Los países de esta región incluyen Camerún, la República Centroafricana (RCA), la República Democrática del Congo (RDC), la República del Congo y Ruanda.
Solo cuatro de ellos representan más de 7 millones de desplazados internos. En la parte superior de la lista, solo la República Democrática del Congo alberga más de 5,5 millones
La principal causa de estas altas cifras es el conflicto, tanto nacional como internacional. Los conflictos han atormentado a la región durante décadas.
Por ejemplo, los conflictos armados prolongados y las rebeliones en la República Democrática del Congo y la República Centroafricana han contribuido a la inestabilidad de la región, con graves efectos en sus vecinos, algunos de los cuales han estado directamente involucrados en los conflictos.
Además, el grupo islamista militante Boko Haram se ha convertido en una gran amenaza en África Central. Y Burundi se enfrenta a una persistente tensión política y violencia.
La crisis de desplazamiento interno se ve impulsada además por los desastres naturales, como las inundaciones.
Las personas desplazadas son un grupo altamente vulnerable. Se ven obligados a vivir en campamentos hacinados e insalubres. También huyen de la violencia y están rodeados de situaciones de lucha activa. Por ejemplo, en febrero de 2022, en el campo de Plaine Savo (RDC), un grupo de milicianos mató a más de 60 civiles.
En todo el mundo, la gestión de los desplazados internos puede ser un desafío. Requiere recursos (por ejemplo, alimentos y tiendas de campaña) y voluntad política.
Como académico con experiencia en la promoción y protección legal de los derechos de las personas “en movimiento” en África, argumento que la adopción de un protocolo regional específico podría facilitar la gestión de las personas desplazadas en la región. Un protocolo es un instrumento que crea obligaciones legalmente vinculantes al derecho internacional.
En este caso, el protocolo, entre otras cosas, obligaría legalmente a los países a respetar no solo las nuevas disposiciones contenidas en él, sino también las disposiciones de la Convención de Kampala. Este es un tratado continental que la Unión Africana (UA) adoptó en 2009 para proteger y asistir a los desplazados internos en África.
El mecanismo de aplicación establecido en el protocolo debería complementar y ayudar a hacer cumplir las disposiciones de la Convención de Kampala.
La Convención de Kampala
La Convención de Kampala proporciona soluciones para el retorno, la reubicación o el reasentamiento de los desplazados internos. También prevé que las personas desplazadas busquen reparación por las pérdidas de viviendas, tierras y propiedades. También se incluyen los daños físicos, mentales y de otro tipo.
Pero no está claro si estos servicios son accesibles en la práctica. El problema es que la Convención de Kampala es para todo el continente y carece de mecanismos claros de aplicación.
La región de África Central tiene un problema masivo con las personas desplazadas. Actualmente, el principal actor para brindar asistencia en la región es la agencia de la ONU para los refugiados – ACNUR. Y su presupuesto regional para 2023 ya parecía insuficiente a fines de octubre de 2022, repitiendo un patrón observado en los últimos tres años.
Un tratado o protocolo subregional podría enfocarse en esta situación específica y crear un mejor plan de manejo. No existe un régimen subregional para los desplazados internos en ninguna parte de África. Los países se están enfocando en otros problemas o consideran que la difícil situación de las personas desplazadas es un asunto interno.
Lo que debería decir
El protocolo debe incluir una serie de artículos dedicados a la aplicación estricta de las disposiciones de la Convención de Kampala. Para ello, debería crear una institución que supervise y garantice la implementación de la Convención de Kampala específicamente para la región centroafricana.
Por ejemplo, la convención de Kampala establece que, si bien los estados tienen el deber y la responsabilidad primordiales de brindar asistencia y protección a las personas desplazadas internamente dentro de su territorio, deben cooperar entre sí para hacerlo. La institución propuesta debe garantizar que los estados de la subregión compartan la carga financiera y material de gestionar las situaciones de desplazamiento.
Quien debe conducirlo
La redacción de dicho protocolo requiere un gran esfuerzo y la fuerte voluntad política de la Comunidad Económica de los Estados de África Central (CEEAC), integrada por 11 países.
La comunidad regional debe liderar el protocolo. Es más fácil que 11 actores de la región lleguen a un acuerdo que incluir a 55 miembros de la UA en las discusiones. Por ejemplo, a nivel continental, las discusiones sobre la libre circulación de personas que comenzaron en 1991 todavía continúan. Solo cuatro países han ratificado el Tratado de Libre Circulación de 2018. Por el contrario, en el área de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO), existe un Protocolo sobre la libre circulación desde 1979, y se ha implementado en su mayor parte.
El protocolo podría entrar en vigor después de la ratificación por varios miembros de ECCAS y podría crearse un “comité” de políticos y magistrados para hacer cumplir sus disposiciones.
Este comité tendría la responsabilidad principal de hacer cumplir el protocolo.
La financiación de las actividades del protocolo debe provenir de la Comisión ECCAS, que es financiada por sus países miembros. Los países miembros deben convertir las conversaciones sobre solidaridad regional en obligaciones sólidas. Estos incluyen compromisos financieros y asistencia. Podría crearse un fondo especial para ayudar a los desplazados internos.
Esta no es una sugerencia descabellada. Recientemente, las búsquedas de solidaridad y responsabilidad compartida han ocupado un lugar destacado en las agendas políticas, especialmente después de las emergencias provocadas por la tensión política en varios países de ECCAS. La RDC, por ejemplo, se adhirió a la Convención de Kampala solo el 3 de febrero de 2022, el día después del asesinato en Plaine Savo.
*Cristiano D’Orsi es investigador sénior y profesor de la Cátedra de Investigación de Sudáfrica en Derecho Internacional (SARCIL), Universidad de Johannesburgo
Artículo publicado originalmente en The Conversation
Foto de portada: Decenas de desplazados se reúnen junto a la valla de la base de la MONUSCO en la República Democrática del Congo. Alexis Huguet/AFP vía Getty Images
