Desde entonces, la lucha contra la COVID-19 se ha convertido en un escenario central en todo el mundo. Un año y medio después del inicio de la pandemia, todavía no se vislumbra un final: a pesar del rápido desarrollo de las vacunas estas no están igualmente disponibles en todo el mundo, y los avances positivos en muchos lugares se ven ensombrecidos por la propagación de mutaciones. Aunque el continente africano no se vio tan afectado por la pandemia como muchos inicialmente temían, la pandemia ha tenido consecuencias muy graves en términos económicos, políticos y sociales. Además, esta pandemia emergió en un contexto internacional de fragilidad e inestabilidad previa vinculado, entre otros factores, a los conflictos armados y las crisis sociopolíticas que asolaban el continente, que en los últimos años se han ido agravando.
Tal y como hemos señalado previamente, a pesar de la comparativamente limitada incidencia de la pandemia en el continente –cuyas explicaciones diversas incluyen la juventud de la población, la rápida reacción ante la propagación en Asia y Europa que llevó a un cierre temprano de fronteras; la experiencia acumulada en la gestión de enfermedades infecciosas previas como el ébola en determinados países; la compra centralizada de tests y material; o la menor capacidad de detección de personas infectadas, etc.– esta ha tenido múltiples efectos en la región al sur del Sáhara. Según el África Centre for Disease Control and Prevention de la Unión Africana (UA) (África CDC), en el continente se han contabilizado casi 8,5 millones de casos, de los cuales han muerto 217.483 personas y se han recuperado 7.868.860 personas, a la vez que se han realizado casi 76 millones de tests. África CDC también estima que solo el 5,23% de la población africana habría recibido la pauta completa de la vacuna a fecha del 20 de octubre de 2021.
Esta distribución desigual de las vacunas ha producido diferencias notorias en la capacidad de los países para inocular a sus poblaciones. El mapa siguiente muestra una proyección cartográfica donde la masa terrestre refleja el número absoluto de personas no vacunadas (no vacunadas en el sentido de que aún no han recibido una sola dosis), según los últimos datos disponibles de población vacunada a nivel mundial.
La mayoría de las personas no vacunadas se encuentran en países de ingresos bajos y medianos bajos. Si se divide los datos de personas no vacunadas según las subregiones del Banco Mundial (BM), África Subsahariana lidera el ranking mundial con un mayor número de personas no vacunadas, con 1.108 millones (incluyendo los menores de 12 años) de un total estimado de 1.122 millones de personas en 2021, seguido por el sur de Asia.
Según la división subregional de la ONU, la mayoría de la población no vacunada se encuentra actualmente en la subregión del sur de Asia, seguida de cerca por otras regiones de Asia y África.
Además de la inequitativa distribución y acceso a las vacunas que ha padecido el continente africano, lo que cual ha tenido su impacto en materia de salud pública, económica y social, también la prevalencia de la pandemia ha generado otros impactos en sus sociedades. Por ejemplo, el informe del Índice Ibrahim señaló el retroceso sufrido en términos de gobernanza de la progresión positiva de la última década, mientras que Amnistía Internacional recogió cómo gobiernos africanos habían recurrido al uso de fuerza excesiva a la hora de la implementación de las medidas excepcionales para evitar la propagación de la pandemia, y realizado arrestos o detenciones arbitrarias, restricciones en el espacio cívico y negación general del derecho para buscar asilo. Si bien las respuestas de los Estados para contener la pandemia de la COVID-19 han sido diversas, en general los gobiernos se han visto obligados a tomar medidas excepcionales que en algunos casos han incluido la restricción de manera desproporcionada de los derechos a la libertad de reunión y la libertad de expresión, instrumentalizando políticamente la situación de excepcionalidad para reprimir protestas sociales y contener a movimientos opositores, tal y como ha sucedido en diversos contextos. Amnistía Internacional denunció que en muchos contextos, las autoridades aprovecharon el marco de excepción para adoptar medidas punitivas y coercitivas que han generado violaciones a los DDHH, a la par que han dividido sociedades y no han servido para abordar la crisis sanitaria.
