El bloque de Poder contrainsurgente dominante en Colombia, “es un poder histórico constituido”, respaldado por una Constitución, la de 1991 y por unas Instituciones que ejercen dicho poder mediante la coerción (represión) y la hegemonía, es decir como dijera Gramsci refiriéndose a esa correlación de fuerzas llamada Estado moderno: hegemonía revestida de coerción (E=H+C.)
Ese Poder Constituido o Constitución, no cayó del cielo como todavía muchos creen en Colombia. Ni vino en un navío como los virreyes coloniales de la reverenda madre Patria. No. Hubo un proceso social previo, o Proceso Constituyente, movido por una intensa lucha de clases en los años anteriores que bien se puede ubicar a comienzos de la década de los 70, cuando se inicia el ingreso de Colombia al circuito global del narcotráfico y los gobernantes en Washington Nixon y Kissinger, orientados por la escuela ultra neoliberal de los Chicago boy´s, dan los primeros pasos violentos en América Latina para hegemonizarla con esa concepción autoritaria de acumulación capitalista demandada por el sistema global del Imperialismo, cuyo paradigma geopolítico universal fue el golpe genocida del fascista Pinochet en Chile, el 11 de septiembre de 1973. Fecha para recordar siempre.
La conclusión o finalización de ese contradictorio y complejo Proceso Constituyente, bastante conocido por sus bombazos, genocidios, masacres, despojos, secuestros, guerra de guerrillas con sus respectivos procesos de paz abortados, etcétera ( que no me es posible desarrollar con todas sus atrocidades en este breve escrito), sacó a la luz pública, o hizo aflorar, o eclosionar, una nueva clase social burguesa o ultra capitalista: los narcotraficantes o “traquetos”, ligada a los negocios del narcotráfico desde Miami USA, donde se formó el “capo” Pablo Escobar antes de venir a “Mereyín” a organizar su clientela familiar y a sus “benditos muchachos”. Esa clase social “traqueta”, ridiculizada por los aristócratas bogotanos como “lobos o nuevos ricos perratas”, pronto hizo metástasis comerciales en la mayoría de las grandes ciudades que, para su fortuna hay en Colombia, y así, pronto surgieron grupos cerrados, en algunos casos familiares de narcos en Cali, Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, y Villavicencio, etc, los que la sabiduría popular denominó “mafias” por su combinación de una violencia ilimitada con los negocios “torcidos”.
Esta clase social a pesar de ser emergente y en cierto sentido ir contra el Estado plebiscitario constituido después del pacto de Sitges/ 1957 entre Lleras Camargo y Laureano Gómez (recuérdese todos los panfletos, matada de ministros y políticos del régimen, y la guerra de bombazos del cartel de Mereyín contra el Estado), por su carácter reaccionario y violento terminó siendo funcional al Estado colombiano existente; pues siguiendo la experiencia “encubierta” o contrainsurgente estadounidense sacada a la luz pública en el sonado caso “Irán-Contras y del teniente coronel del US Army Oliver L. North” , de usar los abundantes dineros de los narcotraficantes para financiar el combate a las insurgencias antiimperialistas y antioligárquicas que surgieron en Centroamérica en las décadas de los 70 – 80 y las que aún persistían irresolutas en Colombia; fueron cooptadas por los militares del ejército colombiano para desarrollar y ampliar la lucha antisubversiva. Así surge la alianza con el capo lumpenesco bogotano Gacha, jefe del brazo militar del cartel de Mereyín, con el alto mando militar colombiano para crear los grupos fundadores de narco-para-militares.
No es cierto que las mafias hubieran infiltrado a los militares: las numerosas investigaciones históricas sobre este tema existentes en Colombia y el exterior, muestran el proceso contrario: Los militares contrainsurgentes colombianos infiltraron a los “traquetos” para su lucha antisubversiva. Surge entonces la necesidad histórica de incluir dentro del Estado, dentro de la represión y su hegemonía, esta nueva clase funcional impuesta de hecho como un Poder Constituyente, surgida en el panorama político por medio de dinamita, masacres, genocidios, despojos, fosas comunes, charcos de sangre y millares de víctimas.
Es entonces cuando la caricaturesca réplica pereirana y pastusa de los Chicago boy´s (Gaviria y su kindergarten bien orientada desde Chicago) concibe y propone en 1991 una Asamblea Constituyente (que excluye a propósito con el bombardeo a Casaverde a las insurgencias) para modificar el Poder constituido o Constitución que se traía desde 1886, Con la finalidad de incluir esta clase emergente e innovadora dentro de los innumerables negocios neoliberales especialmente los ligados con la tierra y los servicios financieros de lavado de dinero.
El resultado fue, esa mezcla fatídica de “neoliberalismo y contrainsurgencia impune” que ha caracterizado a la Constitución de 1991 durante todos estos últimos 30 años de guerra interior o conflicto armado; convirtiendo en papel mojado los pocos Derechos Humanos reconocidos “demagógicamente” en dicho texto constitucional. En 1991, después de un breve proceso electoral deslegitimado por una gigantesca abstención, había nacido una nueva hegemonía y una nueva forma impune de coacción, y con este fin se crearon en ese texto, especialmente la Fiscalía junto con las otras Ías, y el sin número de superintendencias para cada ramo de la economía incluyendo a la salud como negocio financiero, que darían al público la sensación, solamente la sensación, de que había un serio y estricto sistema de vigilancia y controles estatales a los negocios neoliberales y contrainsurgentes desatados.
