El nombre del medio es puramente anecdótico: sean de derechas, de izquierdas, de centro o incluso profesen el «todo a cien», casi todos los medios, a modo de «partido único», publican casi lo mismo para denunciar la «deriva criminal del régimen de Daniel Ortega». Semejante unanimidad debería hacernos dudar. O bien Nicaragua se ha convertido efectivamente en «el Gulag centroamericano» del diario español El País (27 de junio), o este sorprendente consenso es una perversa (o perezosa) abstracción aplicada a la realidad.
Heredero de la lucha de liberación contra la dictadura de Anastasio Somoza (1979) y luego de la resistencia a la guerra de baja intensidad impuesta por Ronald Reagan (1981-1989) y George H.W. Bush (1989-1993), el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) volvió al poder, a través de las urnas, desde 2007 en la persona de Ortega. Sin hacer milagros, y en el marco de una política pragmática, con sus lados buenos y no tan buenos, ésta sacó a los nicaragüenses más modestos de la larga pesadilla en la que la derecha neoliberal los había sumido desde la llegada a la presidencia, en 1990, de la ficha de Washington, Violeta Chamorro. Esta es la razón por la que Ortega ha sido reelegido dos veces con, además, una cómoda mayoría sandinista en la Asamblea.
Aunque aún no lo haya anunciado oficialmente, todo el mundo da por hecho que se presentará el próximo noviembre a su propia sucesión (como Helmut Kohl o Angela Merkel, que se mantuvieron en el poder durante dieciséis años en Alemania). Sin embargo, para no desviarse de lo que se está convirtiendo en una sucia manía dentro de la derecha continental, la oposición «Nica» denuncia una «farsa electoral» por adelantado. Esto es así a pesar de que todas las encuestas dan como ganador al actual jefe de Estado (independientemente de la orientación política del instituto, incluido el CID Gallup, que realizó los sondeos). De ahí la búsqueda de una obsesión: ¿cómo, y con qué medios, deshacerse del sandinismo y de Ortega?
La oposición lo intentó en 2018 mediante la violencia. Sin resultados concretos, salvo un saldo muy elevado: 220 muertos, entre ellos 22 policías y 48 sandinistas, según la Comisión de la Verdad del Gobierno. Al contrario de lo que afirma el poder sandinista, no fue un intento de «golpe de Estado». Para que haya un «golpe», una o varias instituciones del Estado -las Fuerzas Armadas, la Policía, la Justicia, el Parlamento- deben participar en el derrocamiento del presidente -como en Venezuela con Hugo Chávez en 2002 (facciones militares), en Honduras con Manuel Zelaya en 2009 (Parlamento, Corte Suprema de Justicia, Ejército), en el Paraguay de Fernando Lugo en 2012 y en el Brasil de Dilma Rousseff en 2016 (Parlamentos), en la Bolivia de Evo Morales en 2019 (Policía, Ejército) – con una contribución más o menos discreta del USG (US Government)…
Volviendo a 2018, todas las instituciones se mantuvieron fieles al poder legítimo, prueba, por si hiciera falta, de la fortaleza del sistema democrático en Nicaragua. Por otro lado, hubo un intento extra-constitucional de derrocar al presidente elegido. Lo que generalmente se ha descrito como «manifestaciones pacíficas» tenía todas las características de una rebelión antidemocrática llevada a cabo mediante la violencia insurreccional. A ella se opusieron, de manera igualmente rugosa, el gobierno y su base social sandinista, un movimiento de masas organizado, endurecido por una larga historia de agresiones, y ampliamente subestimado tanto por la oposición como por el cártel de «observadores» que le son afines [1].
Desde entonces (e incluso antes), si le cuesta enfrentarse a la pareja Ortega-Murillo (Daniel, presidente; Rosario Murillo, su esposa y vicepresidenta) «con justicia», la derecha sólo puede culparse a sí misma. Nostálgica de la época en que los «mendigos» fueron aniquilados por sus políticas, no ha creído necesario elaborar y proponer ningún programa o proyecto para el país que haga olvidar a sus compatriotas el desastre social que les impuso en el pasado. Nada – ¡excepto el odio a Ortega! Y las ambiciones personales. Incluso ambiciones familiares, en el caso del clan Chamorro -Cristiana, Carlos Fernando, Juan Sebastián, Pedro Joaquín- que, como herederos de una dinastía de presidentes conservadores [2], se consideran los legítimos dueños de Nicaragua. De modo que, más allá de los grandes discursos destinados esencialmente a los extranjeros, la cofradía de personalidades que supuestamente combaten juntas al sandinismo se dedica a despedazarse mutuamente.
De la crisis de 2018 han surgido dos corrientes que han sobrevivido. Una, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), fue creada desde cero por los obispos conservadores para un supuesto «diálogo nacional» celebrado en mayo y junio de 2018. Desde el principio, la ACJD ha podido contar con una importante presencia en el seno del sector empresarial y de los empleadores. Por su parte, la Unión Nacional Azul y Blanca (UNAB) [3] representa más o menos a la «sociedad civil», una nebulosa de “autoconvocados”, organizaciones no gubernamentales (ONG) que van desde el «feminismo» a la supuesta «defensa de los derechos humanos», pasando por un puñado de partidos políticos sin representación en la Asamblea Nacional, entre ellos el Movimiento de Renovación Sandinista (MRS). Esos «disidentes» del FSLN se han convertido en los más acérrimos enemigos de su antiguo compañero Ortega desde que fueron superados en un congreso extraordinario del partido en 1994.
Supuestamente representando a la oposición «de izquierdas», el MRS no dudó en apoyar a los más derechistas en las elecciones celebradas en 2008, 2011, 2012 y 2016. Poniendo fin a una ambigüedad mantenida desde 1995 en torno al adjetivo «sandinista», el partido renegó finalmente de su origen al convertirse en la Unión de Renovación Democrática (Unamos) en enero de 2021. El 3 de marzo, su presidenta Suyen Barahona, así como Tamara Dávila, miembro de su comisión ejecutiva, pero también del Consejo Político de la UNAB, confirmaron claramente su color político al participar en una reunión virtual con el autoproclamado presidente Juan Guaidó para hablar de «la lucha por la democracia» tanto en Nicaragua como en Venezuela.
