Un funcionario prepara la bandera británica junto a la europea para una reunión en 2018. (EFE)
La Comisión Europea ha anunciado este lunes que va a iniciar una batalla legal contra el Reino Unido por su decisión de retrasar, unilateralmente y sin previo aviso, la aplicación de algunas disposiciones del acuerdo del Brexit en lo que se refiere al Protocolo de Irlanda del Norte. Una crisis que se desató el pasado 3 de marzo, cuando el Gobierno británico anunció la extensión del periodo de gracia para que el intercambio de bienes entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte esté exento de controles hasta el 1 de octubre. Ese periodo de gracia finaliza el 1 de abril y para prolongarlo era necesario alcanzar un acuerdo en el comité conjunto a través del que ahora se gobierna la aplicación de los acuerdos.
En aquel momento la Comisión Europea ya avisó al Gobierno británico de a lo que se enfrentaba. Maros Sefcovic, vicepresidente de Relaciones Interinstitucionales y Prospectiva de la Comisión Europea expresó “la gran preocupación de la Unión Europea por la acción unilateral del Reino Unido, ya que esto equivale a una violación de las disposiciones del Protocolo de Irlanda y la obligación de buena fe”. El eslovaco, quien representa a la UE en el comité conjunto que debería haberse hecho cargo de la decisión, afirmó en un comunicado que “esta es la segunda vez que el Gobierno del Reino Unido está dispuesto a violar el derecho internacional”.
¿Por qué importa? Porque sin controles el Ulster puede convertirse en una «puerta de atrás» para acceder al mercado interior sin aranceles y sin cumplir con normas o estándares europeos necesarios para que un producto pueda venderse en París, Madrid o Bruselas. Para evitar, tras el Brexit, una frontera dura entre Irlanda del Norte, que es una provincia británica, y la República de Irlanda, que es un Estado miembro de la Unión Europea, se acordó un complejo acuerdo. Éste establecía que el Ulster quedaba en muchos elementos alineado con las normas del mercado interior, y por lo tanto se deberían realizar controles en el mar de Irlanda entre Gran Bretaña y la provincia con capital en Belfast.
Esa alineación regulatoria, para evitar la frontera física, obliga por ejemplo a que los productos que cruzaran el mar de Irlanda tienen que cumplir con los requisitos necesarios para entrar en el mercado interior, por ejemplo en materia sanitaria. Porque una vez entran en Irlanda pueden ir a cualquier lugar dentro de la Unión Europea. Se estableció un periodo de gracia para evitar un shock a las industrias a partir del 1 de enero de 2021, pero debía expirar el próximo 1 de abril. Sin embargo, el Gobierno británico ha anunciado unilateralmente que lo extendería hasta octubre.
Ahora el Ejecutivo comunitario ha activado el procedimiento de infracción que se recoge en el propio Acuerdo de Retirada. Ese proceso se inicia con una carta de notificación formal que Bruselas ha enviado este lunes, y podría finalizar con un caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Además, Sefcovic ha enviado una carta con un contenido más político a David Frost, su homólogo en el comité conjunto que gobierna el Acuerdo.
Maros Sefcovic, vicepresidente de la Comisión Europea. (Reuters)
El Reino Unido tiene ahora un mes para contestar a esta primera carta. Si no lo hace o si sus explicaciones no convencen a la Comisión Europea, esta podrá solicitar por ejemplo una multa. Además, por otro lado, el Ejecutivo comunitario exige que Londres reinicie las consultas en el comité conjunto que gobierna los acuerdos antes de finales de este mes. Si no lo hace la Unión Europea podría, en base a un incumplimiento del principio de buena fe, iniciar un proceso que podría concluir con imposición de sanciones financieras por parte del panel de arbitraje. “En caso de impago o incumplimiento persistente, la UE podría suspender sus obligaciones en virtud del Acuerdo de Retirada (con la excepción de la parte del acuerdo sobre derechos de los ciudadanos) o del Acuerdo de Comercio y Cooperación”, señala la Comisión Europea en un comunicado, señalando que, por ejemplo, podrían ponerse aranceles a importaciones británicas.
“Esta es la segunda violación del derecho internacional sobre el mismo asunto”, ha insistido este lunes una fuente comunitaria, que ha subrayado que se está “lidiando con las consecuencias del Brexit”. La fuente recuerda que cuando el Gobierno británico cambió su estrategia respecto a Irlanda del Norte en septiembre de 2019 asumió que habría controles a los bienes que circularan del Reino Unido a la isla de Irlanda y viceversa. “Eso estaba muy claro” durante las negociaciones, insiste. El Gobierno británico defiende que la prolongación del periodo de gracia no es una violación de sus compromisos y que únicamente ha tomado esa decisión para evitar perjuicios para Irlanda del Norte.
“Seamos claros: el Reino Unido está activamente diciéndole a los actores económicos que no apliquen un acuerdo internacional, así que sí, creemos que hay una violación”, ha apuntado la fuente, que ha explicado que la Unión Europea está siendo “firme” ante una violación al menos en dos puntos: por un lado al faltar al principio de buena fe, que es el que podría concluir con multas o hasta aranceles, y por otro lado por extender el periodo de gracia sin acordarlo previamente, que el que podría finalizar en manos del TJUE.
Una portavoz del Gobierno británico señala que ya han recibido las cartas y aseguran que responderán en los plazos marcados. “Hemos sido claros en que las medidas que hemos tomado son pasos operativos temporales destinados a minimizar las interrupciones en Irlanda del Norte y proteger la vida cotidiana de las personas que viven allí. Son legales y parte de una implementación progresiva y de buena fe del Protocolo de Irlanda del Norte», ha asegurado la portavoz.
Este movimiento de la Comisión Europea llega en un momento en el que las relaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido pasan por uno de los momentos más bajos desde 2016. Las negociaciones del Brexit han acabado con la confianza entre Londres y Bruselas, pero la situación ha empeorado tras la puesta en marcha provisional del acuerdo sobre relaciones futuras desde el 1 de enero. Y no solamente por el Brexit: una de las principales razones de los últimos roces ha sido a raíz de la exportación de vacunas, con Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, acusando al Gobierno británico de aplicar una “prohibición total” a la exportación de dosis a la UE, algo que Downing Street niega rotundamente.
Puerto de Belfast, uno de los puntos clave para la aplicación del Protocolo de Irlanda. (Reuters)
“La UE y el Reino Unido acordaron el Protocolo juntos. También estamos obligados a implementarlo juntos. Las decisiones unilaterales y las violaciones del derecho internacional por parte del Reino Unido frustran su propósito y socavan la confianza entre nosotros”, ha señalado Sefcovic en un comunicado. “El Reino Unido debe implementarlo adecuadamente si queremos lograr nuestros objetivos. Es por eso que hoy iniciamos acciones legales. Espero que a través del espíritu colaborativo, pragmático y constructivo que ha prevalecido en nuestro trabajo hasta ahora en la implementación del Acuerdo de Retirada, podamos resolver estos problemas en el Comité Conjunto sin recurrir a más medios legales”, ha subrayado.
Y es que la estrategia de la Comisión Europea va a consistir en inciar el procedimiento legal para demostrar al Gobierno británico que está dispuesta a pasar a la acción, pero al mismo tiempo invitar a Londres a sentarse y hablar, para intentar reconducir la situación. “Tendremos que sentarnos con los británicos y entender qué quieren hacer hasta el 1 de octubre”, ha explicado una fuente comunitaria.
*Nacho Alarcón, corresponsal en Bruselas.
Artículo publicado en El Confidencial.