En este sentido, durante el año 2021 se han producido diversos hechos que podrían contribuir a este preocupante cambio de tendencia en términos de gobernanza que podrían guardar relación con las consecuencias derivadas de la pandemia en lo concerniente al debilitamiento de los gobiernos civiles en el continente y la respuesta regional e internacional. Si con la refundación de la UA en 2002 se dio un paso muy significativo con el no reconocimiento de los cambios de gobierno surgidos de golpes de Estado en el continente, contribuyendo a afianzar el auge de democracias multipartidistas en África y su consolidación –tendencia no exenta de retos y riesgos– en los últimos años se ha producido un retroceso en esta progresión positiva de la última década tal y como señalaba el informe del Índice Ibrahim, que se está viendo fortalecida por la proliferación de golpes de Estado durante 2021 y las tibias condenas y la inacción por parte de la UA y la comunidad internacional hacia los nuevos gobiernos militares, respuestas que contribuyen a afianzarlos como alternativa a una situación de crisis multifacética vinculada a la COVID-19 que los gobiernos civiles han tenido graves dificultades en atajar. Solo en el último año se han producido, por parte de elementos castrenses, cuatro golpes de Estado efectivos en África Subsahariana (más dos intentonas en Níger y en el propio Sudán) que amenazan con revertir el proceso de democratización del continente. En Guinea (septiembre), poniendo fin a un controvertido tercer mandato salido de elecciones poco creíbles de un presidente impopular, Alpha Condé. En Malí, tras una primera asonada en 2020 y el fracaso en 2021 de la transición democrática boicoteada por los propios militares. En Chad (abril), para asegurar la continuidad del poder de la élite tras la muerte del presidente Idriss Deby, cuando su hijo tomó el poder sin pasar por la Constitución. Y en los últimos días, Sudán, truncando una esperanzadora transición que estaba atravesando el país desde la caída del presidente Omar al-Bashir en 2019.
Conflictos armados en África en 2020*
- Burundi -2015-
- Camerún (Ambazonia / provincias Noroeste y Suroeste)
- -2018-
- Etiopía (Tigré) -2020-
- Libia -2011-
- Malí (norte) -2012-
- Mozambique (norte) -2019-
- RCA -2006-
- RDC (este) -1998-
- RDC (este-ADF) -2014-
- Región Lago Chad (Boko Haram) – 2011-
- Región Sahel Occidental -2018-
- Somalia -1988-
- Sudán (Darfur) -2003-
- Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul) -2011-
- Sudán del Sur -2009-
*Se incluye entre guiones la fecha de inicio del conflicto armado.
Violencia en contextos de conflictividad armada
Si bien la UA se había comprometido en el año 2013 a poner fin a todas las guerras presentes en el continente para el año 2020 bajo el lema “Silenciar las armas en 2020”, los escenarios de conflictividad armada siguen estando presentes en el continente, y la pandemia ha contribuido a su prolongación. En este sentido, la UA decidió en diciembre de 2020 prorrogar esta iniciativa hasta 2030, y la complementó con la Hoja de Ruta Maestra de la UA de Medidas Prácticas para Silenciar las Armas en África para 2020, cuyo propósito era abordar los múltiples factores que determinan la interrelación entre el desarrollo sostenible y los conflictos, tales como la mala gobernanza y las inequidades socioeconómicas. Al centrarse en esa interrelación, la iniciativa reconocía que es preciso superar los conflictos para hacer realidad el desarrollo sostenible y la visión de la Agenda 2063. Aunque la ONU ha hecho un esfuerzo notable para dar prioridad a la prevención de los conflictos y el sostenimiento de la paz a fin de eliminar los mayores obstáculos para la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Agenda 2063 de la UA, la situación ha seguido agravándose en el continente.
En este sentido, las libertades políticas y sociales en África Subsahariana han estado condicionadas por los escenarios de conflictividad armada, así como por los procesos transicionales en el continente. Según la Escola de Cultura de Pau, en el año 2020 se registraron a nivel mundial 34 escenarios de conflictividad armada, 15 de los cuales transcurrieron en África, muchos de los cuales han padecido un deterioro en la situación de seguridad en los últimos años, afectando gravemente a las poblaciones civiles y generando importantes crisis humanitarias.