En octubre de 2018, la ACJD y la UNAB anunciaron su matrimonio con bombos y platillos. Sin ponerse de acuerdo en nada. La UNAB quería una parálisis general del país («paro nacional») [4] [para «derribar a Daniel». La ACJD -director ejecutivo: Juan Sebastián Chamorro- no quería esto, prefiriendo la presión diplomática internacional destinada a imponer reformas al jefe de Estado con el menor daño posible a los sectores económicos. Así comenzó un interminable (y a veces grotesca) telenovela. Así, a principios de enero de 2020, la ACJD anuncia que se separa «amistosamente» de la UNAB para formar… «una gran coalición nacional». Según José Pallais, su director ejecutivo (ex ministro de Relaciones Exteriores de Violeta Chamorro), la ACJD está «superando una etapa de unidad» para pasar a «una etapa superior de integración». Por su parte, Medardo Mairena, líder de una facción de campesinos antisandinistas, reclama su autonomía. Ante tanta coherencia, hasta el muy conservador diario británico The Economist pronostica que, dada la vuelta a la calma y la paulatina recuperación de la economía, Ortega ganará las elecciones de 2021.
El 25 de febrero de 2020, con las mismas personas y algunas más, nace una supuesta Coalición Nacional, sin realmente haber nacido. Sus estatutos incluyen un «artículo transitorio» que establece que los «desacuerdos y dudas pendientes» pueden discutirse más adelante y que las diferencias fundamentales deben resolverse por consenso. Escisión del antiguo Partido Liberal Constitucionalista (PLC) de los ex presidentes conservadores Arnoldo Alemán (1997-2002) y Enrique Bolaños (2002-2007), Ciudadanos por la Libertad (CxL), más o menos sometido al gran sector privado, se niega a integrarse en el bloque e invita a todos los opositores a unirse en un… «movimiento unitario», ¡que liderará! Sin embargo, la Coalición Nacional despega definitivamente el 25 de junio, con la fuerza de la UNAB, la ACJD, el Movimiento Campesino, una facción del Frente Democrático Nicaragüense (FDN; ex «contras» [5], unos partidos políticos, el PLC, Restauración Democrática (PRD; evangélico) y Yátama (Indígenas de la Costa Atlántica). El proyecto político altamente democrático de esta agrupación salta a la vista: «el fin último de la Coalición»,dice Alexa Zamora, miembro del consejo político de la UNAB, «no son las elecciones [de 2021], nuestro objetivo es sacar a Ortega, nuestro enemigo común». «Para los que no lo han entendido bien, Medardo Mairena aclara, en nombre de su Movimiento Campesino, que “esta es una nueva etapa para unirnos y derrocar a este régimen dictatorial que tanto sufrimiento ha dejado [6].”
Entre todo este hermoso mundo, se adivina ya una docena de aspirantes a la presidencia para el «después de Ortega». Los golpes y los colmillos se multiplican. El 26 de octubre de 2020, la ACJD formaliza su salida de la Coalición para (como corresponde) «promover una plataforma política y electoral unitaria e inclusiva». «No es una ruptura», aclara Juan Sebastián Chamorro con la mayor seriedad, «queremos tener una relación respetuosa con todos los opositores, pero nuestra opción es volver a la cuestión de la unidad, y la unidad no es sólo la Coalición Nacional». «En desacuerdo con esta particular concepción de la unidad, dirigentes de las ciudades de León, Estelí, Madriz, Chontales y otras abandonan la ACJD y permanecen en la Coalición. De la cual, en julio, el líder campesino Medardo Mairena se desmarcó: en una reunión virtual con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), explicó, «ellos [los dirigentes de la Coalición] solo se despegaron del Zoom de la reunión de la Colación y se conectaron al zoom de Luis Almagro, pero ni siquiera se tomaron la molestia de preguntarnos, si ustedes estuvieran al frente de Luis Almagro que le dirían ya por último y mucho menos a que nos invitaran a participar [7]”
Para noser menos, la llamada Coalición expulsa al PLC el 30 de noviembre, acusándolo de estar «bajo el control y la influencia» del «orteguismo»… Sabiendo que, dentro de ese mismo PLC, un presidente de facto, Miguel Rosales, se opone a María Fernanda Flores de Alemán (esposa del ex presidente), que también tiene ambiciones.
El primer paso en cualquier reflexión razonable sobre Nicaragua es que todos los estrategas saben que no se debe luchar de forma dispersa. Ante tal desorden, un bloque unido y disciplinado, con una identidad fuerte y dirigido por un «líder» reconocido, tiene todas las posibilidades de ganar. Para salir finalmente victoriosos en las elecciones democráticas de noviembre de 2021, Ortega y el FSLN no tienen necesidad de «decapitar» a la oposición. Son perfectamente capaces de cortar sus propias cabezas. En el extranjero (excepto quizás en Estados Unidos), se ignora. En Nicaragua, incluso los líderes de la derecha lo saben perfectamente. Todavía en octubre de 2020, cuando el Movimiento al Socialismo (MAS) boliviano derrotó el golpe de Estado y llevó a la presidencia a Luis Arce, sucesor de Evo Morales [8], el ex diputado Eliseo Núñez Morales, miembro de la ACJD, se alarmó públicamente: «La oposición en Nicaragua debemos aprender de esto, tenemos que parar las guerras intestinas, parar esos ataques permanentes que hay entre todos los grupos que estamos en la oposición y generar una alternativa a Ortega”.
En 2001 y 2006, durante las campañas electorales, Washington, a través de sus embajadores, había advertido claramente a los nicaragüenses que era necesario bloquear a toda costa el camino hacia el regreso de los sandinistas. Que una victoria de Ortega llevaría a la suspensión de la ayuda y la cooperación. La amenaza era tanto más escuchada cuanto que, en 2001, por ejemplo, de los 6,5 millones de nicaragüenses, el 10% vivía en Estados Unidos, desde donde enviaban decenas de millones de dólares en «remesas». Sin embargo, la exasperación acabó por hacer mella y el chantaje dejó de funcionar. En noviembre de 2006, en la persona del ex banquero millonario Eduardo Montealegre, la derecha fue derrotada. A partir de entonces, Washington volvió a poner en marcha su «diplomacia paralela» (y muscular).
El mundo de los medios de comunicación franceses – Le Monde, Médiapart, Radio France, etc. – siempre se jacta de su supuesta práctica del «periodismo de investigación». Cuando se trata de cubrir América Latina, estas llamadas «Fuerzas Especiales» de la información se caracterizan sobre todo por un uso particularmente perezoso del conformismo y del «copiar y pegar». Por suerte, unos profesionales… estadounidenses -Max Blumenthal, Ben Norton, etc.- en medios alternativos -The Grayzone [9], Behind Back Doors [10] – salvan el honor de la profesión. Realizando un riguroso trabajo de investigación. Así que… ignorados por sus queridos colegas de los llamados medios de comunicación «mainstream». A quién les arrancaría la lengua, la pluma, el teclado, el micrófono o la cámara transmitir (o simplemente mencionar) la información, aunque no sean la fuente, sobre los métodos utilizados por Washington y su «poder blando» para desestabilizar a Nicaragua (así como a muchos otros países de la región, empezando por Cuba y Venezuela).
