En la “producción” de esa violencia intervienen varios actores, privados y estatales; el análisis que se hace por los observadores especializados no logra captar en la toda su complejidad la topología de dicho fenómeno[1] y la acción del Estado se realiza de manera extraviada pues no acierta con sus estrategias para superar la tragedia consuetudinaria.
El Cauca es un departamento y región de mucho peso en la constitución de la nacionalidad colombiana. Su incidencia histórica es un hecho incuestionable. Popayán, su capital, es un símbolo de lo que fue el dominio colonial español. Durante varios siglos, el Cauca fue un inmenso territorio que cubría buena parte de la geografía del Virreinato de la Nueva Granada y de la naciente Republica de la Nueva Granada.
Del Cauca son oriundos prominentes figuras del poder presidencial colombiano como Tomas Cipriano de Mosquera, Obando, López, Trujillo y otros destacados líderes religiosos y culturales[2].
Igualmente, el Cauca ha sido un territorio que ha servido de asiento a poderosas comunidades indígenas como los Nasa, Guambianos, aviramas, totoroes, polindaras, paniquitaes, coconucos, patías, bojoles, chapanchicas, sindaguas, timbas, jamundíes y cholos. El 21% de su población es de dicha etnia. La población afrodescendiente también es alta, alcanzando el 22% de los habitantes del departamento, que son cerca de Un Millón Quinientas Mil personas.
El departamento del Cauca, además de estar organizado administrativamente en 42 municipios se reparte en varias sub regiones muy específicas como el Centro metropolitano (Popayán), el Andén del Pacifico, el Norte y el Patía (Sur).
El Cauca es emblemático de la fragmentación regional que ha caracterizado el ordenamiento territorial colombiano como resultado de su complicada configuración geográfica de cordilleras, valles, sabanas y llanos, lo que incide en la heterogeneidad de los fenómenos sociales como el de la violencia que se expresa con diferente intensidad.
Que es el caso del Cauca, donde la violencia persiste de manera incisiva y letal. Lo que hace preguntarnos si la misma es un coletazo de la guerra del segundo ciclo de confrontación registrado entre 1964 al 2016, año este en que se firmaron los Acuerdos de paz entre Santos y un sector de las Farc, o la misma es la continuidad de una violencia profundamente arraigada en la sociedad por razones de orden social relacionadas con la pobreza y el abandono estatal; geográfico por ser el Cauca un corredor estratégico para acceder al Pacifico; por el incremento de los cultivos de uso ilícito; y por la informalidad en la abundante y rica minería local.
La del Cauca es una violencia proteica que se expresa con crueldad en masacres, exterminio de líderes sociales, atentados y bombazos como el reciente en el municipio de Corinto que afecto a 43 personas.
En esa violencia intervienen diversos actores como los grupos de las Farc reorganizados a raíz del fracaso de los Acuerdos de paz de Santos, hechos trizas por el gobierno uribista de Iván Duque.
Las Farc en el Cauca hace presencia con varios núcleos de combatientes organizados en las columnas Dagoberto Ramos (Corinto, Toribío, Santander de Quilichao, Jambalo, Caldono y Caloto); Jaime Martínez (Morales, Buenos Aires, Suarez, Tambo, Piendamo, Silvia, Cajibío y Timbiquí); Carlos Patiño (Argelia, López de Micay, Timbío y el Bordo); y el Frente Rafael Martínez (Naya), todas ellas bajo la dirección del Comando Coordinador de Occidente (CCO), articulado al Frente Primero y al Séptimo que lideran Gentil Duarte y Néstor Gregorio Vera (Iván Lozada) en los departamentos del Meta, Caquetá y Guaviare.
La Nueva Marquetalia de Iván Márquez y Jesús Santrich también hace presencia en los municipios de Buenos Aires, el Naya, Caldono, Cajibío, Piendamo, Argelia, Morales y Jambalo, está organizada como Frente Segundo Manuel Marulanda.
Cierto análisis sesgado caracteriza dichas guerrillas agrarias, indígenas y afros como bandas de narcotraficantes, desconociendo su contenido ideológico y sus fines políticos focalizados en procesos de organización y movilización de los cocaleros, campesinos, afros e indígenas para hacer efectiva la reforma agraria, la democratización política, la erradicación de la corrupción de la casta política departamental sumergida en el saqueo de los dineros y bienes públicos y el acceso al poder regional secuestrado por una poderosa y e inveterada plutocracia feudal con grandes privilegios en un territorio donde prevalece la más aberrante pobreza y exclusión social[3].
Masse insiste en que negar la realidad política de las disidencias podría ser un gran error.
Ya sea que el actual gobierno decida combatirlas o que el gobierno entrante escoja negociar con ellas, es importante—al igual que con el ELN—tratar de entender la razón de ser de las disidencias y las reivindicaciones que persiguen, pues por anacrónicos que suenen sus discursos, ellas—o por lo menos una parte—siguen teniendo motivaciones políticas. Negar esa realidad será, cuando menos, contraproducente.
En el mismo sentido el analista Kyle Johnson sostiene que, aunque todas participan en negocios criminales, las disidencias son distintas en sus motivaciones, en sus maneras de actuar y de relacionarse con las comunidades. La idea simplista de que todo es por plata no dejará que resolvamos el problema[4]. Johnson agrega que la realidad de las disidencias no es tan simple… hace falta ahondar en los motivos de los disidentes, comenzando por el hecho que al rechazar el Acuerdo de paz con el gobierno estos grupos tomaron una decisión política.
