Desde su fundación en 1948, el «Estado de Israel» ha promovido una intensa campaña para borrar la historia, la cultura y la resistencia palestinas en todos los frentes. Las organizaciones de derechos humanos, como el Movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones, conocido por el acrónimo BDS, y los activistas de todo el mundo son el blanco constante de esta embestida.
Recientemente, «Israel» ha atacado frontalmente al movimiento palestino de derechos humanos, designando a seis organizaciones no gubernamentales (ONG) como «grupos terroristas», con el objetivo de silenciar, restringir y desbaratar su trabajo. Si las ONG de derechos humanos son «terroristas», ¿cómo deberíamos designar al «Estado de Israel», que practica violaciones del derecho humanitario, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y apartheid?
La designación de «terroristas» anunciada por el ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, basada en una draconiana ley de 1996, está destinada a castigar a los palestinos por lanzar piedras, enfrentarse a la policía, ondear banderas y corear consignas en defensa de Palestina o incluso publicar y compartir posts en Facebook e Instagram, dos plataformas hostiles a la causa de liberación del pueblo palestino.
La legislación «antiterrorista» autoriza a los sionistas a cerrar oficinas, confiscar bienes y detener a directores y empleados de las entidades. La acusación del ministro Gantz es que las organizaciones formarían parte de una red de apoyo al Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), que supuestamente pide la «destrucción de Israel mediante actos terroristas». Sin embargo, el ministro israelí no aportó ninguna prueba para respaldar sus afirmaciones.
El ministro que designó a organizaciones con reputación internacional como «terroristas» es el que comanda las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), que llevan a cabo detenciones, asesinatos, genocidio y limpieza étnica en los territorios ocupados. Las organizaciones atacadas por Gantz son precisamente las que denuncian que miles de niños palestinos son detenidos cada año y el uso de técnicas y métodos de tortura durante los interrogatorios realizados por «Israel», en una clara violación fundamental de los derechos humanos de los palestinos.
Las organizaciones afectadas son la Asociación de Apoyo a los Presos y los Derechos Humanos (Addameer), cuyo sitio web actualiza con frecuencia la situación de los presos políticos palestinos; Al-Haq, que defiende los derechos humanos de los palestinos desde 1979; Defensa de los Niños Internacional (DCI), que lleva 35 años trabajando por los derechos de los niños; la Unión de Comités de Trabajo Agrícola (UAWC); el Centro Bisan de Investigación y Desarrollo; y la Unión de Comités de Mujeres Palestinas, vinculada a la OLP.
Se trata de grupos humanitarios y de derechos humanos respetados internacionalmente, que cooperan con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) e importantes tribunales de justicia internacionales, como la Corte Penal Internacional (CPI) y la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con los que mantienen asociaciones para el suministro de información, investigaciones y estudios sobre las constantes violaciones de derechos por parte de la ocupación sionista.
La medida arbitraria del Ministerio de Defensa de «Israel» adoptada el pasado 22 de octubre llevó a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michele Bachelete, a emitir un comunicado en el que declara que «defender los derechos ante la ONU y cualquier otra entidad internacional no es un acto de terrorismo, defender los derechos de las mujeres no es terrorismo y prestar asistencia jurídica a los palestinos detenidos tampoco es terrorismo».
«Israel es un Estado terrorista que actúa en desacuerdo con el derecho internacional, amenaza y viola los derechos de los palestinos, como denunció en julio de este año Human Rights Watch (HRW). La organización, a través de un informe, pone en conocimiento público el apartheid, los crímenes de guerra y la violación del derecho internacional y del derecho internacional humanitario promovidos por el Estado israelí, hechos documentados durante décadas por varias instituciones internacionales de derechos humanos.
El informe de 213 páginas de HRW denuncia con sobradas pruebas que «Israel» actúa como un «Estado» que goza de impunidad y, para ello, cuenta con el pleno apoyo de EE.UU., que le protege del castigo y le permite seguir cometiendo crímenes de guerra y contra la humanidad, como asesinatos reiterados, encarcelamientos, desplazamientos, violación de lugares sagrados para cristianos y musulmanes, y robo de tierras y recursos naturales como las fuentes de agua palestinas.
HRW y Amnistía Internacional advirtieron de la «alarmante escalada que amenaza con cerrar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil más destacadas de Palestina». Otra declaración, firmada por más de 250 grupos de derechos humanos de diversas partes del mundo, denuncia que la medida «se produce en el contexto de la continua ocupación y de los ataques del Estado de apartheid contra los derechos humanos del pueblo palestino, especialmente su derecho a luchar por todos los medios por la libertad, el retorno, la autodeterminación y la construcción de su Estado palestino independiente».
Desde 1967, «Israel» ha prohibido más de 400 organizaciones palestinas e internacionales, incluidas las entidades benéficas y los medios de comunicación, por considerarlas «hostiles» o «ilegales», incluidos los partidos políticos, como Fatah, que gobierna la Autoridad Palestina y la OLP, con la que «Israel» firmó los Acuerdos de Oslo en 1993. Las acusaciones más recurrentes son por supuesto «terrorismo» y «antisemitismo».
«Israel» viene adoptando una legislación racista desde su fundación, con el objetivo de relegar a los árabes palestinos que viven en la región a un régimen de democracia de fachada, negándoles la igualdad de derechos políticos y sometiéndolos a una permanente y odiosa discriminación en los distintos ámbitos, que los convierte en ciudadanos de segunda clase ante el apartheid de la supremacía judía.
La comunidad internacional debe replantearse su implicación con el régimen sionista y adoptar enfoques centrados en la defensa de los derechos humanos de los palestinos, responsabilizar al «Estado judío» y castigarlo por sus constantes violaciones, así como crear una Comisión de Investigación en el seno de la ONU para investigar la discriminación y la represión sistemáticas de «Israel» contra los palestinos y sus organizaciones humanitarias.
*Sayid Marcos Tenório es historiador, especialista en Relaciones Internacionales y colaborador de PIA Global. Es vicepresidente del Instituto Brasil-Palestina (Ibraspal) y autor del libro Palestina: del mito de la tierra prometida a la tierra de la resistencia (Anita Garibaldi/Ibraspal, 2019. 412 p). Correo electrónico: sayid.tenorio@uol.com.br -Twitter: @HajjSayid