Los principales actores de esta guerra no convencional «made in USA» son: la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID); la Fundación para la Nueva Democracia (NED), creada en 1983 por Reagan para sustituir a la CIA en la organización de acciones «no armadas» [11] ; el Instituto Nacional Demócrata (NDI) y el Instituto Republicano Internacional (IRI), dependientes del Congreso estadounidense; Freedom House, la Open Society de George Soros; y algunos comparsas menos conocidos. El objetivo es infiltrarse (si es necesario), crear, financiar, formar, controlar e instrumentalizar las instituciones de la mítica «sociedad civil»: sindicatos, partidos políticos, instituciones académicas o profesionales y, especialmente, la prensa y las ONG.
Entre 2010 y 2020, la USAID planeó transferir la asombrosa cantidad de 68,4 millones de dólares a la derecha nicaragüense para ayudarla a desacreditar al gobierno (internamente y en el extranjero) mientras entrenaba a nuevos «líderes» y creaba una masa crítica de opositores. Dos años antes del levantamiento «espontáneo» de 2018, añadió otros 8 millones, con lo que su contribución total ascendió a 76,4 millones.
En el centro de la trama, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia (FVBCH o, para abreviar, la Fundación Chamorro) sirvió de centro para la redistribución de una parte sustancial de los 14,6 millones del dineral. Hija del respetado Pedro Joaquín Chamorro, asesinado por la dictadura somocista pocos meses antes del triunfo de la revolución sandinista, y de su esposa Violeta, posteriormente presidenta (1990-1997), Cristiana Chamorro (67 años) está al frente de la Fundación. Durante la presidencia de su madre, dirigió la comunicación y las relaciones públicas del Ejecutivo, así como el diario «de la familia» desde 1926, La Prensa.
Desde el corazón de esta FVBCH que «promueve la libertad de prensa», se inyectaron primero los flujos de dólares proporcionados por la USAID, la NED y el IRI -la caridad empieza en casa- en las cuentas de los miembros de la familia: Carlos Fernando Chamorro, su hermano, propietario del semanario Confidencial y del Centro de Investigación y Comunicación (CINCO), cercano al ex-MRS; Jaime Chamorro Cardenal, su tío, redactor jefe de La Prensa (de la que Cristiana es vicepresidenta), con una línea editorial claramente asumida: «Las grandes victorias de la Contra sobre el Ejército Popular Sandinista», así pregona el diario el 16 de diciembre de 2020, glorificando las horas oscuras de la agresión estadounidense [12].
Al mismo tiempo, la Fundación ha estado alimentando los canales de televisión 10, 11 y 12, Vos TV, Radio Corporación, Radio Show Café con Voz, así como las plataformas digitales 100% Noticias, Artículo 66, Nicaragua Investiga, Nicaragua Actual, BacanalNica y Despacho 505… Omitiremos mencionar (salvo en una nota) [13], para no aburrir al lector, a la pléyade de periodistas «independientes» que son regiamente remunerados por difundir abierta o subliminalmente un mensaje que tiene el mérito de la sencillez: «¡Ortega debe caer! «Con, como colofón, la campaña llevada a la incandescencia en 2018 para exacerbar los ánimos instrumentalizando (en nombre de la ecología) un grave incendio ocurrido en la Reserva de la Biosfera Indio Maíz, y luego (en defensa de la justicia social) una reforma de la Seguridad Social (muy rápidamente retirada ante las protestas). Esto hizo que, en un principio, salieran a la calle multitudes de jóvenes, que creían sinceramente que luchaban por la libertad, sin saber a qué intereses servían en realidad. El enfrentamiento cambió de alma y naturaleza cuando la misma «Camorra mediática» alentó, apoyó y encubrió, sin ninguna distancia, las acciones irresponsables de los criminales hiperviolentos y asesinos.
Desde 2009, USAID ha destinado específicamente 10 millones de dólares a los medios de comunicación de la oposición -de los cuales más de 7 millones han pasado por la Fundación Chamorro desde 2014 hasta 2021. Sabiendo que, además, ésta ha recibido una donación de 831.527 euros (más de un millón de dólares) de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) [14]. Temiendo que este flujo de contribuciones inocentes sea demasiado pequeño, un programa «Nicaragua Media» de Family Health International (FHI), una organización con sede en Carolina del Norte financiada parcialmente por el gobierno de Estados Unidos, ha concedido 45 subvenciones que van de 10.000 a 15.000 dólares a medios de comunicación antisandinistas por un total de 2,8 millones de dólares.
Durante diez años, 100% Noticias recibió así una subvención (que ascendió a 43.100 dólares en 2015) de USAID, a través de la Fundación Chamorro. Al difundir «fake news», incitar a la violencia y animar a la gente a tomar las armas contra los sandinistas, este medio de comunicación jugó un papel clave en los acontecimientos de 2018. Su director, Miguel Mora, ha pedido y sigue pidiendo una intervención militar de EEUU en Nicaragua, similar a la realizada en 1989 en Panamá.
Miguel Mora : « Ce que je vois c’est que les Etats-Unis fassent une opération de type Noriega, au Panama (…) ils viennent, ils attrapent cette famille (Ortega-Murillo) et ils l’emmènent »
El número y la diversidad de las conexiones establecidas para librar esta guerra no convencional son impresionantes. Además de los medios de comunicación, cuenta con el ejército de ONG de todo tipo que, desde el final de los conflictos armados de los años 80, han caído sobre Centroamérica.
Una verdadera tela de araña: ¡cuidado, agárrense!
Presidenta de la fundación que lleva el nombre de su madre, Cristiana Chamorro es también vicepresidenta de Voces Vitales Nicaragua, a la que su organización aporta fondos de USAID. Berta Valle es la directora de Voces Vitales Nicaragua y propietaria de Voces en Libertad, que dirige su marido Félix Maradiaga, quien también es socio de Javier Meléndez en el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP, que fundó Maradiaga).
El 25 de junio de 2020, al ser preguntado en directo por la CNN en español sobre el origen del dinero que financia su revista de «investigación» Expediente Público, Javier Meléndez, tartamudeó más que respondió: «Eehhh. Te aseguro que no viene de Venezuela ni de narcotraficantes… lo que te aseguro es que son fuentes… cómo te explico… son fuentes que cumplen una línea de absoluta transparencia, pero por la crisis de Nicaragua, los cooperantes nos han pedido que no nombremos el origen de los fondos que recibimos…. «Se puede entender su reticencia a revelar el origen y el destino de las sumas recibidas. Su esposa, Deborah Ullmmer, es directora de programas para América Latina y el Caribe en el NDI (Congreso de Estados Unidos).
