Desde los últimos meses de la administración Trump, el Partido Republicano ha emprendido un ataque sostenido contra la teoría racial crítica. También conocida como «CRT», este marco académico ofrece herramientas para iluminar la relación entre la raza, el racismo y la ley. Mediante una caricatura y una distorsión calculadas, los grupos de reflexión y los medios de comunicación de la derecha han utilizado la TRC como arma para fabricar una guerra cultural que convierte el antirracismo en el nuevo racismo.
Esta campaña emplea un guión muy trillado diseñado para sembrar la división racial, galvanizar a los votantes y proteger a las élites económicas -y a los sistemas que permiten- de una crítica significativa.
Esta campaña parece estar funcionando. Los mensajes contra la CRT se han convertido en un argumento político característico y potente del Partido Republicano. La senadora de Iowa Joni Ernst, por ejemplo, repitió un estribillo común cuando afirmó la falsedad de que «la teoría racial crítica enseña a la gente a juzgar a los demás basándose en la raza, el género o la identidad sexual, en lugar del contenido de su carácter». Más recientemente, en Virginia, el gobernador electo Glenn Youngkin cerró su campaña con la promesa de «prohibir la teoría racial crítica el primer día».
Puede que los expertos hayan exagerado el impacto de la TRC en Virginia y en otros lugares. Pero el éxito de Youngkin cimentó la TRC como una de las láminas favoritas en el libro de jugadas de los republicanos.
En el frente legislativo, entre enero y septiembre de 2021, los republicanos invocaron una retórica similar contra la CRT para justificar 54 proyectos de ley en 24 estados. Al menos 11 son ahora leyes.
Los principales medios de comunicación siguen caracterizando estas leyes como «prohibiciones de TRC». Este encuadre es comprensible y atractivo. Pero a menudo distorsiona la realidad al caracterizar erróneamente las propias leyes. La mayoría de estos proyectos de ley -si se toma en serio su texto real- piden más TRC, no menos.
Conceptos prohibidos
Consideremos un proyecto de ley recientemente aprobado por la Asamblea de Wisconsin, dominada por los republicanos. El proyecto de ley, que sigue la legislación de todo el país, prohíbe a los profesores «enseñar» una serie de «conceptos» prohibidos. Esto incluye la prohibición de enseñar que «una raza o sexo es inherentemente superior a otra raza o sexo».
Ahora imaginemos que una clase de estudios sociales de 10º grado comienza una unidad sobre la América corporativa. El profesor comienza con datos básicos sobre los directores ejecutivos de Fortune 500: el 92,6% son blancos, el 1% son negros, el 3,4% son latinos y el 2,4% son asiáticos. Estas disparidades se dan en un contexto en el que aproximadamente el 60% de la población estadounidense es blanca, el 14,2% es negra, el 18,7% es latina y el 7,2% es asiática.
El profesor comparte dos datos adicionales. Los hombres blancos -aproximadamente el 35% de la población- ocupan el 85,8% de los puestos de consejero delegado. De las 83 mujeres que se han convertido en directoras generales desde el año 2000, 72 eran blancas, lo que supone el 86% de todas las directoras generales de este siglo.
Las estadísticas invitan a una pregunta ineludible: ¿Por qué existen estas disparidades tan flagrantes?
Una de las respuestas parte de la base de que los directores generales actuales son el producto de sistemas justos e imparciales que recompensan el talento y el trabajo duro. Esta respuesta implica que los hombres blancos, en relación con todos los demás, y las mujeres blancas, en relación con las mujeres de color, son simplemente más talentosos y más trabajadores.
En efecto, esta historia sugiere que los hombres blancos son intrínsecamente superiores – el mensaje preciso que el proyecto de ley de Wisconsin prohíbe.
Explicar la ventaja
Una respuesta diferente podría explorar si los sistemas que producen los directores generales son, de hecho, justos e imparciales.
Aquí es donde entra la TRC. Hace aproximadamente 40 años, un grupo de juristas se enfrentó a una pregunta similar: ¿Por qué persisten profundas disparidades raciales incluso cuando la ley prohíbe la discriminación racial?
Cuatro décadas más tarde, estos académicos -que llamarían a su proyecto teoría racial crítica- han ofrecido respuestas diversas. Estas respuestas, muchas de ellas basadas en el trabajo seminal del profesor Derrick Bell, han puesto de manifiesto las innumerables formas en que la raza y el sexo siguen siendo poderosos factores determinantes en Estados Unidos, incluso cuando las leyes prohíben la discriminación por raza o sexo.
La profesora de nuestro ejemplo podría llevar esta sólida literatura a su clase. Al hacerlo, cumpliría con la ley de Wisconsin y, sobre todo, enriquecería el aprendizaje de sus alumnos. Podría, por ejemplo, asignar escritos de la aclamada teórica crítica de la raza Cheryl Harris, que expuso los beneficios a menudo invisibles que la blancura puede conferir, incluso a los blancos pobres.
Nuestra profesora podría recurrir a la profesora Kimberlé Crenshaw, cofundadora de la CRT, cuyo innovador trabajo nos insta a explorar cómo el racismo interactúa con el sexismo, el clasismo y la homofobia, entre otras dimensiones de la identidad.
También podría recurrir al jurista Jerry Kang, que ha explicado por qué los prejuicios implícitos llevan a menudo a las personas e instituciones a discriminar, incluso cuando mantenemos serios compromisos igualitarios.
Aunque los detalles difieren, los estudiosos mencionados -y el canon colectivo de la TRC- ofrecen una visión coherente: La sobrerrepresentación de los blancos/varones en el CEO no puede explicarse por una «superioridad inherente» de la que gozan los blancos y los hombres. Más bien, las disparidades contemporáneas son el resultado, en gran parte, de las ventajas y desventajas de raza y género -y a menudo de clase- incrustadas en los sistemas por los que deben pasar los directores generales.
La realidad política de la TRC
Para los educadores que han sido testigos de los beneficios de un plan de estudios rico en TRC, es una buena noticia que los legisladores contrarios a la TRC propongan y aprueben leyes a favor de la TRC, aunque sean involuntarias y contraintuitivas.
Pero en realidad, es poco probable que estas leyes produzcan más CRT en las aulas, independientemente de su lenguaje real.
La cruzada del Partido Republicano contra la TRC, al igual que las campañas relacionadas con los jóvenes trans y los mandatos de máscara, nunca se ha centrado en los hechos, y mucho menos en la preocupación por el texto legal. Se trata de poder, y las leyes «anti-CRT» facultan a los actores privados y públicos para atacar a los profesores que participan en conversaciones, incluso básicas, sobre la raza y el racismo.
Un informe reciente del grupo de defensa de la libertad de expresión PEN America capta esta dinámica. Después de revisar los 54 proyectos de ley, PEN concluyó: «Estos proyectos de ley parecen diseñados para enfriar los debates académicos y educativos e imponer los dictados del gobierno sobre la enseñanza y el aprendizaje. En resumen: son órdenes de mordaza educativas«.
PEN explicó además que incluso cuando los proyectos no se convierten en ley, «envían un potente mensaje de que los educadores están siendo vigilados y que existen líneas rojas ideológicas«.
En el tóxico clima político actual, esto se traduce en menos TRC en las aulas, incluso cuando la ley -y la buena enseñanza- exige más.
*Jonathan Feingold es profesor asociado de Derecho en la Universidad de Boston.
FUENTE: The Conversation. Traducido por PIA Noticias.