Argumenta que, aunque la participación en economías ilegales, especialmente la extorsión y el narcotráfico, sigue siendo importante para explicar las disidencias, este factor no basta para dar cuenta de su naturaleza completa porque los recursos económicos son necesarios para que un grupo armado sobreviva, independientemente de sus objetivos.
El ELN es otro actor presente allí con los Frentes de Guerra José María Becerra (López de Micay y Argelia), Manuel Vásquez Castaño (Sucre y Bolívar) y la columna móvil Milton Hernández del Frente Manuel Vásquez Castaño.
EL EPL, una guerrilla maoísta de izquierda, actúa en Toribío y Caldono con pequeños grupos históricos asociados a movilizaciones agrarias.
Los Urabeños, Águilas Negras y Rastrojos operan de la mano con los militares y carteles mexicanos en las zonas mineras de Suarez y Buenos Aires.
Sectores de la fuerza pública operan como ruedas sueltas en Argelia y Toribio, involucrados en los negocios de la droga, el lavado de activos y las oficinas de cobro. Es muy conocida la “Oficina de Toribio” en manos de sub oficiales en retiro.
Frente a este fenómeno de violencia generalizada el gobierno de Iván Duque y las autoridades regionales han diseñado y puesto en marcha varias estrategias, unas de carácter militar, otras de carácter social y las más recientes de sentido humanitario.
El componente militar organizo el Comando Específico del Cauca lanzado, con 8.700 uniformados. La fuerza, dirigida por el General John Jairo Rojas (comprometido en falsos positivos y desapariciones), incluye además una fuerza de tarea especial Fudra, que ya tenía 2.800 uniformados de fuerzas especiales, y una Brigada Liviana de Caballería del Ejército. Estos militares son autónomos y la Fudra establecida actúa sobre el cañón del Micay ocasionando una masiva violación de los derechos humanos desde la Costa Pacífica hasta el Tambo y Argelia.
La acción militar suma recientemente el regreso de la erradicación forzada de los cultivos de coca, marihuana y amapola y una inminente fumigación con glifosato presionada desde el Ministerio de Defensa, desconociendo los fallos y Autos de la Corte Constitucional que establecen requisitos ambientales y sociales muy estrictos respecto del uso de los químicos venenosos con los que se pretende destruir los cultivos de coca. La fumigación en marcha se lleva por delante igualmente los Planes de Sustitución voluntaria arruinados por lo demás por el burocratismo, la negligencia y corrupción de los funcionarios del Pnud.
Respecto de la gestión social se ha lanzado un Plan Social para el Cauca[5] que gestiona la Oficina del Alto Comisionado de Paz por un supuesto valor de 1.4 billones de pesos que no es más que la suma de distintos presupuestos objeto del saqueo de los parlamentarios de todos los pelajes quienes van por veredas y pueblos repartiendo partidas para pequeñas obras sin mayor impacto social.
Igual sucede con el Pdet del Alto Patía que supuestamente se pactó para ejecutar la reforma rural integral pero que termino siendo un programa de pequeñas obras de infraestructura entregadas a los politiqueros para amarrar clientelas y votos. Obras en las que impera la más aberrante corrupción, pues tanto Emilio Archila como Ceballos, los dos gerentes de la paz con legalidad, adjudican a dedo los contratos junto con los parlamentarios Ortega, Cárdenas y Velasco. Suficiente con ir a Piendamo, a Cajibío, a Timbio, a Corinto, a Caloto o al Bordo para confirmar en terreno el fiasco del Plan de Acción del Pdet más grande de los 16 organizados hasta el momento, los cuales son más propaganda que paz efectiva[6].
Recientemente el Gobernador del Cauca, junto con ongs mercantilistas y empresarios lanzaron el Pacto por la Vida, los Derechos Humanos, el Territorio y la Paz, sin embargo, esa herramienta no parece tener la fuerza necesaria para defender la vida y los derechos de la población mayoritaria del departamento[7]. Se trata más bien de un acto de propaganda electoral para reforzar los intereses politiqueros del Senador Temístocles Ortega el gran gamonal que concentra los principales resortes del poder en el departamento y sus municipios. Ortega, junto con Velasco, Cárdenas, Paloma Valencia y Velasco simulan defender los intereses colectivos de la comunidad cuando en realidad son sus verdugos junto a los grandes latifundistas, generales y poderosos narcos enchufados en las altas esferas del poder.
Con este cuadro político y social, más que un coletazo de la anterior guerra, la violencia actual del Cauca es la prolongación del antiguo conflicto social y armado con nuevas formas de acción y ejercicio de la guerra tal como lo señala Gutiérrez Sanín en su interesante y reciente ensayo sobre el Tercer ciclo de la violencia colombiana que recomiendo leer y analizar con atención, más allá de ciertas incongruencias producto de los sesgos y prejuicios del autor.[8]
Notas:
*Periodista colombiano
[1] Ver al respecto el siguiente enlace electrónico https://bit.ly/3miWRew
[2] Ver el siguiente enlace electrónico https://bit.ly/3fGpQrm
[3] Ver al respecto el siguiente enlace electrónico https://bit.ly/3uoo3v5
[4] Ver el siguiente enlace electrónico https://bit.ly/3cPDYg8
[5] Ver el siguiente enlace electrónico https://bit.ly/2RbD0Cv
[6] Ver el siguiente enlace electrónico https://bit.ly/2PzXIve
[7] Ver el siguiente enlace electrónico https://bit.ly/3mxH3EZ
[8] Ver el siguiente enlace electrónico https://bit.ly/3cQg57X