En paralelo, de los 95 escenarios de tensión y crisis sociopolítica que tuvieron lugar en el mundo, 38 transcurrieron en África. A su vez, la mayoría de estos escenarios de violencia que tuvieron lugar en África se han caracterizado por graves vulneraciones de los DDHH, incluyendo denuncias de posibles crímenes de guerra y lesa humanidad, como el caso de la región etíope de Tigray. Por otro lado, también cabe destacar que la región Subsahariana se encuentra inmersa desde hace años en profundos cambios políticos, a menudo liderados por una sociedad civil en la que el papel de jóvenes y las organizaciones de mujeres está siendo central. En países con regímenes históricamente cerrados, como es el caso de Angola, Etiopía, Gambia, República Democrática del Congo (RDC) o Sudán, se están experimentado importantes procesos de reformas, si bien las herencias de los regímenes anteriores aún perduran y los riesgos son evidentes, como se ha puesto de manifiesto en Etiopía (conflicto en Tigray desde noviembre de 2020) o en Sudán (intento de golpe de Estado en septiembre de 2021 culminado en octubre). Por el contrario, en otros países, el espacio político ha sufrido deterioros, como Tanzania, Senegal o Uganda. A su vez, la extensión en los últimos años de los mandatos presidenciales –en países como Burundi, Camerún, Costa de Marfil, Guinea, Ruanda, República del Congo, RDC, Uganda o Togo– está generando crisis de gobernabilidad en el continente, así como está produciendo múltiples protestas sociales que están siendo reprimidas con dureza por las fuerzas de seguridad.
El llamamiento global al cese al fuego, realizado el 23 de marzo de 2020 por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a todas las partes en conflicto en el mundo con el fin de hacer frente a la pandemia ocasionada por el coronavirus, si bien fue secundado inicialmente por algunos Estados africanos, así como por diversos actores subestatales, no logró detener la violencia, generando incluso que diferentes actores aumentaran su participación en conflictos en curso, ni tuvo ningún impacto en la reducción de los umbrales de violencia, tal y como también recordó el Peace Research Institute of Oslo (PRIO). Asimismo, ni la aprobación por unanimidad de la resolución 2532 del 2 de julio de 2020 por parte del Consejo de Seguridad de la ONU, en la que se ratificaba el llamamiento al cese al fuego del secretario general de la ONU de 23 de marzo, tuvo repercusiones sobre el terreno. Por ejemplo, según el centro de investigación Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), las milicias comunitarias en África oriental y occidental participaron en un 70% más de eventos violentos que antes de la pandemia, si bien el centro destacó la importancia de no “atribuir estos cambios únicamente al coronavirus”. Grupos armados como al-Qaeda, al-Shabaab o ISIS anunciaron su no adhesión al llamamiento, e incluso hicieron un llamamiento para incrementar las acciones armadas.
Posteriormente, el 26 de febrero de 2021, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad la resolución 2565, en la que se ponía de manifiesto que los conflictos armados podían estar exacerbando la pandemia de COVID-19 y que, a la inversa, la pandemia podría exacerbar las consecuencias humanitarias negativas de los conflictos armados, así como las desigualdades. En consecuencia, hizo un nuevo llamamiento para alcanzar una pausa humanitaria duradera, amplia y sostenida para facilitar, entre otras actividades, la entrega y la distribución equitativas, seguras y sin trabas de las vacunas contra la COVID-19 en las zonas de conflicto armado, a facilitar el acceso al personal humanitario, a su protección y seguridad, con el objetivo de facilitar la entrega de ayuda humanitaria. No obstante, el hecho de que este llamamiento excluyera a las operaciones militares dirigidas contra ISIS, al-Qaeda y el Frente Al-Nusra, y todas las demás personas, grupos, empresas y entidades asociados con las redes de al-Qaeda o ISIS, así como otros grupos designados por el Consejo de Seguridad de la ONU como “terroristas”, limitó enormemente la posibilidad de alcanzar dicha pausa humanitaria en numerosos contextos. Según el Reino Unido, país que presentó la resolución, 160 millones de personas se podían ver excluidas del proceso de vacunación a nivel global por vivir en una zona de conflicto.