Hay que añadir que muchos de los empleados de Meléndez, que ahora trabaja desde Washington, también colaboran con CINCO, una plataforma dirigida por Carlos Fernando Chamorro (que también es dueño del semanario Confidencial), y que Voces vitales Nicaragua tiene su sede en la misma dirección que la Fundación Chamorro -Km 8, Carretera Sur, Plaza San José-. Tanta proximidad y tanta opacidad lleva a algunos a preguntarse. Por ejemplo: ¿no permitiría esa opacidad el desvío de cientos de miles de dólares a particulares? ¿O por qué, en lugar de financiar directamente a Voces Vitales Nicaragua (y a otras muchas ONG), la USAID y el NDI la financian a través de la Fundación [15]?
Mencionaremos aquí un puñado de ejemplos espigados, con algunas excepciones, durante los cruciales años 2017-2018 (y a partir de documentos oficiales aún no expurgados -tanto USAID como NED evitan ahora mencionar por su nombre a algunos de los receptores de sus donaciones) [16].
USAID: $4,740,000 el 23 de febrero de 2017 al proyecto Voces para Todos; $2,071,639 el 2 de mayo de 2017 a Voces Vitales Nicaragua; $1,750,000 el 17 de julio de 2017 a Mujer, Voz Vital para el País; $100,000, el 4 de mayo de 2018 al Movimiento Puente; $643,214 el 23 de mayo de 2018 para el proyecto Creación de Plataformas; etc. Implementado desde 2010 hasta 2020, diseñado para promover la impugnación de los proyectos de infraestructura del gobierno, el Programa de Gobernanza Municipal, por su parte, recibió la módica suma de 29,99 millones de euros.
NED: 525.000 dólares a Hagamos Democracia desde 2014. En 2017, 111 mil dólares a la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua (CPDH); 79 mil dólares a la Fundación Iberoamericana de las Culturas (FIBRAS); 40 mil dólares a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), vinculada al Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP); 260 mil dólares al IEEPP, encabezado en 2018 por Madariaga, uno de los más asertivos impulsores del crimen (en el sentido literal de la palabra) en la oposición; 564 mil dólares a la Fundación Chamorro; una cantidad no especificada a Popol Nah, una ONG encabezada por Mónica Baltodano, diputada del MRS de 2007 a 2011; 305 mil dólares a un grupo no detallado de organizaciones; etc.
Fundación George Soros: 6.148.325 dólares a la Fundación Chamorro el 9 de marzo de 2018; 574.000 dólares de la Open Society, del mismo Soros, a la misma Fundación Chamorro.
En cuanto a los beneficiarios, los términos ONG o fundaciones son confusos. Deberíamos hablar de Organizaciones Para-Gubernamentales (GPO), en referencia a Washington y su Departamento de Estado. Todas ellas participaron activamente, en mayor o menor medida, en la preparación y planificación del levantamiento de 2018, en campañas de desinformación en las redes sociales. Los circuitos derivados y ocultos financiaron directamente la logística de los manifestantes en red coordinados por líderes opositores como Medardo Mairena, Pedro Joaquín Mena o Francisca Ramírez, así como la violencia, a veces bárbara, de los «tranqueros» [17]. Otros estaban (y siguen estando) destinados a ser humo y espejos para lo que a menudo se llama erróneamente la «comunidad internacional».
El ejemplo más emblemático es la Asociación Nacional de Derechos Humanos (ANPDH). Financiada por la NED, el NDI y la Open Society del banquero Soros, ha anunciado cifras extravagantes de muertos (560 al final del conflicto), «secuestrados» y «desaparecidos» (1.300). Más allá de las fronteras de Nicaragua, sus estimaciones fueron recogidas por títulos tan diversos como Le Point (29 de julio y 9 de agosto de 2018), La Croix (11 de septiembre), CNN en español, Diario Las Américas (Miami), El País (Madrid). Incluso vimos circular en Médiapart una petición en la que académicos e intelectuales llamados «de izquierdas», entre ellos un puñado de franceses que pasaron de las Brigadas Internacionales a la Doctrina Monroe, denunciaban los «métodos dictatoriales del gobierno Ortega-Murillo» y exigían «la constitución de un gobierno de transición», tomando como referencia las «espantosas», pero sobre todo completamente «falsas», cifras de la ANPDH [18].
El 23 de julio de 2019, en Managua, en una conferencia de prensa, tres directivos de esta ANPDH -Gustavo Bermúdez, Francisco Lanzas y Germán Herrera- denunciaron a su director Álvaro Leiva, acusándolo de haber «embarcado» en Costa Rica, donde se exilió, 500 mil dólares, entre ellos más de 100 mil dólares asignados por el NED en 2017 y 2018. Revelaron al mismo tiempo que en 2018, la ANPDH infló artificialmente el número de muertos y heridos para recibir más subvenciones de Estados Unidos.
En la misma línea, algunas máscaras han caído. Entre otros, el de la Inmaculada “Santa Amaya Coppens” del Cetri (Centro Tricontinental, con sede en Lovaina la Nueva, Bélgica, que se ha convertido en la portavoz casi oficial de la oposición antisandinista en el mundo francófono). Con doble nacionalidad nicaragüense-belga (lo que ayuda mucho a sensibilizar a los «pequeños burgueses» europeos, mucho menos apasionados por las declaraciones de los sindicatos obreros y campesinos nicaragüenses), figura destacada del Movimiento Universitario 19 de abril (fundado durante la insurrección), y dos veces detenida, Coppens fue presentada en Europa, donde hizo campaña tras su liberación, como perteneciente a la izquierda nicaragüense. Esto contribuyó a aislar aún más a Managua.
Todo dolor merece una recompensa. El 3 de marzo de 2020, Coppens viajó a Washington D.C. para recibir el premio «Women of Courage», que el Departamento de Estado de EE.UU. concede anualmente a doce mujeres que han demostrado «un valor y un liderazgo extraordinarios.» Algo molestos, sin duda, sus amigos progresistas europeos evitaron cuidadosamente publicar las fotos en las que se le ve, sonriente, florecida, recibiendo esta alta distinción de manos de Melania Trump y del muy humanista secretario de Estado Mike Pompeo. Quizá piensen, como nosotros, que la conciencia política ya no es lo que era… Por desgracia, parece que, en lo que a ellos respecta, la reflexión no ha ido más allá.
Todos estos hechos son ampliamente conocidos y documentados desde hace mucho tiempo en Nicaragua. Han jugado un papel crucial en la desestabilización interna, el intento de «revolución de color» y la prohibición del gobierno sandinista por parte de las potencias imperialista (EEUU) y subimperialista (UE). Permiten justificar las amenazas y sanciones coercitivas de Washington.
