Es habitual ver a los apologistas de Israel presentar al Estado judío como “la única democracia” de Oriente Medio. Bajo esta lógica se trataría de una especie de oasis de democracia en un desierto autoritario y dictatorial, una democracia de estilo occidental basada en los valores democráticos liberales y en la herencia judeocristiana que Israel comparte con las democracias liberales occidentales.
Tales afirmaciones no son más que una cortina de humo para ocultar la exclusividad etnorreligiosa judía inherente a la ideología racista sionista, las desigualdades estructurales y las prácticas discriminatorias que el Estado de ocupación israelí lleva a cabo contra sus ciudadanos no judíos.
Un apartheid consolidado por el parlamento israelí
Desde la declaración de independencia, el 14 de mayo de 1948, Israel ha dispensado un trato diferenciado a los palestinos en el nuevo Estado mediante la adopción de al menos 60 leyes discriminatorias en favor de la población judía y en detrimento de la población no judía. Israel otorgó a los árabes -cristianos y musulmanes- una condición diferenciada y los convirtió en ciudadanos de segunda clase en la sociedad israelí. Desde 1948, estos ciudadanos han sufrido restricciones democráticas observadas en otras regiones del mundo, como los derechos de movilidad, reunión, expresión y manifestación.
Una de las primeras leyes aprobadas por el parlamento del recién creado Estado de Israel (Knesset) en 1950 fue la Ley del Retorno, que permite a cualquier judío de cualquier parte del mundo el derecho a emigrar a Israel y convertirse en ciudadano con plenos derechos. La misma legislación prohibió el derecho de los palestinos afectados por la Nakba a regresar a los hogares de los que habían sido expulsados desde 1948. El 6 de mayo de este año, la Knesset derogó la ley segregacionista que los sionistas llamaban Ley de Ciudadanía, según la cual el cónyuge árabe que decidiera vivir en Israel tendría que renovar cada año la solicitud de residencia temporal.
Otras dos leyes draconianas son la Ley de la Knesset y la Ley de Reunificación Familiar. La primera, la Ley de la Knesset, aprobada en 1958 y modificada en 1985, establece la prohibición de presentarse al parlamento a cualquier candidato que niegue la esencia judía del Estado de Israel. Está claro que esta legislación pretende impedir los candidatos palestinos y antisionistas, además de establecer una cláusula de barrera del 3,5% de los votos para que el partido pueda elegir un miembro de la Knesset.
La segunda, la llamada Ley de Reagrupación Familiar de 2003, hace imposible que los ciudadanos israelíes vivan con sus cónyuges de los territorios palestinos ocupados de Cisjordania o Gaza, pero permite a los ciudadanos judíos vivir en Israel con sus cónyuges extranjeros.
No es de extrañar que el 19 de julio de 2018 la Knesset aprobara la llamada Ley Básica del Estado-Nación, por la que Israel se convierte legalmente en un Estado exclusivo para judíos. La aprobación de esta legislación discriminatoria supuso una victoria para la extrema derecha sionista que gobierna Israel y una derrota para el resto del mundo, donde no existen precedentes de esta naturaleza, además de ir en contra de casi todos los países miembros de las Naciones Unidas que reconocen el derecho de los palestinos a su Estado independiente y soberano.
La etnocracia israelí es lo contrario de una democracia
Como podemos observar, el llamado Estado de Israel es lo contrario de una democracia, siendo en realidad una etnocracia -aunque los judíos no constituyen un grupo étnico, sino seguidores de la fe judía- que incorpora algunos elementos de una democracia liberal occidental, como las elecciones y los sistemas de votación, la pluralidad política, la prensa libre e incluso el reconocimiento de las relaciones homoafectivas.
La etnocracia es un régimen que surge cuando los miembros de un determinado grupo étnico-nacional -los judíos en el caso de Israel, los blancos en la Sudáfrica del apartheid o los supremacistas blancos cristianos en Estados Unidos- toman el control del gobierno y del ejército para imponer un régimen de exclusividad y privilegio sobre otros grupos étnicos o religiosos, sobre lo que es en realidad una sociedad multiétnica o multirreligiosa.
A diferencia de las democracias liberales de Estados Unidos y Europa Occidental, en las que se aplica un modelo de nacionalismo civil y democracia inclusiva, Israel sigue aferrado a un paradigma nacionalista étnico en el que el país no pertenece a todos sus ciudadanos, sino a un grupo étnico-religioso concreto.
La proclamación de Israel como “Estado judío” es absurda en el mejor de los casos y racista en el peor. ¿Imagina que Inglaterra o Estados Unidos decidieran llamarse “Estado protestante”, convirtiendo automáticamente a todos los no protestantes en ciudadanos de segunda clase, negándoles la plena ciudadanía y los derechos? Eso es lo que ocurre con Israel.
Los árabes palestinos que viven en Israel, al recibir la ciudadanía israelí, gozan técnicamente de cierto nivel de libertad de lengua, religión y cultura y tienen derecho a votar y a estar representados en el Parlamento de Israel. A pesar de una fachada de gobierno democrático, Israel sigue negando a sus ciudadanos árabes la igualdad de derechos políticos, discriminándolos en diferentes ámbitos como la ciudadanía, la salud, la educación, el matrimonio, la financiación municipal, la vivienda, la propiedad de la tierra, etc.
Aunque esta población árabe participa en partidos dentro de la configuración política israelí y ha logrado elegir representantes en el parlamento, no logra una influencia relevante sobre el Estado. Ninguna decisión gubernamental se considera legítima si no cuenta con una “mayoría judía”, es decir, con el apoyo de una mayoría de judíos en el parlamento, en lugar de una mayoría parlamentaria, porque para ello hay que tener en cuenta los votos de los parlamentarios árabes.
¿Qué democracia es aquella en la que el poder militar y la omisión de los organismos internacionales se utilizan para perpetuar un Estado que no respeta el derecho internacional, que no tiene una constitución, y en la que la base jurídica de la autoridad del Estado es un conjunto de “leyes básicas” que tratan de varias ramas del derecho sin límites definidos? ¿Qué clase de democracia es ésta en la que la base legal se cambia cada vez que los líderes de la ocupación lo consideran necesario, para extender el régimen de apartheid y la negación de los derechos de los palestinos?
*Sayid Marcos Tenório es historiador y especialista en Relaciones Internacionales y colaborador de PIA Noticias. Es vicepresidente del Instituto Brasil-Palestina (Ibraspal) y autor del libro Palestina: del mito de la tierra prometida a la tierra de la resistencia (Anita Garibaldi/Ibraspal, 2019. 412 p). Correo electrónico: sayid.tenorio@uol.com.br Twitter: @HajjSayid
