Para los dirigentes comunitarios, el gobierno conservador del partido «Ley y Justicia» (PiS) ha desoído todos los apercibimientos sobre la controvertida «cámara disciplinaria» de la Corte Suprema nacional que, según Bruselas, propicia el control político sobre los jueces polacos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea aplica, con la multa de un millón de euros diarios hasta que Varsovia obedezca, el castigo más duro desde el nacimiento del club comunitario.
Como era de esperar, las reacciones del gobierno polaco hablan de «chantaje», de «agresión» y, como ya se dijo días antes, de «guerra híbrida jurídica» contra su país. Lo cierto es que, a la UE, que horas antes de la decisión de su brazo jurídico abogaba por la negociación, quizá no le quedaba más remedio que dar un zapatazo sobre la mesa para no seguir perdiendo una credibilidad creciente entre los ciudadanos europeos.
Una norma impuesta a escondidas y contra la opinión popular
Convendría, sin embargo, recordar cómo la cuestión de fondo, la primacía de la justicia europea sobre el derecho, la soberanía y las constituciones nacionales, es un empeño que se introdujo de tapadillo en los textos legales europeos.
Por supuesto, no figuraba en el Tratado de Roma, la fe de bautismo de la UE en 1956; en 1970, el Tribunal de Justicia de la UE reafirma el principio que se mencionó implícitamente en 1964, pero todos los pasos se dan en la oscuridad de los despachos y sin repercusión entre la prensa y la ciudadanía que el caso merece. La regularización se intentó en 2004, con el «Tratado sobre la Constitución Europea». Y explotaron las primeras minas contra la medida.
El texto debe ser refrendado por los parlamentos de cada país europeo. En Francia y los Países Bajos los ciudadanos rechazan la «Constitución», pero los gobiernos hacen caso omiso de la opinión popular mayoritaria e imponen la medida. Ese es el valor que se da a la respuesta democrática de un ciudadano que se niega a abdicar de su soberanía. El Tratado de Lisboa, en 2007, introduce el supuesto de la sujeción del derecho nacional al comunitario relegado al anexo del texto principal, semiescondido bajo el epígrafe «Declaración número 17».
Es ya un tópico referirse a la decisión del Tribunal Constitucional alemán, que en 2020 puso en duda la jurisdicción europea en el caso de compra de deuda del Banco Central Europeo. Prueba de que no son los «iliberales» los que ponen en duda los mandamientos de la UE.
Centroeuropa defiende su soberanía
La integración en la UE de cuatro países centroeuropeos, en especial los componentes del Grupo de Visegrado (Polonia, Hungría, Eslovaquia y República Checa) saca de las catacumbas legales la cuestión de la soberanía jurídica nacional en una secuencia paralela al choque de valores entre los nuevos miembros y los llamados países fundadores.
Para los cuatro de Visegrado su cultura y su religión forman parte de una historia de resistencia ante poderes exteriores impuestos. El modelo «liberal» del Oeste de Europa —y concretamente de Francia y Alemania— se da, sin embargo, como consustancial a la pertenencia al club.
Pero ese modelo que saluda la eliminación de diferencias culturales, al tiempo que los controles en las fronteras, ese ejemplo de multiculturalidad no es aceptado por todos en una organización que, por mucho que ahora sus dirigentes insistan en los «valores de la UE», es por encima de todo, un pacto de libre comercio entre vecinos que hace décadas se mataban en los campos de batalla por razones territoriales, económicas o ideológicas.
Valor moral y valor económico
La multa diaria, 365 millones de euros al año, supone el 3 por de la suma que percibe de la UE en el mismo período Polonia, 12.000 millones de euros. A ese castigo se suma la congelación de la cantidad que Varsovia recibiría del plan de relanzamiento post-COVID, 36 mil millones de euros.
El castigo económico al «crimen» del gobierno polaco golpea pues a una población mayoritariamente (80%) anti «Polexit». Los dirigentes de la UE saben que la añagaza económica es la principal arma para hacer respetar lo que ellos defienden e imponen como unos «valores comunes» que la realidad demuestra que no lo son por mor de la historia.
Además, cuando esos valores son convertibles en moneda se pone de manifiesto que el principal interés de los aspirantes a la entrada en la Unión Europea es la seguridad de recibir miles de millones de euros en ayudas durante años. Un maná que nunca obtendrían por sus propios medios. Luego, renunciar a sus propios valores es la condición obligatoria para ser admitido en la organización.
