Existen crímenes que dejan huellas profundas en la comunidad que los padece. Uno de ellos es la trata de personas. Seguramente cada uno de nosotros puede recordar el nombre de alguna mujer en nuestro país que desapareció para luego ser identificada como víctima de trata. Para los argentinos, uno de estos casos es el de Marita Verón, una joven de 23 años que en 2002 salió de su casa para ir al médico y terminó obligada a participar en una red ilegal de prostitución. Aunque logró escapar, la volvieron a capturar. Dieciocho años más tarde, su madre, Susana Trimarco, la seguía a buscando sin éxito pero, en el proceso, ha logrado rescatar a más de dos decenas de mujeres de las redes de la trata. Las narraciones del drama de las víctimas y la lucha de las familias permanecen con aquellos que las viven, incluso a través de la prensa, e incitan emociones extremas como el miedo, la rabia y la impotencia.
¿Qué es la trata de personas?
La trata de personas es un delito. Ocurre cuando se captura y/o traslada a personas para su explotación, a través de engaños, amenazas, uso de la fuerza, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad. Las personas víctimas de trata pueden ser obligadas a realizar trabajos forzados, a participar de actividades delictivas, o también pueden ser víctimas de explotación sexual (este es el caso para la gran mayoría de víctimas mujeres) e incluso de extracción de órganos.
Se estima que, en 2018, 2,5 millones de personas en el mundo fueron víctimas de trata. Sin embargo, este es un tema con un amplio problema de sub-reporte. Los expertos calculan que, por cada víctima identificada, hay por lo menos 20 más sin identificar. La trata requiere de una respuesta contundente y coordinada entre sectores y organizaciones públicas y entre los países de la región.
En Sudamérica, 80% de las víctimas de trata son de sexo femenino de las cuales un porcentaje importante son niñas, 31% del total. Centroamérica es la región del mundo con mayor número de víctimas de trata por cada 100 mil habitantes.
¿Un problema doméstico o transfronterizo?
Muchos de nosotros confundimos la trata de personas con el tráfico de personas. El tráfico de personas supone el tránsito ilícito de fronteras a cambio de un pago monetario. Contrario a la percepción general, la trata de personas en la mayoría de los casos no implica un tránsito internacional. Por el contrario, las víctimas permanecen mayoritariamente en su país de origen. Esta tendencia se observa a nivel global pero también en nuestra región. En Centroamérica y el Caribe, el 75% de las víctimas es identificado en su propio país o en la misma subregión. En Sudamérica, esta cifra asciende al 93%.
Las crisis en general exacerban la vulnerabilidad y, con ella, el problema de la trata de personas. También lo hacen los conflictos armados, el desplazamiento y las crisis migratorias. El éxodo de migrantes venezolanos hacia países dentro y fuera de Latinoamérica, y los flujos migratorios de Centroamérica hacia México y Estados Unidos, elevan el riesgo de que los refugiados y los migrantes sean víctimas del delito de trata de personas.
¿Qué pueden hacer el sector público y el sector privado?
Uno de los desafíos principales para el combate de este crimen en la región es el de crear los marcos legales necesarios para identificar correctamente los casos, y el contar con instancias y estructuras para la prevención de los delitos y para la atención a las víctimas. América Latina ha logrado ciertos avances, sobre todo con respecto a la adhesión a los convenios internacionales contra la trata de personas. Sin embargo, queda mucho por hacer en este tema, tanto desde la generación de información para la acción de la comunidad, como desde el punto de vista jurídico e institucional.
Las personas que trabajan en el sector turístico pueden tener un papel fundamental para identificar a posibles víctimas de trata y reportar los casos a las autoridades que pueden ofrecerles ayuda. Destaca, por ejemplo, la iniciativa de empresas de servicios de transporte, que han ofrecido información a sus conductores para motivarlos a cumplir un rol activo en la prevención de este crimen y otorgarles la información y las herramientas que requieren para identificar a víctimas potenciales y realizar los reportes.
Pero también desde los servicios sociales, en el sector salud o en el sector educativo existen espacios para crear conciencia sobre este problema y, sobre todo, para capacitar al personal para reconocer situaciones de riesgo y actuar de manera efectiva y protegiendo la seguridad de las víctimas. Y por supuesto, para aquellas víctimas que logran liberarse de esta forma de esclavitud moderna, el acompañamiento de profesionales es clave en el proceso de recuperación emocional y física del daño que este tipo de experiencia extrema deja en sus vidas y su bienestar.
De igual forma, es importante entender este grave problema en el contexto inmediato. La pandemia derivada del coronavirus ha expuesto y exacerbado muchas desigualdades a nivel mundial y ha expuesto a millones de personas a un mayor riesgo de ser objeto de trata. Las acciones de respuesta a COVID-19 deben incorporar claros esfuerzos para aumentar la capacidad de respuesta de las instituciones de servicios esenciales para la prevención y detección de la trata, y la atención a los sobrevivientes.
*Anne-Marie Urban, especialista Líder en Desarrollo Social en la División de Género y Diversidad del BID.
Verónica Tejerina, especialista en desarrollo social de la División de Género y Diversidad del BID y sus investigaciones, proyectos y trabajo se centran en diversos temas de pueblos indígenas y género.
María Caridad Araujo, Jefa de la División de Género y Diversidad del BID, donde lidera los esfuerzos para mejorar el acceso a servicios de calidad, oportunidades económicas y fortalecer la voz y representación de mujeres, pueblos indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad y LGBTQ. + comunidad.
Artículo publicado en IADB