En África Subsahariana, los conflictos armados más graves de 2020 fueron los que afectaron a Camerún, RDC, Malí y la región del Sahel Occidental, la región del Lago Chad, Somalia y Sudán del Sur, que causaron más de 1.000 víctimas mortales en cada uno de ellos, a los que se añade el conflicto armado en la región etíope de Tigré debido a la escalada de la situación desde noviembre de 2020, así como el conflicto en el norte de Mozambique, por el grave deterioro durante el año 2020. Algunos de estos casos superaron ampliamente el millar de fallecidos en el año, como la región de Sahel Occidental, siendo el año más mortífero por parte de los grupos yihadistas, que habrían producido un estimado de 4.250 muertes, lo que significa un aumento del 60% en relación a 2019; o Somalia, con más de 2.000 muertes en ese año. La mayoría de estos contextos de violencia e inestabilidad son conflictos de larga duración a excepción de los casos de Etiopía, Camerún, la región del Sahel Occidental o Mozambique, iniciados en los últimos tres años, aunque las raíces y causas profundas de estos conflictos se remontan a décadas.
El continente africano fue el principal en el que se agravó de forma prácticamente generalizada la situación de violencia y conflictividad armada entre los años 2019 y 2020, tal y como muestran las siguientes tablas en relación con los principales conflictos armados del continente. En cifras globales, en lo concerniente a los enfrentamientos, se produjo un incremento del 41,6%; en lo relativo a explosiones y violencia remota, un 15,6%; y un 23,7% en lo relativo a violencia contra la población civil por parte de los actores armados no estatales.
Impactos en las poblaciones
En general, los conflictos armados en África Subsahariana provocaron múltiples impactos en los territorios en que transcurrían, graves vulneraciones de los DDHH en la población civil y del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Nigeria, en el marco del conflicto en Lago Chad, siguió siendo el país donde la práctica de guerra de secuestros y desaparición de civiles había provocado la cifra más elevada de personas que seguían desaparecidas en toda África en el año 2020, aumentando a 23.000, cifra que representa solo los casos documentados por el CICR, ya que la cifra real podría ser muy superior. Nigeria es uno de los países a escala global con un mayor número de población desaparecida como consecuencia de la violencia y el conflicto armado que tiene lugar en el noreste del país. En el conjunto del continente africano siete países afectados por graves conflictos armados como son Nigeria, junto a Camerún (1.567 personas desaparecidas), Etiopía (3.300), Libia (1.600), RDC (1.800), Somalia (2.600) y Sudán del Sur (5.000) representan el 82% de las 44.000 personas desaparecidas en el conjunto del continente en 2020, y todos han experimentado un incremento de registros de personas desaparecidas en la primera mitad de 2020.
Asimismo, respecto a otros impactos o estrategias de guerra, actores armados estatales y no estatales continuaron perpetrando violencia sexual y de género contra población civil, mujeres y niñas de manera significativa. Si bien la mayor parte de los perpetradores de la violencia sexual eran actores no estatales, también se verificó que habían perpetrado violencia sexual Fuerzas Armadas nacionales, policía u otros actores de seguridad en países como la RDC, Somalia, Sudán y Sudán del Sur. El informe del secretario general de la ONU sobre la protección de los civiles subrayó que la situación global era trágicamente similar a la de hace 20 años, y que seguían afrontando impactos a corto y largo plazo.
Según datos extraídos del informe anual del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) publicado a mediados de 2021, a finales de 2020 había en el mundo 82,4 millones de personas desplazadas internas, lo cual significa casi 3 millones más que el año anterior (79,5 millones en 2019) y prácticamente 12 respecto a 2018 (70,8 millones). De ellas, 48 millones eran personas desplazadas internas (45,7 en 2019 y 41,3 en 2018), mientras que 26,4 millones eran personas refugiadas (29,6 en 2019 y 25,9 en 2018).
