Inicialmente, la información del Ministerio de Defensa dio cuenta de 10 personas fallecidas como consecuencia del potente y letal bombardeo y de tres menores retenidos y entregados a Bienestar Familiar.
Con el pasar de las horas la cifra se elevó a 13 víctimas y hoy martes 9 de marzo, los familiares están registrando en Villavicencio y San José del Guaviare más de 20 personas desaparecidas.
Lo grave de todo este acontecimiento es que se trata de niñas y niños campesinos que han sido víctimas de los núcleos más guerreristas de los aparatos armados del Estado colombiano.
Acá y entrando en detalles hay muchas preguntas por hacer. Por ejemplo, en base a que reportes de inteligencia militar, la Presidencia de la Republica autorizo esta violenta operación la cual segó la vida de un núcleo de humildes jóvenes ocupados en labores agrícolas.
Por el momento la información de los familiares está dando cuenta de los siguientes fallecidos:
- Marlon Steven Mahecha Herrera, de 12 años.
- El venezolano Jorge Manuel Gonzales López, de 14 años.
- Jonathan Sánchez Zambrano (TI 1006528902), de 15 años.
- Sebastián Andrés Varón Rojas (TI 1121418224), de 16 años.
- Dana Lizet Montilla (tarjeta de Identidad 1120565435), con 16 años.
En San José del Guaviare hay tres mujeres menores heridas y mutiladas por las bombas del militarismo fascista del actual gobierno.
Como en la masacre ocurrida en el Caquetá hace dos años, que fue presentada como una operación limpia por el ex ministro Botero, destituido posteriormente luego de un debate en el Senado que saco a flote sus mentiras y falsas verdades, en esta masacre hay muchos cabos sueltos, que un pormenorizado seguimiento y análisis jurídico, militar y político debe aclarar. Son muchas las preguntas para el ministro empresarial Molano y para los generales Antonio María Beltrán Díaz y Raúl Hernando Flores Cuervo, los jefes militares de la región, con ínfulas de reyezuelos, para que este sangriento episodio se aclare los más rápido posible con el fin de que prevalezcan los derechos humanos y las normas del DIH en el prolongado conflicto colombiano que no termino con el mentiroso acuerdo de paz neoliberal de Santos y Timochenko. [2].
Lo cierto, en este caso, es que la sangrienta operación del Guaviare fue ejecutada por uno de los dispositivos militares más violentos del gobierno uribista de Duque.
La Fudra Omega es un paraestado que funciona al margen de las reglas constitucionales y democráticas. Tanto en el sur del Meta, como en el Guaviare y Caquetá, esta máquina de muerte, con más de 30 mil unidades, es una de las expresiones del modelo contrainsurgente implantado por el Comando Sur de los Estados Unidos para proteger los intereses de las multinacionales petroleras, mineras y del agro negocio en Colombia.
En este amplio territorio, con importantes recursos estratégicos ambientales y mineros, los que imponen su ley son prepotentes caudillos militares subordinados a los intereses del imperio norteamericano. Para lo que cuentan con amplias prerrogativas que derivan en el permanente atropello de los colonos, campesinos e indígenas, mediante masacres, montajes judiciales y desaparición de líderes.
Este es un aspecto que no logra encubrir la falaz retorica cuartelera que pretende mostrar a los campesinos cocaleros y a las guerrillas de las Farc de Gentil Duarte e Ivan Lozano como unos vulgares narcotraficantes, cuando en realidad quienes se enriquecen con la coca son oficiales, jerarcas militares y policiales, enchufados con poderosas mafias regionales e internacionales.
Ojalá el oportuno debate sobre esta nueva masacre nos permita conocer la verdad de los hechos ocurridos el pasado martes en la vereda Buenos Aires, del municipio de Calamar, Guaviare; para lo que también se necesita conocer la versión del alcalde municipal y del Personero local, la primera autoridad en materia de Derechos Humanos.
Notas:
*Periodista colombiano
[1] https://bit.ly/3t5XUQX [2] https://bit.ly/3emYXb6
