Polonia, un estado miembro influyente
Polonia es uno de los estados miembros de la UE más influyentes, no solo por su peso demográfico –es el quinto país más poblado– sino por su proyección exterior y sus relaciones con países como Hungría o los Bálticos. La opinión de Varsovia es escuchada cuando se tratan las relaciones con el Este, especialmente con Rusia y Bielorrusia, pero no solo eso, sino que el país polaco cuenta con un gran apoyo en Estados Unidos ¿por qué? Principalmente por su clara posición atlantista, además de su actitud hostil hacia Moscú y su espacio de influencia, lo que le granjea simpatías en Washington. Polonia cuenta con una voz fuerte y decidida a defender sus propios intereses.
La última crisis migratoria con Bielorrusia le ha servido a Varsovia para ganar aún más influencia en Europa. Las principales instituciones europeas, y estados miembros tan influyentes como Alemania y Francia, dieron su total apoyo a Polonia. En algunas capitales europeas ven con hostilidad la actitud bielorrusa –y en algunos casos la rusa–, de ahí que Varsovia, con unos postulados más agresivos, sea mejor vista cuando ocurren este tipo de crisis. No está de más añadir que, Polonia tiene uno de los ejércitos más numerosos y mejor preparados de la UE, de hecho, es de los pocos países europeos que cumple con el objetivo de la OTAN de gastar más del 2% del PIB en Defensa.
Polonia además forma parte del Grupo de Visegrado (Eslovaquia, Hungría, Polonia y la República Checa), que es el gran contrapeso en la UE al eje franco-alemán y a estados miembros como Países Bajos. Visegrado defiende posiciones más próximas a la defensa de la soberanía estatal y de sus valores e identidad nacional y son conocidos por ser los “chicos malos” de Bruselas, especialmente Polonia y Hungría. De hecho, dentro de la Unión, muchas voces consideran a Varsovia y a Budapest como la punta de lanza de la regresión democrática en la UE, considerando como “iliberales” las reformas judiciales, constitucionales y de derechos civiles que ponen en marcha ambos países.
En la Unión Europea preocupa mucho la posición del Grupo de Visegrado, ya que esta suerte de oposición interna es difícilmente combatible sin poner en tela de juicio la unidad dentro del bloque comunitario. Visegrado, en asuntos europeos está verdaderamente unida, y ejerce como grupo de presión homogéneo, además de ser un catalizador de los partidos y movimientos nacional-populistas por toda Europa. Hay que destacar, eso sí, que Budapest, o Varsovia no buscan romper la UE, sino modelarla desde dentro, cambiar su concepción, sus valores a la imagen y semejanza de los que defienden estos mismos gobiernos.
Una reforma judicial muy polémica
Desde 2015, en Polonia gobierna el partido de derechas y conservador Ley y Justicia, en 2019 volverían a revalidar el gobierno, pero con una coalición de partidos de derechas y extrema derecha. El gobierno polaco se ha destacado por llevar a cabo una política muy conservadora en el país, así como realizar varias reformas que Bruselas considera que vulneran el Estado de Derecho. La que ha causado más tensión es la reforma en la justicia que en la práctica supone que el Ejecutivo controle el poder judicial, y la elección de jueces, todo bajo la justificación de “purgar a los viejos jueces comunistas”. La reforma creaba la KRS, una nueva institución judicial formada por jueces nombrados por el Gobierno, siendo la encargada de vigilar al Tribunal Supremo. El Presidente polaco es quien tiene la potestad de nombrar a los jueces del Tribunal Supremo, a propuesta del Consejo Nacional de la Judicatura, cuyos miembros son nombrados por el Parlamento, tras la última reforma. Además, el Ministro de Justicia también adquiría el cargo de Fiscal General.
Ante esta legislación, el Tribunal de Justicia Europeo instaría al gobierno polaco a derogar la reforma judicial por vulnerar la legislación europea, meses más tarde, la Comisión abriría un procedimiento de infracción contra Varsovia aludiendo que la reforma judicial “permitiría un control político sobre el contenido de las decisiones” de los tribunales. El conflicto entre Varsovia y Bruselas se acrecentaría durante meses, llegando el gobierno polaco –al igual que Hungría– a amenazar con bloquear la aprobación del Fondo de Recuperación. La Comisión Europea mandaría en julio de 2021 un ultimátum a Polonia para que acatase la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo (TJE) bajo pena de sanciones.
El 7 de agosto, el número uno del partido del Gobierno Ley y Justicia, Jaroslaw Kaczynski, anunciaba la retirada de la cámara disciplinaria de jueces, tal y como encomendaba el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Kaczynski de esta forma decidía “firmar la paz” de momento con Bruselas, también por la necesidad de los Fondos de Recuperación –espera recibir 36.000 millones de euros–, a pesar de que este movimiento suponía causar fricción con su socio de gobierno, el derechista Polonia Unida liderado por el Ministro de Justicia Zbiqniew Ziobro, que defendía continuar la pelea con la Comisión. Sin embargo, a principios de septiembre de 2021, la Comisión Europea, daría un paso más allá, al pedir al Tribunal de Justicia sanciones económicas a Polonia, por “socavar el funcionamiento del sistema judicial polaco”. Bruselas argumentaría que las autoridades polacas no realizaron las medidas necesarias para cumplir la sentencia del TJUE del 15 de julio.