Las causas del desplazamiento forzado remiten principalmente al impacto de los escenarios de conflictividad armada, así como a diversos tipos de desastres naturales vinculados a la emergencia climática. De manera específica, en África Subsahariana, la RDC sigue ocupando el primer lugar en población desplazada en el continente de los últimos años (6,1 millones a finales de 2020, que incluyen 5,2 millones de desplazados internos, 800.000 refugiados y 100.000 solicitantes de asilo), seguido por Somalia (3,9 millones, que incluyen 3 millones de desplazados, 800.000 refugiados y 100.000 solicitantes de asilo), Sudán del Sur (3,8 millones, que incluyen 2,2 millones de refugiados, 1,6 millones de desplazados), Etiopía (2,7 millones de desplazados), Nigeria (2,6) y Sudán (2,6 millones). Algunos de estos países ocupan los primeros lugares de desplazamiento a nivel global, como RDC, Somalia y Sudán del Sur. Las zonas del continente en las que se produjeron nuevos movimientos forzados de población durante 2020 fueron la región de Sahel Occidental, con cerca de 750.000 personas desplazadas por la violencia, la región etíope de Tigray, donde unas 120.000 personas habían buscado refugio en la vecina Sudán huyendo del clima de violencia y Mozambique, donde centenares de miles de personas huyeron de las acciones de los grupos armados y los cuerpos de seguridad en el norte del país. Somalia es un ejemplo paradigmático en este sentido, ya que de los 3,9 millones de desplazados internos que había en 2020, cerca de un millón de personas se desplazaron en 2020 como consecuencia de desastres naturales y otras 300.000 personas como consecuencia directa del conflicto, según IDMC.
También es significativo señalar que en múltiples escenarios de conflictividad armada se produjeron denuncias de organismos de DDHH acusando a las fuerzas de seguridad del Estado de cometer ejecuciones extrajudiciales y crímenes de guerra. En Nigeria, Amnistía Internacional denunció que tanto Boko Haram como las Fuerzas Armadas nigerianas habían cometido crímenes de guerra y posibles crímenes de lesa humanidad. Según sus cálculos, desde el año 2011, en el contexto de la guerra contra Boko Haram, al menos 10.000 personas han muerto bajo custodia de las fuerzas de seguridad del Estado. En Mozambique, también se registraron acusaciones contra miembros de las fuerzas de seguridad por su supuesta implicación en violaciones de los DDHH, torturas, participación en asesinatos indiscriminados, ejecuciones extrajudiciales. Organismos como Human Rights Watch (HRW), la Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitaron al Gobierno una investigación independiente e imparcial sobre episodios de torturas y otras graves violaciones a los DDHH presuntamente cometidas por las fuerzas de seguridad en Cabo Delgado. En la región etíope de Tigray diferentes organizaciones internacionales de defensa de los DDHH y medios de comunicación que pudieron acceder tras el levantamiento del bloqueo en febrero de 2021 alertaron de posibles crímenes de guerra y contra la humanidad, entre ellas el uso de violencia sexual por parte de las tropas etíopes y eritreas. Amnistía Internacional denunció en agosto de 2021 la comisión de violaciones y otros actos de violencia sexual de forma generalizada por las fuerzas combatientes afines al Gobierno etíope (Ejércitos de Etiopía y de Eritrea, la Policía Especial de la región de Amhara, y Fano, una milicia amhárica). La violación y violencia sexual se han utilizado como arma de guerra para infligir un daño físico y psicológico persistente a las mujeres y niñas en Tigray, con el objetivo de degradarlas y deshumanizarlas, según Amnistía Internacional. También en la región del Sahel Occidental, en la zona de la triple frontera entre Malí, Níger y Burkina Faso, conocida como Liptako-Gourma, durante el año se produjeron diferentes informes que señalaron a las fuerzas de seguridad de los tres países de cometer violaciones a los DDHH en el marco de la denominada “guerra antiterrorista”. En Burkina Faso, el Parlamento aprobó una controvertida legislación que permite al Ejército utilizar voluntarios civiles en la lucha contra los grupos armados. La medida fue cuestionada por organizaciones de DDHH debido a las diferentes denuncias que pesan sobre el Ejército burkinés de abusos y violación a los DDHH. El Observatorio para la Democracia y los Derechos Humanos en el país, señaló en un informe en junio de 2020, que las Fuerzas Armadas habían sido responsables de la muerte de 588 civiles en el contexto de las acciones antiterroristas. También los Ejércitos de Malí y Níger fueron acusados por parte de la misión de la ONU en el Malí (MINUSMA), de cometer crímenes de guerra en sus operaciones.
