Una década después el saldo es desigual y oscila entre los autoritarismos modernizados -que han flexibilizado formalmente sus regímenes sin cambios de fondo, como Marruecos-; una transición en falso -como la vivida con Egipto que pasa del dominio militar de Mubarak al de Al Sisi-, el conflicto armado -en Siria o Libia, asomándose al abismo de los Estados fallidos este último país- y en tan solo un caso una “transición exitosa a la democracia” -el caso de Túnez-.
Ese era al menos el balance oficial de una década de cambios y convulsión en la región. Túnez, origen de las protestas, conseguía derrocar a Ben Alí -en el poder desde 1987- en tiempo récord, tras poco más de un mes de multitudinarias movilizaciones que se expandieron con rapidez por todo el país. El alarmante paro juvenil y la corrupción política sirvieron de trampolín.
Tras ello se habría una gran incógnita sobre como configurar el nuevo Estado tunecito. El resiliente islamismo político de Ennahdha (Hermanos Musulmanes), oposición a Burguiba (primer presidente del país que se inspiró en el panarabismo durante sus primeros años en el poder) y Ben Alí, se erigió como única fuerza sólida ante una movilización masiva pero desestructurada orgánica e ideológicamente.
Las elecciones de 2011 a la Asamblea Constituyente de Túnez otorgaron una amplia victoria al islamismo político, algo insólito en país. La tensión entre secularismo e islamismo se haría patente en un clima de inestabilidad social; peligraba la transición.
No obstante, se conseguiría alcanzar un amplio consenso político que evitó la escalada. El denominado Cuarteto Nacional de Diálogo, -formado por la patronal, el sindicato UGTT, la Liga Tunecina de DDHH y la Orden Nacional de los Abogados de Túnez- auspició el acuerdo que alejó al país de una nueva confrontación. Motivo por el que el laureado Cuarteto se haría con el Nobel de la Paz en 2015. La cristalización de este pacto sería la aprobación de una nueva Constitución, la de 2014.
La Carta Magna consagró buena parte de las reivindicaciones de la primavera árabe; más libertades civiles, elecciones multipartidistas competitivas y libertad de expresión. Uno de los textos más avanzos de toda la región al reconocer el islam como religión oficial, aunque garantizando la libertad de culto para el resto de confesiones. Así como un complejo sistema de pesos y contrapesos que equilibrase el poder institucional, un engranaje diseñado para evitar las tensiones vividas en 2014.
Pero el nuevo Túnez se levanta sobre bases frágiles. Economía y política acechan a esta renacida república semi presidencialista. El avance en derechos y libertades no sacia las expectativas generadas, tampoco el hambre. Hoy un tercio de la juventud tunecina está en paro, una cifra cronificada desde 2011. Una generación defraudada con la política y que sufre la falta de oportunidades de una economía apenas diversificada. El coctel perfecto para que el país afronte una década desde la caída de Ben Alí con manifestantes en la calle.
Crisis económica
El modelo productivo, casi de monocultivo, se sustenta en el sector servicios, que aporta cerca del 70% del PIB -la mayor tasa de los países de la región-. El turismo es el motor económico de Túnez que, con apenas 11 millones de habitantes, preveía recibir 12 millones de visitantes para el año 2020. El sector aporta más del 8% del PIB y da empleo directo a 400.000 personas.
En contraste con sus vecinos Libia y Argelia las escasas reservas de hidrocarburos no llegan a cubrir la demanda interna y su producción mantiene una caída sostenida desde el gobierno de Ben Alí. La industria del país sufre un estancamiento desde hace años y se enfoca fundamentalmente a la exportación de materias primas.
La agricultura y la actividad agroindustrial -el procesamiento y transformación de alimentos- representa otra parte importante de la economía. Especialmente la producción de aceite de oliva y fruta.
La fragilidad de la economía tunecina, precaria y poco diversificada, se evidenció con la crisis de la COVID-19, que puso sobre las cuerdas al modelo productivo del país. Las restricciones de movilidad asfixiaron la actividad turística, locomotora del crecimiento tunecino, que pronto hizo efecto arrastre al resto de actividades del sector servicios. El segundo semestre de 2020 la economía se contrajo en un 21%, la mayor caída desde que se tienen datos; el sector terciario encabezó la caída con cerca de un 30% menos de actividad. El paro ha escalado al 18% y se estima que la mitad del PIB reside ya en la economía informal. La pandemia llegó incluso a paralizar la producción de petróleo o de fosfatos, lo que evidencia las severas fallas de la economía tunecina y su dependencia de terceros países.
El descenso en los ingresos y la destrucción de empleo ha intentado ser sostenida por las raquíticas finanzas del estado tunecino, que alcanzó un 9% de déficit (gasto-ingresos) en el último ejercicio, lo que deja la deuda pública del país rozando el 100%. Las dificultades para afrontar sus pagos internacionales y nacionales empujaron al gobierno a los brazos del FMI; en mayo de 2021 el parlamento debatió los términos del cuarto préstamo que recibe el país en una década.