Recapitulando: Para la ciencia política actual, una cosa es la Constitución o Poder Constituido. Otra bien distinta es el Proceso Constituyente que le da origen y llega hasta la redacción de la carta magna, y otra muy distinta es el nuevo Poder Constituyente, alternativo, innovador que hace surgir una nueva Constitución, que en esta descripción se ejemplifica con la clase de los narcotraficantes colombianos que fuerza la nueva redacción magna.
Con esta aclaración voy al grano. Asustados por el ejemplo contagioso del Estallido Social en Chile que ha condensado los tres conceptos:
1 Poder Constituido o Constitución a renovar.
2 Poder Constituyente nuevo, alternativo, innovador, surgido en la calle y en la gran y persistente Movilización Social que deslegitimó e ilegalizó políticamente el omnímodo Poder del paradigmático del experimento neoliberal fascista chileno y
3, el Proceso Constituyente que se acaba de citar para dar forma a la nueva carta magna chilena y que ha escogido como su presidenta a la aguerrida luchadora Mapuche Elisa Loncón; el bloque de poder dominante en Colombia contando con los cooptados socialdemócratas de las clases subalternas, ha iniciado una ofensiva mediático-ideológica para, mediante un pase de prestidigitación muy de su talante histórico, hacer un amasijo entre lo político y lo jurídico; un revoltillo ininteligible que impida ver, distinguir, o separar los tres conceptos arriba explicados, con sus implicaciones tanto políticas como jurídicas y organizativas.
Es entendible que los ruiseñores del régimen digan, defiendan, escriban propaganda y publiciten únicamente los pocos aspectos demagógicos que contiene la Constitución de 1991 especialmente relacionados con algunos Derechos Humanos tardíamente reconocidos y que en estos 40 años de conflicto social armado, ahora durante el llamado posconflicto y el actual Estallido Social de Marzo/21 hayan sido borrados completamente de la vigencia constitucional, como lo acaban de confirmar innumerables agencias internacionales concernidas con la defensa de estos derechos, incluso la ONU entre otras.
Pero lo que sí resulta patético y preocupante es que algunos intelectuales y politólogos que se autodenominan marxistas, escriban repelos contra los jóvenes movilizados de la Resistencias en las calles y barrios de las ciudades colombianas, quienes siguiendo el ejemplo contagioso de Chile han pedido colectivamente con gran visión política y sintiéndose una fuerza social nueva, como un nuevo Poder Constituyente alternativo e innovador; han pedido de múltiples formas que se redacte una nueva constitución en Colombia que le dé cabida a las nuevas fuerzas sociales y respete las conquistas democráticas y humanas contenidas en la constitución vigente, y se inicie un Proceso Constituyente amplio, democrático, incluyente, precedido de un sin número de Asambleas Populares, de calle, de barrio, de circuito y de Provincia; ampliamente deliberativas y definitivas que terminen en la elección democrática de los delegados a una gran Asamblea Nacional Constituyente muy distinta de las constituyente de bolsillo que tiene entre-pecho-y-espalda los contrainsurgentes dominantes.
Arguyen los socialdemócratas vestidos de marxistas, que lo que debe hacer el régimen actual para dar continuidad al Estado vigente es: “que, en lugar de una nueva constitución, la que no se necesita, de lo que se trata es de desarrollar normativamente, de expandir vía parlamentaria la constitución vigente”. Creyendo ingenuamente que “esta vez sí”. Que el pudridero del Parlamento colombiano no seguirá en el círculo vicioso en el que ha estado todos estos años legislando en beneficio de los conglomerados financieros hegemónicos y de los jefes contrainsurgentes y matarifes impunes, postergando la solución de los problemas estructurales que agobian y destruyen al país desde hace siglos.
Treinta (30) años de guerra contrainsurgente cruel e implacable con millones de víctimas populares y de las clases subalternas no les son suficientes. Como tampoco les sirve el ejemplo del pacto Santos – Timolíon /2016, donde precisamente una fuerza guerrillera de orientación marxista que no había sido vencida en combate, y que aspiraba a ser, a convertirse, en un Poder Constituyente alternativo democrático mediante la refrendación de dicho pacto con una Asamblea Constituyente; terminó siendo abortada, perdiendo toda Fuerza tanto política como social o armada, y quedando relegada a ser menos de un cero a la izquierda en lo electoral, y en lo social, un mero un “objetivo militar” para los narco-paramilitares oficiales que no solo les siguen exterminando como excombatientes, sino destruyéndoles y aniquilándoles, mediante un execrable genocidio social, todo el poco tejido social de las antiguas bases sociales donde pudieran tener alguna simpatía. Rechazados y odiados por los contrainsurgentes dominantes como criminales de guerra y secuestradores, ahora en esas regiones donde antes tenían audiencia, también son rechazados y odiados como traidores a sus ideales que proclamaban. Más odio por los cuatro costados es imposible de recibir y por lo tanto, es indispensable e imperativo corregirlo.
Con esto dicho. Es indispensable que los compañeros de la Resistencia colombiana surgida a la luz pública en esta gran Movilización Social no se dejen meter gato por liebre. Que sepan diferenciar los tres procesos distintos y complejos, arriba descritos, y ubicar las fuerzas de las que disponen para cada uno de ellos, en cada sitio y momento concretos. Es el momento histórico de organizar nuevamente nuestras sociedades de manera democrática, popular y amplia hacia una Democracia avanzada y popular. Así también lo han entendido otros pueblos hermanos de la Patria Grande, cada uno con su singularidad en estos momentos de la gran crisis del Estado neoliberal global, y, ya no es posible, dada la cantidad enorme de experiencias acumuladas, permitir que la rueda de la historia gire una vez más hacia atrás.
Notas:
*Médico, antropólogo y ensayista colombiano
Fuente: Colaboración