En 2019, mientras se producía un diálogo entorpecido entre el poder y la ACJD, salieron de la cárcel, pasando a arresto domiciliario, sucesivos grupos de detenidos durante los sucesos del año anterior. El 8 de junio, una ley de amnistía (# 996) a favor de «todas las personas que participaron en los eventos que tuvieron lugar desde el 18 de abril de 2018» fue aprobada por la Asamblea Nacional. La amnistía para los delitos investigados y juzgados, así como para los delitos aún no investigados -es decir, los relativos a la dirección del MRS (ahora UNAMOS), Félix Maradiaga, Cristiana y Juan Sebastián Chamorro, Violeta Granera- fue criticada por la oposición porque también amnistiaba a las fuerzas policiales y a los sandinistas que cometieron abusos. Sin embargo, permitió la liberación de la mayoría de los presos «políticos», incluidos algunos líderes de la subversión -Miguel Mora, Medardo Mairena, etc.
Por eso, y con razón, se puede considerar curioso el proceso iniciado por la justicia nicaragüense desde el 2 de junio contra varios opositores, incluidos unos dirigentes amnistiados en 2019. Salvo que se recuerde un detalle: el artículo 3 de la Ley 996 establece que quienes se beneficien de ella «deben abstenerse de perpetrar nuevos hechos que incurran en conductas repetitivas generadoras de los delitos aquí contemplados. La inobservancia del principio de No Repetición trae como consecuencia la revocación del beneficio establecido por esta Ley”. Esto no prohíbe en absoluto la oposición legal y democrática al poder. Pero sí censura la posibilidad de intentar desestabilizarlo utilizando los mismos métodos que antes.
Como hemos visto, muchos pronósticos prevén una victoria del Frente Sandinista en las elecciones generales del 7 de noviembre. Ante este probable y, sobre todo, amargo fracaso de su política, Estados Unidos ha tomado medidas. Ya se puede predecir que Washington no reconocerá el resultado electoral -como en Venezuela (2018 y 2020) y Bolivia (2019), dotados respectivamente de un presidente títere, Juan Guaido, y del gobierno de facto de Janine Añez. La nueva iteración de la desestabilización que se avecina, antes, durante o después de las elecciones, se denomina «Asistencia Responsable en Nicaragua» (RAIN). Este programa prevé, desde el 11 de agosto de 2020 hasta el 10 de febrero de 2022, la asignación de 2 millones de dólares para lograr «una transición ordenada» del gobierno de Ortega hacia «un gobierno comprometido con el estado de derecho, las libertades civiles y una sociedad civil libre». Sin siquiera tratar de ocultar su estrategia, el documento utiliza cien veces la expresión «régimen de transición» y prevé de antemano una purga dentro del ejército y la policía sandinistas. Como parte del programa anual Youth Power para el año fiscal 2020, USAID también tenía previsto asignar 17 millones de dólares al programa Jóvenes y Comunidades de Nicaragua Segura, Empoderada y Resiliente (NYCSER), para financiar grupos «juveniles y feministas» [19]. ¿Los mismos jóvenes que en 2018 salieron a la calle?
Daniel Ortega no es un cordero dispuesto a estirar el cuello hasta el cuchillo del carnicero. Para cualquier sandinista digno de ese nombre, la soberanía de Nicaragua no se discute, se defiende. El 15 de octubre de 2020, el Parlamento aprobó la Ley 1040, conocida como la «Ley de Regulación de Agentes Extranjeros». Aunque no las prohíbe, la ley exige a las ONG que informen sobre toda la financiación extranjera, especificando la identidad de sus donantes, el importe de los fondos recibidos, la finalidad de las donaciones y una descripción de cómo se ha gastado el dinero, información que debe coincidir con sus estados contables y financieros.
El 30 de octubre aparece la ley (nº 1042) sobre Ciberdelitos. Esta ley permite perseguir y castigar la difamación, las amenazas, los atentados contra la integridad física de niños o mujeres, la usurpación de identidad, la piratería informática o el espionaje informático, así como a quienes difundan «información falsa».
Finalmente, el 21 de diciembre, la Asamblea Nacional aprobó (70 votos a favor, 15 en contra, 4 abstenciones) la Ley 1055 «Defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y la autodeterminación para la paz». Esta ley establece que «cualquier persona que exija, apoye y acoja la imposición de sanciones al Estado de Nicaragua» no podrá presentarse a las elecciones generales. También queda excluido quien fomente o financie un golpe de Estado, socave el orden constitucional, incite a la injerencia extranjera o participe, con financiación externa, en actos de terrorismo y desestabilización. La oposición clama contra esta «ley guillotina». Ni siquiera se da cuenta de que esta ley está inspirada en una ley (# 192) del 1 de febrero de 1995, firmada por su ícono Violeta Chamorro: «No podrán ser candidatos a la presidencia o vicepresidencia de la República (…) los que encabecen, o financien un golpe de Estado, los que alteren el orden constitucional y como consecuencia de tales hechos asuman la Jefatura del Gobierno y Ministerios o Vice-Ministerios, o Magistraturas en otros Poderes del Estado [20]. «
“Me han preguntado si voy a lanzar mi candidatura para la presidencia de la república, comunica por escrito, el 12 de enero de 2021, Cristiana Chamorro. Mi respuesta es que no creo que sea el momento, pienso que lo primero que debemos de hacer es lograr una gran unidad alrededor de una visión consensuada de país (…)» Como siempre, la guerra se desató entre la Coalición Nacional, la UNAB y el Partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), cuya presidenta Kitty Monterrey acaba de declarar que las dos organizaciones mencionadas «no existen».
Una semana antes, en aplicación de la Ley 1040, el Ministerio del Interior había anunciado que las personas y organizaciones afectadas tendrían que registrarse como «agentes extranjeros» antes del 5 de febrero, so pena de ser sancionadas con la pérdida de su personalidad jurídica. El 6 de febrero, para evitar la aplicación de esta ley y la necesidad de rendir cuentas, Cristiana Chamorro anuncia el cierre «voluntario» y la suspensión de las operaciones de su Fundación. Más allá de las grandes declaraciones de principios, aparecer como lo que es, es decir, admitir públicamente que está financiada por Washington, le quitaría toda credibilidad frente a sus compatriotas. Sin embargo, con la sombra de la legislación planeando cada vez más sobre su cabeza, Chamorro está empezando a hablar con más frecuencia de su probable candidatura a la presidencia. A su alrededor, y en parte por las mismas razones, emanadas de la UNAB, la ACJD y CxL, crecen como setas los pretendientes a una o varias posibles primarias: Félix Maradiaga, Medardo Mairena, Miguel Mora, Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz…
La justicia sigue su curso. El análisis de los estados financieros de la Fundación en el periodo 2015-2019, según la Fiscalía, revela claros indicios de «blanqueo de capitales». Entre otras incongruencias: mientras que 7 millones de dólares aparecían en el saldo acreedor de la Fundación cuando se cerró, esta suma apareció poco después en tres de las cuentas bancarias personales de Cristiana Chamorro. Cuando es citada el 27 de mayo, se niega a responder a las preguntas de los investigadores sobre el uso de fondos recibidos de una potencia extranjera y los movimientos financieros sospechosos. Se limita a decir: «El Departamento de Estado de los Estados Unidos rechazó los supuestos señalamientos de lavado de dinero en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro basados en auditorías realizadas por ellos y que no han encontrado evidencia de lavado o desvío de fondos [21].” [20] No puede ser más claro: ¡para ella, las jurisdicciones estadounidenses serían las únicas vigentes en una Nicaragua reducida al rango de colonia!
