandonar sus cultivos de tomate y verduras en su país, junto a numerosos pescadores que se vieron obligados a dejar el mar ante la ausencia de capturas en bancos de pesca esquilmados, han terminado trabajando en invernaderos de grandes empresas alimentarias europeas y nutriendo la tripulación de los barcos españoles que esquilman los recursos africanos, bajo condiciones durísimas y con sueldos de miseria. Un magnífico ejemplo de las dinámicas perversas que están detrás de buena parte de los movimientos migratorios de África a Europa y que no se podrían entender sin analizar el expolio neocolonial del continente africano.
Una mano de obra explotable y ejército de reserva, que no sería posible sin las políticas migratorias de la UE, que al acabar con las vías legales para entrar a Europa, aunque pareciera lo contrario, no quieren evitar las llegadas sino condicionar cómo llega. Excluir a las personas migrantes ya no solo de un conjunto de derechos en particular, sino del propio derecho a tener derechos. Una desprotección que constituye la base programática de la xenofobia institucional encarnada en las políticas de la Europa Fortaleza y que suponen de facto una degradación de la seguridad jurídica y policial de la persona migrante que se ve abocada a mano de obra sin derechos. En estas políticas de control migratorio, la ayuda al desarrollo juega cada vez un papel más importante. Desde la cumbre de la Valeta en 2015 y la creación del fondo fiduciario para África, los fondos al desarrollo se han revelado como una potente arma para condicionar las políticas migratorias de los gobiernos africanos, los cuales con una autentica servidumbre neocolonial han pasado a convertirse en auténticos policías de fronteras de la Europa Fortaleza.
Quizás la nota más positiva del setenta aniversario de la independencia Africana haya sido la emergencia de un rejuvenecido movimiento anticolonial y panafricanista que se ha mostrado con fuerza en diferentes protestas como las de Y’en a marreen 2012 que sacaron al presidente Abdelaye Wade del poder en Senegal. Y las más recientes de Dégage France en 2020, en donde no solo se cuestionaba al gobierno senegalés sino también su servidumbre neocolonial. De hecho, Dégage es una palabra francesa que invita a irse, a desaparecer y dejar en paz, es un Que se vayan todos que muestra el hartazgo no solo con la injerencia económica extranjera sino también con las elites senegalesas.
Estas movilizaciones no se han producido exclusivamente en Senegal, sino que con consignas y repertorios de acción muy parecidos se han dado en otros países de la región. Como por ejemplo Mali, en donde en la primavera de 2020 se sucedieron durante meses duras protestas contra el Gobierno de Ibrahim Boubacar Keita acusado de fraude electoral y corrupción. O como en estas últimas semanas en Burkina Faso, en donde la juventud está liderando potentes movilizaciones que han tenido entre sus objetivos a la presencia militar francesa en el país.
El resurgimiento de las movilizaciones anticoloniales y panafricanistas, que como en Senegal se están concretando, además, en nuevas organizaciones sociales y la emergencia de fuerzas políticas alejadas del corrupto establishment del país, puede favorecer un cambio político en la región. Porque gran parte de África vive una situación política explosiva que puede derivar en nuevos estallidos sociales que cuestionen su rol de subordinación y no se sometan a seguir siendo una pieza de disputa en el nuevo tablero neocolonial.
*Miguel Urbán es miembro del Consejo Asesor de viento sur y eurodiputado de Anticapitalistas.
Artículo publicado en La Marea, editado por el equipo de PIA Global