En paralelo, en 2020 se constataron numerosos ataques contra el personal sanitario en 28 países del continente africano. Según la Mo Ibrahim Foundation a partir de datos de ACLED, el 42,1% de todos los ataques a nivel global contra personal sanitario tuvieron lugar en África, y prácticamente el 20% de los ataques contra personal sanitario en África fueron causados como reacción a las medidas de salud pública vinculadas a la COVID-19 o directamente afectaron a la respuesta sanitaria relacionada con la pandemia. Los países que se vieron más afectados por ataques vinculados a la pandemia fueron Nigeria (11 ataques) y RDC (nueve ataques). Además, en nueve países africanos, de los cuales seis afectados por una situación de crisis sociopolítica (Costa de Marfil, Guinea, Malawi, Senegal, Túnez y Zimbabwe), todos los ataques contra personal sanitario estuvieron vinculados a la pandemia de la COVID-19. En el primer año de la pandemia, entre febrero de 2020 y febrero de 2021, nueve escenarios de conflictividad armada (Burkina Faso, Libia, Malí, Nigeria, RCA, RDC, Somalia, Sudán y Sudán del Sur) sufrieron 78 ataques contra infraestructuras sanitarias, 26 ataques impactaron en vehículos de transporte sanitario, y 53 ataques tuvieron como objetivo suministros médicos. La creciente violencia en Libia en la primavera de 2020 afectó a numerosas instalaciones sanitarias y 400 camas de hospital, y en la región etíope de Tigray solo el 13% de las instalaciones sanitarias estuvieron funcionando con normalidad tras el inicio del conflicto en la región a finales de 2020.
Conclusiones
Tal y como hemos señalado, aunque el continente africano no se vio tan afectado por la pandemia como muchos inicialmente temían, la pandemia ha tenido consecuencias muy graves en términos económicos, políticos y sociales, y emergió en un contexto de fragilidad e inestabilidad previa vinculado a la situación de conflictividad que se ha agravado en los últimos años, contribuyendo a profundizar los desafíos de seguridad existentes. África Subsahariana lideraba, en octubre de 2021, el ranking mundial con un mayor número de personas no vacunadas, con 1.108 millones de un total estimado de 1.122 millones de personas en 2021. Además, en los últimos años se ha producido un progresivo incremento de las respuestas por parte de la comunidad internacional desde una óptica securitaria, lo que ha contribuido a agravar la situación de violencia en diversos contextos de África Occidental y el Cuerno de África. El continente africano fue el principal a nivel mundial en el que se agravó de forma prácticamente generalizada la situación de violencia y conflictividad armada entre los años 2019 y 2020, y los conflictos armados continuaron provocando múltiples impactos en los territorios en que transcurrían, graves vulneraciones de los DDHH en la población civil y del DIH.
El Mo Ibrahim Foundation, en su informe de junio de 2021, proporcionó una imagen mucho más completa y compleja del impacto de la pandemia en África, no solo desde el ámbito de la paz y la seguridad, destacando las debilidades estructurales en sus sistemas económicos y de salud. También revelaba cómo la COVID-19 ha profundizado los desafíos de desarrollo y seguridad existentes, y cómo ha estado exacerbando una crisis de desempleo juvenil preexistente. Sin embargo, toda crisis puede traer asociada una oportunidad de cambio. Según el informe, se ha producido una respuesta firme y unificada del continente a esta crisis y oportunidades para que el liderazgo africano cree un cambio duradero para las generaciones venideras.
Artículo publicado en Escola de Cultura de Pau, editado por el equipo de PIA Global