El primer ministro tunecino, Hichem Mechichi, calificó este préstamo como “última oportunidad” para la economía del país. Con la inyección de 4.000 millones de dólares del FMI se busca financiar el presupuesto público y poder afrontar los pagos más inmediatos. El gobernador del banco central de Túnez, Marouane Abassi, ratificó este extremo: “El Banco Central no está listo para abrir las puertas para financiar el presupuesto, porque dentro de cuatro meses nos encontraríamos con una inflación de tres dígitos”.
Pero la llegada del dinero viene condiciona por una serie de “recetas” que podrían terminar de dinamitar la situación social del país. Entre las medidas que el gobierno debe aplicar se encuentra la retirada de subsidios a productos básicos, congelar el sueldo de los trabajadores públicos -casi 700.000- y actuar sobre varias empresas estatales que previsiblemente serán privatizadas.
La recomposición del mapa político tunecino y la agudización de la crisis institucional
El modelo político emanado de la Constitución de 2014 también está mostrando serias deficiencias y no está completamente asentado. La población tunecina afronta con frustración la falta de mejoras materiales tangibles tras una década de revolución; la estructura económica permanece inmóvil y la nueva clase política no es percibida como opción capaz de afrontar los problemas del país.
El Tribunal Constitucional, máxima instancia judicial para interpretar la Carta Magna y resolver conflictos de competencias, sigue sin crearse desde 2015. Y el modelo semipresidencialista ha dado lugar a una gran crisis entre poder ejecutivo y el legislativo. La reconfiguración del mapa político en 2019 solo agudizó la confrontación.
En las elecciones parlamentarias del 6 octubre de 2019 se constató la desafección política y solo votó el 41,7% del censo, una espectacular caída del 26% en la participación respecto a la cita de 2014. El resultado fue una cámara hiperfragmentada con una veintena de partidos con representación y sin mayorías claras.
Una semana después, el 13 de octubre, se celebró la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, donde el candidato independiente Kaïs Saied se impuso con el 70% de los votos al secularista Qalb Tounes. El nuevo presidente, muy conservador socialmente, contó con el apoyo de Ennahdha, que no consiguió pasar al balotaje en primera ronda.
Solo restaba que el atomizado parlamento tunecino nombrase a un primer ministro. Una difícil tarea que no se consiguió hasta el 27 de febrero de 2020, cuando una amplia coalición nombró al secularista Elies Fajfaj. Pero apenas seis meses después, las sospechas de corrupción y la férrea oposición de Ennahdha forzaron la salida de Fajfaj, que sería sustituido Hichem Mechichi, un independiente cooptado por los islamistas.
Pero pese a la cercanía ideológica entre presidente y primer ministro el conflicto no haría sino agravarse. Ennahdha se distanciaría del presidente Saied, sobre el que no podía influir tanto como quisiera, y aprovechó la cercanía del primer ministro Mechichi. Comenzaba entonces una gran crisis de competencias donde ambos poderes se acusaban mutuamente de sobreexcederse en el ejercicio de sus funciones. Todo sin que el ansiado Tribunal Constitucional, que debería resolver este litigio, esté en funcionamiento.
Para muchos analistas Ennahdha ha retomado una visión más ortodoxa, dejando el perfil “islamista democrático” que había adoptado durante el periodo constitucional y posicionándose de nuevo con posiciones religiosas más integristas al estilo de sus partidos hermanos turco o sirio. En concreto los islamistas están reivindicando en el parlamento una mayor influencia de la shaira (ley islámica) y en enero de 2021 dio un paso clave al implementar “zakat” (un impuesto religioso mandatado por el Corán) en el ayuntamiento de Al-Karam, un pueblo costero que se asienta sobre las ruinas del antiguo imperio cartaginés.
Este impuesto es recolectado directamente por las sociedades islámicas y escapa al control de la administración pública. Una línea roja para muchos juristas, que consideran que rompe con el espíritu de la Constitución de 2014. El funcionamiento de mezquitas como extensión de los Hermanos Musulmanes ha sido una realidad en otros países de la región y preocupa que la imposibilidad de fiscalizar el “zakat” y otras medidas similares pueda servir para financiar la actividad de Ennahdha.
No obstante, el mayor pulso fue el protagonizado por el primer ministro Mechichi en enero de este año, cuando consiguió el respaldo del parlamento para reestructurar el gobierno. Una jugada rechazada por el presidente Saied, que consideró “inconstitucional” ese cambio al no haber sido consultado. El resultado, una crisis política que ha paralizado la vida institucional del país.
A este choque se suma el Partido Desturiano Libre (PDL), que representa a los nostálgicos de la dictadura de Ben Alí y es la cuarta fuerza política en el Congreso (con 17 asientos) tras Ennahdha (52) y los seculares de Qalb Tounes (38) y la izquierda de Bloque Democrático (22). El PDL, dispuesto a pescar en aguas revueltas, azuza la confrontación política entre ejecutivo y legislativo con un lenguaje belicoso y reivindicando la estabilidad que tenía el país antes de la primavera árabe. Según las encuestas el PDL conseguiría canalizar buena parte del descontento situándose como primera fuerza política en unas hipotéticas nuevas elecciones con el 36% del voto.