Cuando sabes que estás entre la espada y la pared, eliges la mejor opción: cuatro días después, el 1 de junio, Cristiana Chamorro anuncia su intención de participar a través de CxL en las primarias de la derecha organizadas por la ACJD, para presentarse a la presidencia de la República. Cuando, el día 3, es detenida y puesta bajo arresto domiciliario, se convierte en «la estrella emergente de la oposición [22]», «la más seria competidora del jefe de Estado Daniel Ortega [23]” y una mártir de la democracia.
Desde entonces se han producido unas 20 detenciones, de conocidos activistas puestos bajo arresto domiciliario o en prisión preventiva durante tres meses: Arturo Cruz, el 5 de junio, en el aeropuerto de Managua, regresando de Estados Unidos, en posesión de una gran suma de dinero no declarado; Maradiaga; Juan Sebastián Chamorro; Miguel Mora; los dirigentes de UNAMOS (ex sandinistas, algunos con pasados gloriosos) Dora María Téllez, Víctor Hugo Tinoco, Hugo Torres Jiménez, Ana Margarita Vigil, Suyen Barahona, Tamara Dávila…
Antonio Belli y Gerardo Baltodano son buscados por eludir una citación judicial para investigar a FUNIDES. Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial y de otros periódicos, abandonó el país con su esposa tras una redada policial en su domicilio el 21 de junio.
¡No todos son candidatos a la Presidencia de la República! Pero algunos se convirtieron en “candidato” de manera apresurada, como Pedro Joaquín Chamorro, que fue detenido el 25 de junio. Cuestionado la víspera por CNN y Univisión sobre su posible aspiración a la función, éste, sabiéndose en el ojo del colimador, se puso inmediatamente el chaleco salvavidas que le otorga la condición de «perseguido» al responder afirmativamente.
¡Terror en Nicaragua! La gran Internacional del Orden Global está de fiesta: Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE), los medios de comunicación y sus «causas justas», las bellas almas de la «izquierda» europea, las burocracias de los derechos humanos (de la burguesía) … No hay razón para sorprenderse. La misma algarabía cayó sobre el gobierno boliviano de Luis Arce cuando, a finales de marzo de 2021, fueron detenidos o procesados la expresidenta de facto Janine Añez, varios de sus ministros y ex altos cargos de la Policía y las Fuerzas Armadas implicados en el golpe de Estado de 2019. «Estados Unidos está profundamente preocupado por los crecientes signos de comportamiento antidemocrático y politización del sistema legal en Bolivia, a la luz de la reciente detención y encarcelamiento preventivo de ex funcionarios del gobierno interino», se atrevió a comunicar el gobierno de Joe Biden, seguido por sus «perritos falderos» de la UE, la Conferencia de Obispos Católicos y los grupos de extrema derecha bolivianos, las llamadas organizaciones locales de derechos humanos y las inevitables “Tartufes” Amnistía Internacional y Human Right Watch (HRW)…
Una de las portavoces de esta última organización, Tamara Taraciuk, pide ahora que la situación en Nicaragua se lleve al Consejo de Seguridad de la ONU.
«Esta gente está siendo investigada porque estuvieron públicamente pidiendo medidas coercitivas contra la economía de Nicaragua, por haber conspirado por cometer actos terroristas, y por establecer una estructura fraudulenta de ONG sin fines de lucro para el multimillonario lavado de dinero con los fondos enviados desde el exterior, los cuales constituyeron una intervención política en el país para provocar una catastrófica desestabilización», resumen los periodistas Jorge Capelán y Stephen Sefton [24]. Hablando desde Managua en la Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), que lo apoya, al igual que la izquierda latina en general, desde el Grupo de Puebla hasta el Foro de São Paulo [25], Daniel Ortega ironizó: «Estados Unidos nos está presionando, por estas veinte personas, por lo que les digo: «¡Liberen inmediatamente a las cuatrocientas personas que tienen detenidas y que mantienen en prisión por asaltar el Capitolio [26]!»
No se equivoca América Latina, que denuncia regularmente -Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador (bajo Rafael Correa)- las herramientas de desestabilización puestas en marcha por Estados Unidos contra los gobiernos progresistas. Mucho antes de la agresión total desatada contra Caracas tras la muerte de Hugo Chávez, la USAID, entre 2004 y 2006, ya había transferido unos 15 millones de dólares a más de 300 ONG presentes en Venezuela, ofreciéndoles «apoyo técnico y formación» a través de su Oficina de Iniciativas de Transición (OTI) [27].
Más recientemente, y en un país aparentemente menos «sulfuroso», Jesús Ramírez, portavoz de la presidencia mexicana, reveló que la agencia de prensa Artículo 19, opositora al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), está financiada por Washington (y por las fundaciones Ford y Heinrich Böll, Google, la UE y las embajadas del Reino Unido, Holanda, Alemania e Irlanda).
Juego de pistas: al frente de Artículo 19 durante diez años, Darío Ramírez se convirtió en el director de comunicación de la ONG mexicanos contra la Corrupción (MCCI). Entre los benefactores de MCCI se encuentran USAID (2,3 millones de dólares en tres años, otorgados en 2018) la NED y el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), sede de los empresarios más ricos y poderosos del país. De cara a la megaconsulta legislativa, regional y municipal del 6 de junio de 2021, tres partidos notoriamente corruptos, pero firmemente opuestos al proyecto reformista de AMLO -Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD)- se han aglutinado bajo el proyecto «Sí por México», liderado por el empresario Claudio González Guajardo, presidente de MCCI de 2016 a julio de 2020 [28]. Este último ha sido sustituido desde entonces al frente de la ONG por María Amparo Casar Pérez, coordinadora de asesores de la Secretaría de Gobernación en el gobierno del neoliberal Vicente Fox (2000-2006) [29].
