El gobierno de Estados Unidos está contemplando destinar cerca de 159 millones de dólares en asistencia a México, sobre todo para el rubro de seguridad y antinarcóticos, renovar reuniones bilaterales de alto nivel sobre seguridad y mayor asistencia para manejo migratorio. Pero en el proyecto de ley para la apropiación de estos fondos ante el Congreso también se incluyen órdenes para evaluar el respeto a los derechos humanos por fuerzas de seguridad en México.
El Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes emitió ayer su reporte sobre el proyecto de ley que destina fondos a las operaciones internacionales del gobierno federal –proponiendo más de 13 mil millones de dólares para el Departamento de Estado– a nivel mundial para el año fiscal 2022, entre los cuales está lo propuesto para México.
Este proyecto de ley incorpora y/o modifica las propuestas del Ejecutivo para el presupuesto federal registrando el giro en política exterior bajo el nuevo gobierno demócrata de Joe Biden, y a la vez, incluye las recomendaciones y condiciones del Congreso.
Para México, el Comité de Apropiaciones recomienda un total de 158 millones, 910 mil dólares en asistencia manejados por el Departamento de Estado. La gran parte de ese total se desembolsaría –si esta propuesta es aprobada sin modificaciones– a través de dos canales: 100 millones a programas de la oficina de Control Internacional de Narcóticos (INCLE, por sus siglas en inglés) y otros 50 millones al Fondo de Apoyo Económico (ESF).
Además, se propone un millón 750 mil dólares para Educación y Capacitación Militar Internacional (IMET), 6 millones al Programa Internacional Militar de Financiamiento (FMF) y otro millón 160 mil para los programas de no proliferación, antiterrorismo, antiminas y relacionados. Parte de estos fondos son destinados a entidades responsables del tema migratorio, incluyendo Comar y el Instituto Nacional de Migración.
El proyecto de ley afirma que los fondos de asistencia para México tendrán como prioridad “apoyar la construcción de capacidad de instituciones mexicanas en los sectores de seguridad y justicia para combatir y enjuiciar las organizaciones criminales trasnacionales” y “promover el buen gobierno, protección de derechos humanos y la investigación y enjuiciamiento de violaciones, esfuerzos para buscar e identificar a personas desaparecidas”, entre otros objetivos.
El comité instruye –al aprobarse este proyecto de ley– al secretario de Estado presentar un plan para restablecer reuniones bilaterales de seguridad entre los gobiernos de Estados Unidos y México.
A la vez, ordena que el secretario de Estado y el administrador de Usaid presenten un informe al Congreso evaluando los programas implementados bajo la Iniciativa Mérida y una evaluación del efecto de la nueva ley mexicana sobre agentes federales extranjeros para la cooperación bilateral.
El comité expresa su preocupación “por el deterioro de las condiciones de derechos humanos” en la zona fronteriza entre México y Estados Unidos señalando informes de que agentes de migración federales mexicanos “han cometido violaciones de derechos humanos y no han sido obligados a rendir cuentas”.
El comité también expresa su preocupación con la participación de agentes de policía mexicanos capacitados por Estados Unidos en la masacre de 19 personas en el norte de México y solicita un informe sobre el equipo y capacitación otorgado por Estados Unidos a agentes de seguridad y de migración mexicanos operando en las fronteras norte y sur del país desde 2016.
El Comité prohíbe que los fondos de asistencia a México “sean usados para apoyar el involucramiento de militares en aplicación de la ley en México…”
Finalmente el comité ordena que –al promulgarse esta ley– el secretario de Estado informe al Congreso respecto de si México está actuando de manera judicial en violaciones de derechos humanos, cumpliendo con las prohibiciones al uso de tortura, y si de manera creíble está buscando víctimas de desapariciones forzadas y aplicando la ley contra los responsables.
El proyecto se empezará a aprobar esta semana en el comité para proceder con su esperada aprobación por el pleno próximamente.
*Este artículo fue publicado por La Jornada.