El sistema político tunecito da señales de agotamiento antes incluso de haberse asentado. El propio presidente Saied afirmó el 15 de junio que Túnez necesita “un nuevo sistema político y una verdadera constitución, porque esta constitución está basada en el hecho de poner obstáculos por todas partes y las instituciones no pueden actuar con obstáculos o desacuerdos”.
Protestas y emigración frente a la crisis
En este escenario las protestas han vuelto al país. De nuevo reclamando una mejora en sus condiciones de vida y de nuevo sin una articulación política clara. Las manifestaciones, que se repetían con mayor o menor intensidad desde finales de 2016 -cuando se implementaron las primeras medidas de austeridad-, se han mantenido ininterrumpidamente. Para principios de 2020 era habitual encontrar protestas y disturbios en los suburbios de las grandes ciudades, donde la juventud hace de ariete de este nuevo ciclo de movilizaciones.
Pese a la COVID, que pausó forzosamente las protestas durante unos meses, tras la relajación de las medidas sanitarias las calles han vuelto a llenarse. Lo hacen incluso con más fuerza, ya que la pandemia ha empeorado la crisis económica y política.
A estas marchas se suma gran parte de la izquierda tunecina, agrupada parlamentariamente en la coalición Bloque Democrático, que aúna fuerzas socialdemócratas y nacionalistas árabes y un total 22 escaños en el parlamento; también está presente la otra fuerza política de la izquierda tunecina el Movimiento del Pueblo (MPUP). También lo hace la poderosa UGTT, que especialmente denuncia la precariedad laboral y el aumento del coste de vida. Pero en todo caso las manifestaciones mantienen un patrón espontáneo y sin formular una alternativa política clara; es una reacción a la crisis múltiple del sistema pero que no se ha canalizado políticamente ni por la izquierda parlamentaria ni por una nueva organización.
La respuesta policial, que responde con dureza a las protestas, está ahora también en el foco de la opinión pública. Las numerosas muertes de manifestantes, la última este mismo 9 de junio, es comparada con la ejercida por Ben Alí. La respuesta está siendo el aumento de los disturbios y saqueos al término de las movilizaciones, lo que está crispando aún más el ambiente.
El aliciente principal que empuja a los jóvenes a volver a salir a las calles es la falta de expectativas que ofrece el país. Pero más allá de las protestas muchos optan por irse, y la migración se ha convertido en un auténtica problema para el Túnez posrevolucionario.
Desde la península del cabo de Bon, el caprichoso saliente de tierra que acerca Túnez a Italia, se ha multiplicado la salida de tunecinos. A escasas dos horas en coche de la capital del país, desde sus costas casi puede atisbarse la montañosa isla italiana de Pantelaria. Entre medias solo hay 70km de Mar Mediterráneo que los migrantes deben cruzar montados en hacinadas barcazas.
Se estima que tan solo en los primeros cinco meses de 2021 unos 3.000 tunecinos llegaron a Italia. Con la llegada del verano se espera que cifra crezca y tan solo en la primera quincena de junio fueron 896 los migrantes del país norteafricano que llegaron a suelo europeo. De cumplirse los pronósticos este año podría batir los récords de migración de Túnez.
La UE, principal valedora del país a escala internacional junto con EEUU, se ha apresurado a reforzar la “cooperación en materia de migración” ofreciendo suculentas ayudas a cambio de un descenso de los flujos migratorios. Toda una bomba de relojería para las autoridades tunecinas, que deben retener en su tierra a jóvenes precarios sin expectativas ansiosos por llegar a las “próspera Europa”.
No obstante, el club comunitario sabe que pese a su fragilidad conviene mantener el modelo político tunecino por miedo a que un auge de las protestas que pudiese traer más migración y un nuevo liderazgo alejado de los intereses europeos. La UE ha aumentado las partidas en desarrollo y dado facilidades económicas para la exportación de productos como el aceite de oliva; algo muy significativo al retirar impuestos al super protegido sector agrario europeo. Todo ello con la finalidad de aliviar la presión económica.
Una década después la transición tunecina se tambalea y el régimen político del 2014 se resquebraja económica y políticamente. Si bien no se trata de un punto de no retorno, no existen certezas sobre el futuro de Túnez. Los movimientos en clave nacional e internacional podrían decantar la balanza hacia el continuismo constitucional -que ciertamente no tiene un horizonte claro-, el islamismo de Ennahada -reforzando una alianza con Turquía y restringiendo libertades civiles y religiosas-, un retroceso encabezado por PDL -que buscaría parar con mano dura las movilizaciones y articularía un liderazgo fuerte-, profundizar el secularismo o una nueva primavera árabe que redefiniese totalmente las reglas de juego.
*Nestor Prieto es estudiante de Ciencia Política en la Universidad de Salamanca. Militante. Ha cubierto y vivido sobre el terreno los procesos migratorios en Grecia, Italia y Melilla.
Artículo publicado por Descifrando la Guerra y editado por el equipo de PIA Global