Las antiguas acusaciones de AMLO de que varias agencias extranjeras están tratando de socavar su gobierno culminaron en una nota diplomática enviada en mayo a la embajada de Estados Unidos en México. En conferencia de prensa, López Obrador acusó al gobierno estadounidense de «un acto de intervencionismo que viola nuestra soberanía».
Por lo tanto, Nicaragua sería una dictadura, si se cree la maquinaria de propaganda «yanqui». Sin embargo, si se observa con atención, Ortega no se equivoca cuando llama la atención a Washington y a la legión de hipócritas que arremeten contra su país.
¿Represión ilegítima en 2018? «El FBI tiene muy buena memoria y un brazo largo», afirmó el portavoz de la Oficina Federal de Investigación, Steven D’Antuono, el 13 de enero de 2021, en una rueda de prensa conjunta con el fiscal general de Washington. El mensaje iba dirigido a los participantes pro-Trump en la invasión del Capitolio, a los que las autoridades empezaban a identificar uno a uno a través de fotos y vídeos. Unas 465 personas serán acusadas posteriormente en el Tribunal federal de distrito de Washington, D.C.; más de 200 fueron acusadas de delitos menores («alteración del orden público», «apoyo pasivo») y hasta ahora han quedado en libertad bajo fianza; otras más de 130, por cargos más graves – «agresión», «violencia extrema», «posesión ilegal de un arma de fuego»- se enfrentan a hasta 20 años de prisión. Los cerca de 40 manifestantes que entraron en el Capitolio portando armas mortales o peligrosas se enfrentan hasta 10 años de prisión, según el Departamento de Justicia [30].
Además… Como la doctrina merece ser aplicada al otro lado de la frontera, el portavoz adjunto del Departamento de Estado publicó hace muy poco una declaración explícita sobre el tema: «La violencia y el vandalismo son un abuso [del] derecho a manifestarse pacíficamente. » Es cierto que se refería a Colombia y a su movimiento social violentamente reprimido (más de 70 muertos) por el «amigo» de la derecha radical Iván Duque.
Tan pronto como se aprobó en Nicaragua la Ley 1040, conocida como «Ley de Regulación de Agentes Extranjeros», el Departamento de Estado de EE.UU. emitió un comunicado diciendo que esta «ley autoritaria» amenazaba la democracia. Curioso… En Estados Unidos hay muchas ONG nacionales y extranjeras, a veces financiadas sin límites ni restricciones por gobiernos o partidos políticos extranjeros, pero con una condición: que se registren como… «agentes extranjeros» en el Departamento de Justicia, que presenten declaraciones de impuestos y que cumplan la legislación del Foreign Agents Registration Act (Ley de Registro de Agentes Extranjeros; FARA). La FARA exige a las personas que actúan como agentes de mandantes extranjeros que «revelen periódicamente al público su relación con el mandato extranjero y las actividades, ingresos y desembolsos en apoyo de esas actividades». «El objetivo principal de la ley es promover «la transparencia con respecto a la influencia extranjera en los Estados Unidos» y permitir que «el público estadounidense y sus legisladores conozcan la fuente de cierta información destinada a influir en la opinión pública, la política y las leyes de los Estados Unidos, facilitando así una evaluación informada de dicha información por parte del gobierno y el pueblo estadounidense [31]». [Por supuesto, el texto oficial añade que «las leyes que son generalmente aplicables a todos los estadounidenses pueden aplicarse a las ONG, como las restricciones para recibir contribuciones de una organización terrorista». También existen restricciones al apoyo financiero directo de los candidatos políticos por parte de personas extranjeras.»
En definitiva, la única diferencia entre Nicaragua y Estados Unidos es que aquí se refieren a la «Ley 1040» y allí a la «FARA»…
Dentro de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia, una Unidad FARA es responsable de la administración y aplicación de la legislación. Para ello, identifica las infracciones, revisa los expedientes para detectar deficiencias e inspecciona los libros y registros de los declarantes. El incumplimiento deliberado de la FARA conlleva una pena de prisión de hasta cinco años, una multa de hasta 250.000 dólares, o ambas cosas [32].
Trece países de la Unión Europea tienen leyes relativas a la financiación política extranjera. En Suecia, recibir dinero de una potencia extranjera o de una persona que actúe en su nombre es un delito si el propósito es influir en la opinión pública en asuntos relacionados con el gobierno del país o la seguridad nacional [33]. [En Italia, recibir este tipo de fondos para actividades políticas nacionales se castiga con no menos de 10 años de prisión (artículos 243 y 246 del Código Penal).
Sólo por diversión: ¿podría un ciudadano estadounidense, como en Nicaragua (y Venezuela), sin ningún inconveniente, pedir a una potencia extranjera que imponga sanciones a su país, o incluso pedir y defender activamente una invasión militar? Las secciones 2381 a 2390 del United States Federal Sentencing Guidelines (Directrices Federales de Sentencia de los Estados Unidos; USGG) contienen definiciones y penas para los delitos de traición, incitación a la traición, rebelión o insurrección, conspiración sediciosa, incitación al derrocamiento del gobierno, registro de organizaciones extranjeras, etc. Todos estos delitos están sujetos a sanciones penales. Todos estos delitos se persiguen a nivel federal y, dependiendo de su gravedad, pueden dar lugar a multas, inhabilitación para presentarse a un cargo, prisión o muerte.
No te preocupes… ¡No pedimos la cámara de gas para nadie! Tampoco en Managua. La Constitución de la República, que entró en vigor el 9 de enero de 1987, bajo el gobierno sandinista de Daniel Ortega, establece en su artículo 23: «La pena de muerte no existe en Nicaragua.» Los bárbaros no son los que creemos que son.
Tras recibir a los directores del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y del IEEPP, que acababan de ser despojados de su personalidad jurídica, el Quai d’Orsay (Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia), el 13 de diciembre de 2018, reiteró su «profunda preocupación por el deterioro de la situación de los derechos humanos en Nicaragua». El16 de julio anterior, había hecho un llamamiento a las autoridades de Managua para que «cesen su represión». Al gobierno francés le gusta dar lecciones. Aunque pierda la memoria. Al condenar tan rápidamente al gobierno sandinista, parece haber olvidado el episodio de los Chalecos Amarillos: 12.107 detenciones, 10.718 bajo custodia policial, 3.100 condenas, de las cuales 400 van de unos meses a tres años de prisión, con una orden de internamiento (encarcelamiento inmediato) [34].