La escalada de tensiones alcanzaría un nuevo episodio, a principios de octubre, cuando el Tribunal Constitucional polaco, bajo el amparo del gobierno, declarase inconstitucional varios partes de los tratados europeos. En concreto se trata de los artículos 1 y 19, por el cual los tribunales polacos dejan de dar primacía al derecho europeo sobre el nacional. La decisión del Tribunal Constitucional polaco ha puesto en rumbo de colisión a ambos sistemas legales planteando una incompatibilidad que equivaldría a la salida de facto de Polonia del marco comunitario legal. El Constitucional polaco declararía que “el intento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de inmiscuirse en los mecanismos jurídicos polacos viola (…) las normas que dan prioridad a la Constitución y las normas que respetan la soberanía en el proceso de integración europea”.
La batalla entre Varsovia y Bruselas no tiene visos de terminar, y de momento, las consecuencias son imprevisibles, ya que, sin lugar a duda, esto puede tratarse del mayor ataque al derecho europeo. Es cierto que no es la primera vez que un Tribunal Constitucional europeo pone en tela de juicio a la Unión, el año pasado mismamente, el Constitucional alemán fallaría contra la actuación del Banco Central Europeo en la anterior crisis. Pero la actuación del gobierno polaco es de un cariz diferente, es un desafío directo a Bruselas y a los valores que defiende la Unión Europea. Igualmente, no se debería descartar, que, a pesar de la gravedad del mismo, esto solo sea un nuevo episodio en la pugna entre Bruselas y Varsovia por el bloqueo de los Fondos de Recuperación y la implementación del Estado de Derecho. La situación es difícil, Polonia tampoco puede permitirse aguantar el pulso mucho más con la UE, ya que depende en gran medida de sus fondos; el gobierno no está tan unido como podría parecer y la población polaca se muestra favorable a permanecer en la Unión. También hay que dejar claro que Polonia es un país dividido políticamente, las elecciones de 2019 fueron ganadas por un estrecho margen. Además, el ex líder polaco y ex Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk ha decidido volver a la política nacional, con el objetivo de “encarrilar” de nuevo a Polonia. Por otro lado, la Comisión no puede no responder, es un claro desafío al sistema institucional europeo y tiene que usar los mecanismos que tiene a su mano, jurídicos en su mayoría.
Bruselas está alarmada, ya que teme que el choque directo de Varsovia, y Budapest, cree grietas en la arquitectura institucional europea. Un incumplimiento sistemático del derecho UE por parte de estos países, con sus sistemas judiciales cuestionando la supremacía del TJUE y su oposición a las constituciones nacionales haría tambalearse a una UE que no tiene mecanismos para expulsar a estos Estados. Dejar sin efecto el derecho de la UE supondría arrebatar la única herramienta que tiene para desarrollar una política propia, por lo que la Comisión no puede permitirse ver su “poder” cuestionado. Y la herramienta de la que dispone es congelar los fondos que le corresponden a estos países, como medida de presión. Fondos que ambos necesitan.
Otros frentes en la pugna Varsovia-Bruselas
Los choques entre Bruselas y Polonia no solo provienen de la reforma judicial, como se ha explicado anteriormente, el grupo de Visegrado desea cambiar a la Unión desde dentro, y eso incluye tanto el Estado de Derecho, como el sistema de valores. Un asunto conflictivo viene dado por el estado de la comunidad LGTB en el país polaco. La comisaria de igualdad, Helena Dalli, rechazó la entrega de subvenciones europeas a las ciudades polacas autodenominadas “zonas libres LGTB” (se calcula que son un centenar). La Comisión iniciaría un procedimiento sancionador contra Polonia por “discriminación” debido a estas zonas “libres de ideología LGTB”. Como gesto simbólico, el Parlamento Europeo en marzo de 2021, adoptó una resolución declarando a la UE como “LGBTIQ FreedomZone“. Dicho gesto vendría en respuesta al anuncio del Ministro de Justicia polaco de un proyecto de ley para evitar que las parejas homosexuales pudiesen adoptar. Bajo esta ley, en Polonia solo las parejas casadas podrían adoptar, y excepcionalmente las parejas solteras. El Código de Familia especificaría que la adopción no estaría permitida para una persona que conviva con otra del mismo sexo. Polonia ya prohíbe el matrimonio homosexual, además de la adopción para parejas homosexuales. Sin embargo, las familias podían sortearlo siendo un miembro de la pareja en solitario quien adoptase, la ley prohibiría esto.
En otoño de 2020 se producirían las mayores manifestaciones en décadas en Polonia, debido a la sentencia del Tribunal Constitucional polaco que dictaminaba la prohibición del aborto por malformación del feto, siendo estos el 90% de los abortos. La siguiente polémica que protagonizaría el gobierno polaco sería la “ley de medios”, por la cual se impediría a empresas no europeas adquirir medios de comunicación, aprobada en agosto de 2021.En la práctica, la ley de medios tiene como objetivo el canal TVN, de propiedad estadounidense, y muy crítico con el gobierno. De ahí que las críticas a la ley argumenten que sea un “ataque a la libertad de expresión”. Esto causó mucho revuelo entre la oposición y entre Estados Unidos, llegando a rumorearse con la reubicación de las tropas estadounidenses a Rumanía. El mismo día de su aprobación fue bastante esperpéntica, ya que en primera instancia se aprobaría una moción de la oposición para posponer la votación, para después repetirse bajo orden de la Presidenta del Parlamento tras asegurar que no aclaró bien la fecha en la que se iba a posponer la votación de la ley. Por último, podríamos destacar la multa de 500.000 euros diarios a Polonia por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por mantener abierta la mina de lignito de Turów. La Justicia europea recogería una denuncia de Praga que argumentaría que la mina polaca dañaba el medioambiente.
*Pablo del Amo, graduado en Historia y en el máster en Cooperación Internacional por la UCM. Interesado en geopolítica y en relaciones internacionales. Intentando comprender como funciona el mundo.
Artículo publicado en Descifrando la Guerra.
Foto de portada: Vía lejournalinternational.info
