México atraviesa una de sus crisis más graves en los últimos años. Desde el comienzo de la pandemia, miles de personas de diferentes países de Centroamérica atraviesan la frontera camino a Estados Unidos en caravanas, algo que aumentó de forma significativa entre 2020 y 2021, y que las autoridades de ambos países —principalmente el gobierno estadounidense— ven como amenaza y buscan interrumpir.
La última caravana partió de Tapachula, una ciudad del sur de México que tiene frontera con Guatemala y que es conocida por ser el embudo por el que pasan la mayoría de los migrantes. Desde allí, unas 4 mil personas, entre ellos gran cantidad de menores, partieron rumbo a Ciudad de México para encontrar una solución a su situación; muchos pretenden pasar hacia Estados Unidos.
La columna que partió de Tapachula logró superar un primer bloqueo de agentes de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración (INM) en su recorrido por el Estado de Chiapas. Esta caravana, organizada por los activistas Irineo Mujica, de la ONG Pueblo Sin Frontera, y Luis García Villagrán, del Centro de Dignificación Humana, se formó casi dos meses después de que los uniformados detuvieron a cuatro grupos que habían salido de la misma ciudad.
Según datos de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (COMAR), el número de solicitudes de asilo creció un 80% en 2021 en relación al período que va de 2013 a 2018. A su vez, entre enero y octubre de este año se registraron casi 110 mil solicitudes de asilo, en su mayoría del denominado triángulo centroamericano conformado por El Salvador, Honduras y Guatemala, a los cuales se vienen sumando personas de origen haitiano.
El inicio de la travesía mexicana
En la ciudad de Tapachula, la más grande en la frontera que comparten México y Guatemala con cerca de 300 mil habitantes, los pedidos de asilo se acumulan. Es allí donde se registra el 70% de las solicitudes, las cuales actualmente se encuentran interrumpidas. Se calcula que en el mes de septiembre cerca de 35 mil desplazados deambulaban desde enero por la ciudad a la espera de la documentación que les permita continuar viaje sin correr riesgo de ser detenidos por la Guardia Nacional y luego ser deportados. A estas solicitudes se suman otras tantas que esperan desde 2019.
Según explica la reportera Helena Reina en este artículo, lo primero que hacen las personas al llegar a Tapachula es tratar de conseguir un documento que les impida ser devueltas al punto de partida. Para ello, acuden a las oficinas de la COMAR y sacan un turno. Sin embargo, la institución se encuentra saturada por la reducción de presupuesto, personal y medios para atender los numerosos pedidos de los últimos meses.
Para quienes deciden esperar la documentación requerida, la situación en Tapachula se ha vuelto cada vez más complicada. El precio inalcanzable de los cuartos de hotel obliga a miles de personas a alquilar habitaciones compartidas, sin ventilación, agua ni comodidades, en un municipio donde las temperaturas más altas pueden llegar a los 31 grados. A su vez, las oportunidades de trabajo escasean hasta para los locales, lo cual ha generado una situación de enemistad. Quienes logran conseguir empleo lo hacen a cambio de remuneraciones que no superan los cuatro dólares por día, en el mejor de los casos.
A su vez, aquellos que deciden continuar viaje rumbo a otros municipios deben enfrentar varios peligros: por un lado, los asaltantes en zonas poco transitadas, que buscan quitarles el poco dinero que tienen. Por otro, el cuidado en relación a los halcones de los carteles, quienes reclutan a los hombres y secuestran mujeres para venderlas. Uno de los peligros más temibles para los desplazados es el encuentro con las fuerzas de seguridad, que detienen y deportan a Guatemala a aquellas personas que circulan sin solicitud de asilo, haciendo que miles de personas deban encarar la travesía hacia el norte desde cero, una y otra vez.
Fue desde Tapachula que a fines de octubre partió la última caravana con cerca de 4 mil personas. Desde allí, y a partir de los operativos policiales enviados por el gobierno mexicano para disolver y detener a los desplazados, se vieron las imágenes de violencia que circularon en los últimos días y que ganaron gran destaque internacional como un capítulo en la crisis migratoria.
Medidas más duras
Si bien la relación entre la administración mexicana y la estadounidense ha mejorado desde la llegada de los demócratas a la Casa Blanca, el debate en torno al flujo de personas que buscan atravesar la frontera no se detuvo. La situación se debe al alto número de cruces fronterizos en el último año. Para el mes de julio ya se habían registrado cerca de 212 mil encuentros informados por las autoridades estadounidenses.
Ante la situación, el gobierno de Biden pidió en agosto al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que despeje los campamentos que albergan a los desplazados en las ciudades fronterizas de México. El argumento fue que representan un riesgo para la seguridad porque atraen a bandas de narcotraficantes para que se unan a sus filas. De esta manera, Estados Unidos espera que desde México las autoridades colaboren con el blindaje de la frontera de más de 3.200 kilómetros.
La polémica iniciativa «Título 42» de la era Trump también funciona como barrera para impedir la entrada de desplazados. Ante la llegada de la pandemia, el gobierno norteamericano vio la situación sanitaria como una oportunidad para frenar la circulación de personas en la frontera. Las consecuencias de dicha medida fueron la formación de campamentos del lado mexicano, donde a cada día se suman más personas. La actual administración estadounidense exigió que estos focos sean despejados.
A esta petición se le suma la decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos de restablecer el programa «Quédate en México», instalado también durante el gobierno de Donald Trump, que obliga a los solicitantes de asilo a esperar sus procesos del lado mexicano. Si bien este fallo fue lamentado públicamente por el gobierno y se estima que pueda ser apelado, las presiones hacia México se dan también en acuerdos de cooperación entre ambos países.
Ya en la primera reunión entre AMLO y Kamala Harris —encargada de las relaciones diplomáticas con Guatemala, Honduras, El Salvador y México— la vicepresidenta reforzó la idea de trabajar para detener el flujo de personas que buscan ingresar a Estados Unidos. Desde Washington se anunció el impulso a un plan para invertir hasta 4 mil millones en la región en cuatro años. De acuerdo al anuncio, lo que se busca es atacar las causas que producen los desplazamientos, generando empleo y mejores condiciones de vida. Sin embargo, las propuestas concretas son pocas.
Por parte del gobierno de México se propuso el impulso al programa «Sembrando Vidas», cuyo objetivo es sembrar cerca de tres millones de hectáreas en Centroamérica para generar 1,3 millones de puestos de trabajo. Para que esto ocurra es necesaria la inversión de ambos países, algo en lo que todavía no hubo avances.
Mientras la diplomacia sigue dilatando las soluciones concretas, en las fronteras norte y sur, la miseria y el maltrato configuran una realidad diaria. Ya sea por acción de organizaciones criminales o de fuerzas de seguridad, quienes avanzan hacia el norte padecen el abandono y la violencia de las autoridades. Otra caravana inicia su travesía y las escenas de violencia se repiten como la pesadilla prolongada de miles de personas.
FUENTE: ARG Medios.