Al pedir «la liberación inmediata de la Sra. Cristiana Chamorro», y al unirse a España en particular y a la UE en general para condenar, entre otras cosas, las leyes «liberticidas» sobre Ciberseguridad – «Ley Putin», según el Financial Time- y sobre «agentes extranjeros», París persiste. ¡Divertido! En una «Tribuna por Europa» publicada el 5 de marzo de 2019 en varios diarios europeos, el presidente Emmanuel Macron propuso «que se cree una Agencia Europea para la Protección de las Democracias, que proporcione expertos europeos a cada Estado miembro para proteger su proceso electoral contra los ciberataques y la manipulación. En este espíritu de independencia, también debemos prohibir la financiación de los partidos políticos europeos por parte de potencias extranjeras».
Con el mismo espíritu, al frente de la Secretaría General de Defensa y Seguridad Nacional (SGDSN), Stéphane Bouillon anunció el 2 de junio de 2021 su intención de crear, a partir del inicio de septiembre, un servicio nacional encargado de rastrear las injerencias extranjeras en el ámbito de la información. No es una cuestión de inteligencia», dijo, «sino de identificar lo que se está convirtiendo en una pandemia en el campo de la información y si emana de un país extranjero o de una organización extranjera, cuyo objetivo es desestabilizar el Estado políticamente [35].
Un poco antes (septiembre de 2020), Raphaël Glucksmann, el hombre que, modestamente, al frente de su grupúsculo Place publique (cercano al Partido Socialista), quiere «refundar la izquierda francesa» sobre una base «europeísta» y «otanesca» (de OTAN), asumió la dirección de una Comisión Especial del Europarlamento sobre «la injerencia extranjera en todos los procesos democráticos de la Unión Europea, incluida la desinformación». Con el objetivo de «evaluar el nivel de amenazas, ya sean campañas de desinformación, financiación de partidos políticos o campañas, o ataques híbridos», la comisión tendrá que «examinar la transparencia de la financiación de partidos y campañas, verificar las acciones y normas nacionales, así como las influencias externas a través de empresas, ONG o tecnologías». Al comentar su nombramiento, Glucksmann subrayó: «La era de la ingenuidad europea ha terminado».
No se sorprenda: también lo es para Nicaragua.
Notas:
* Journaliste
Referencias:
[1] https://www.medelu.org/Nicaragua-une-contre-enquete [2] Fruto Chamorro Pérez (1854-1855), Pedro Joaquín Chamorro Alfaro (1875-1879), Emiliano Chamorro Vargas (1917-1921), Diego Manuel Chamorro Bolaños (1921-1923) y finalmente Violeta Barrios de Chamorro (1990-1996). [3] Azul y blanco: colores de la bandera de Nicaragua. [4] En español, «paro» significa «huelga». Pero, al igual que en Colombia en las últimas semanas, el concepto va mucho más allá de una interrupción de la actividad salarial (especialmente porque el sector informal representa la mayoría de los trabajadores). Se trata de una parálisis del país por parte de los más diversos sectores contestatarios de la sociedad. [5] Los contrarrevolucionarios que, entrenados, equipados y financiados por Washington, se enfrentaron militarmente a la revolución sandinista durante la década de 1980. [6] https://www.diariolibre.com/actualidad/internacional/nicaragua-oposicion-forma-coalicion-nacional-contra-ortega-CN19726631 [7] https://100noticias.com.ni/politica/101623-lider-campesino-motivos-retirarse-alianza/ [8] https://www.medelu.org/Avec-Evo-ou-sans-Evo [9] https://thegrayzone.com/category/nicaragua/ [10] https://bbackdoors.wordpress.com/2018/11/06/how-the-usaid-prepared-the-conditions-for-a-non-violent-coup-detat-against-the-nicaraguan-government-part-i/ [11] En el New York Times del 1 de junio de 1986, el primer presidente de la NED, Carl Gershman, explicaba sin rodeos: «Sería terrible para los grupos democráticos de todo el mundo ser vistos como subvencionados por la CIA. La Fundación se creó porque no podíamos seguir haciéndolo.» [12] https://www.laprensa.com.ni/magazine/reportaje/las-grandes-victorias-de-la-contra-sobre-el-ejercito-popular-sandinista/ [13] Luis Galeano, María Lily Delgado, Miguel Mora Barberena, Dino Andino, Gerald Chávez, Roberto Mora, Lucía Pineda y Wendy Quintero, Jenifer Ortiz, Héctor Rosales, Álvaro Navarro, Uriel Hernández, Uriel Pineda, Carlos Salinas, Jackson Orozco, Leticia Gaitán, Fidelina Suárez, Patricia Orozco, Anibal Toruño. [14] https://thegrayzone.com/2021/06/01/cia-usaid-nicaragua-right-wing-media/ [15] https://trincheradelanoticia.com/2021/06/29/la-dualidad-de-la-integridad/ [16] https://www.usaid.gov/stabilization-and-transitions/closed-programs/nicaragua [17] Manifestantes que actúan sobre y desde las barricadas («tranques»). [18] https://blogs.mediapart.fr/patricio-paris/blog/290718/nicaragua-pour-la-levee-par-ortega-du-mandat-darret-de-rene-oscar-vargas [19] https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/23/nicaragua-se-acabo-el-millonario-negocio-de-las-oeneges-golpistas/ [20] http://www.oas.org/dil/esp/constitucion_nicaragua.pdf [21] https://www.canal4.com.ni/avances-investigacion-en-contra-fundacion-violeta-chamorro-lavado-dinero/ [22] La Presse, Montréal, 4 juin 2021. [23] Le Monde, Paris, 3 juin 2021. [24] https://www.telesurtv.net/opinion/Algunos-apuntes-respetuosos-de-Nicaragua-para-AMLO-20210628-0035.html [25] https://diariodecuba.com/internacional/1623950766_31993.html[[–https://www.grupodepuebla.org/manifiestoprogresista/ [26] https://venezuelainfos.wordpress.com/2021/06/26/du-sommet-de-lalba-au-groupe-de-puebla-la-gauche-en-mouvement/ [27] https://wikileaks.org/plusd/cables/06CARACAS3356_a.html [28] A pesar de esta alianza, AMLO conservó la mayoría en la Cámara de Diputados. [29] https://www.elimparcial.com/mexico/No-vamos-a-decir-quien-nos-financia-Mexicanos-Contra-la-Corrupcion-y-la-Impunidad-20201109-0092.html [30] Los acusados que cooperan y se declaran culpables de algunos de los delitos más graves pueden ver reducidas sus penas a tres o cuatro años entre rejas. [31] https://www.state.gov/non-governmental-organizations-ngos-in-the-united-states/ [32] https://www.justice.gov/nsd-fara/frequently-asked-questions#1 [33] http://www.aalep.eu/ban-donations-foreign-interests-political-parties-th-eu [34] https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/11/08/gilets-jaunes-plus-de-3-000-condamnations-par-la-justice-entre-novembre-2018-et-juin-2019_6018431_3224.html [35] Le Monde, 6-7 juin 2021.Fuente: www.medelu.org
